El PRO en el poder ya preparó todo para defender su industria preferida, la de la construcción especulativa, vaciando el sistema de protección del patrimonio, debilucho como era. A fin de año, Cristian Ritondo armó un escándalo tan penoso para dejar sin renovar la ley 2548 que terminaron con un feo amparo. Ya en el verano llamó la atención que el gobierno porteño no apelara la medida cautelar, un evidente cálculo político. Se ve que no quisieron contar más con las “habilidades” de Ritondo y fueron por atrás para golpear en el centro exacto del sistema, esa institución tan tímida llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.
El CAAP era un sello de goma al que se echó mano para sacar de la ventanilla pura y simple los trámites para demoler el patrimonio. Lleno de funcionarios amigos de la industria –los del Ministerio de Desarrollo Urbano, los del disciplinado a los gritos Ministerio de Cultura, los de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura– y de no-gubernamentales orgánicos, el Consejo nunca fue demasiado peligroso para los intereses especulativos. Pero jorobaba y, para peor, a comienzos del año pasado apareció Mónica Capano ocupando el asiento de otro sello de goma, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño. Capano se tomó en serio el nombre de su entidad y entendió que su deber era defender el patrimonio histórico cultural de la ciudad, no los negocios inmobiliarios. Perdió muchas, ganó algunas, pero hizo algo imperdonable: ventiló la información de lo que pasaba.
Curiosamente, nadie se había molestado en hacer esto. La Legislatura tiene dos representantes, pero nunca pide informes, copias de las actas, nada. Los privados no tienen ningún interés en pelearse con nadie. Y los del Ejecutivo acatan y acallan. Capano vio tantas irregularidades, tantas faltas a los deberes de funcionarios públicos, tantas cosas que deberían investigarse juez en mano, que se transformó en un peligro. Por ejemplo, fue ella quien denunció los “barridos” que permitían compilar listas de terrenos a despejar. Y que señaló las “reconsideraciones”, el nuevo peaje por el cual uno puede pedir que le reconsideren una recomendación de catalogación para poder demoler. Los actos públicos se pueden reconsiderar, pero por vía administrativa...
Así fue que la echaron con una maniobra, poniendo nuevas autoridades mansitas y seguras. La macrista Lía Rueda preparó una ley cambiando jefatura y vocales, que presentó de noche y con la firma sorprendente de Ariel Basteiro y Julio Raffo, de Proyecto Sur (ya los cargan de “minibloque” con el nombre de PROyecto Sur). La ley apareció sobre tablas, sin pasar por comisiones, la sesión fue un escándalo, pero se logró que Capano se quedara afuera.
Lo notable del asunto fue que la cosa no quedó ahí. Los apoyos a la eyectada se apilan y apilan, las ONG percibieron que el macrismo va por todo y están coordinándose, todo el mundo entendió y se preocupó. Es un cambio político enorme respecto del patrimonio, algo que hace cinco o seis años era ciencia ficción. El PRO va a defender los negocios del patrón –Mauricio Macri es ingeniero civil y su único conchabo conocido fue en la empresa familiar de construcciones– pero va a pagar cada vez más costos.
Sus aliados ya los están pagando, con acusaciones de todos lados y sin una defensa coherente. Una asesora de Raffo, Elba, difundió por mail su versión, con errores materiales como que Capano tenía el mandato vencido desde hacía más de un año –eran seis meses y eso no obsta explícitamente para que siga en funciones– y cosas cuestionables como que consultaron al kirchnerismo en la Legislatura que “no nos dio bolilla”. Eso es desmentido unánimemente por el kirchnerismo, pero hasta si fuera cierto no es automático que uno entonces le vota al candidato macrista y hasta le firma el proyecto de ley, ¿no?
Chicanas aparte, una idea de lo que se viene se pudo ver este miércoles en el Centro para la Cooperación, que ofreció una sala para que las ONG patrimonialistas se reunieran para ver qué hacer. La sala quedó diminuta para el gentío que vino, vecinos de todos lados, organizaciones de toda la ciudad, todos indignados. Las adhesiones llovían, desde la del senador Daniel Filmus a la de la diputada Mara Brawer, las porteñas Susana Rinaldi, María José Lubertino y Gabriela Cerruti, Tito Nenna, el bloque entero del kirchnerismo en la Legislatura (el mismo que no daba bolilla), Pablo Bergel (que honorablemente ya se había disculpado por su bloque), Delia Bisuti, comuneros incontables, el defensor del Pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado, el grupo Carta Abierta, el historiador Milcíades Peña, los arquitectos Jaime Sorín, Maiqui y Pedro Kesselman, el ambientalista Manuel Ludueña, la especialista legal en patrimonio Ana María Bóscolo y siguen las firmas.
Capano, invitada de honor, explicó cómo malfunciona el CAAP y mostró una deprimente antología de tropelías. Por ejemplo, mostrando casas en impecable estado cuya demolición fue defendida por la directora de Patrimonio de esta Ciudad, Liliana Barela, representante del Ministerio de Cultura. También mostró edificios imperdibles, como la esquina de Güemes y Coronel Díaz, furiosamente atacadas por el representante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo David Kuliok. Y dio un ejemplo espectacular del currete de las reconsideraciones.
Resulta que en Zapiola 2309 de esta ciudad hay una casa eduardiana con jardín en estado original y de valor ya paradigmático. Su dueño es un señor mayor que quiso venderla y el 22 de noviembre de 2011 los compradores potenciales se encontraron con que no, con que la casa es tan pero tan valiosa que hasta el CAAP se negaba a dejar destruirla. Los compradores no arrugaron y pidieron una reconsideración, que fue rechazada el 8 de mayo de este año. Y ahí pasa algo notable: el secretario de Planeamiento, Daniel Lostri y el jefe del CAAP, el director general Antonio Ledesma, envían una carta firmada al Consejo pidiendo una segunda reconsideración. El argumento es inolvidable: el anciano dueño no puede ya subir los tres escalones de la puerta y por eso la casa debe ser demolida.
Ledesma, de paso sea dicho, mantiene costumbres raras como jamás ir a las reuniones del CAAP pero aparecer firmando las actas, y resolviendo los empates a solas y sin testigos en su despacho.
Luego se habló de qué hacer y la idea fue crear una coordinadora para hacer denuncias y aunar esfuerzos para frenar la destrucción y el negocio. Se recordó que con mucho menos se pararon las torres en amplias zonas de la ciudad, y también que ahora hay comunas. Seis comuneros estaban en la reunión y, viniendo de partidos diferentes, se ofrecieron a trabajar con los vecinos. Un primer paso será introducir el tema en los consejos consultivos y crearles comisiones de patrimonio.
El gran problema es la falta de información que habrá ahora que Capano queda afuera del CAAP. Y esto sólo lo puede resolver un diputado que exija a los dos representantes de la Legislatura que le entreguen copias de las actas. Ni hace falta contar con la presidenta de ambas comisiones representadas porque, como explica Facundo de Almeida en su columna, la diputada es de Planeamiento Urbano... ¿Algún voluntario/a?
Por el convento
Quien quiera saber qué pasará ahora que el CAAP se cierra y tienen nuevos miembros como el especialista en administración de negocios inmobiliarios Juan Urgell, representante del lobby de las constructoras más conocido como Consejo Profesional en Arquitectura y Urbanismo, puede pasar por la esquina cara de Libertad y Paraguay. En ese cruce hay una plaza y dos torres, con lo que la mirada debe dirigirse al edificio que ofende al especulador por ser pequeño. En este caso, se trata del convento de Las Victorias, una rara avis neogótica.
El bonito edificio forma un conjunto que arranca por Libertad 870 con la capilla del convento, toma la esquina con el claustro en sí, dobla por Paraguay con la iglesia parroquial y termina bien pasada la mitad de cuadra con el edificio de Cáritas. Como se aprecia en las fotos, el conjunto está entero y tiene muchos años por delante.
Y, cosa muy importante, el convento tiene una catalogación estructural.
Pues nada de esto importa, porque ahí se hará ahora una torre de oficinas con tres niveles de cocheras, descartando hasta una ley de catalogación en firme. El truco consiste en alegar demencia y afirmar que la catalogación es apenas para el convento en sí, cosa de demoler la capilla sin miramientos. Ahí arranca la torre, que de alguna manera se doblará por encima del convento ocupando casi todo su espacio aéreo. El bodrio visual es previsible, pero también implica destripar el edificio original para erigir los duros hormigones que sostengan esta delicia.
Los vecinos denunciaron que el edificio fue vaciado de sus mobiliarios. Esta semana se supo dónde están: en el remate de Verga Hermanos, la famosa casa de mudanzas que ahora también hace ventas. Muebles, cuadros, oratorios, candelabros y demás piezas viejas del convento fueron vendidas esta mañana.
Las obras parecen inminentes y ahí podrá verse con qué expediente legal se harán. Como es imposible deshacer una catalogación por ley sin una descatalogación por ley –ya le gustaría a Macri poder hacerlo por decreto–, este suplemento se anima a un poco de Texas Open: no habrá número de expediente sino algo así como “nota” o “carpeta”, el nombre elegante de las excepciones, que ahora llegan hasta a vulnerar lo votado por los diputados porteños.
El convento, con la capilla apenas visible a la izquierda. La torre se va a alzar por la izquierda y doblarse por encima de su techo.
pagina12
El ministro Alberto Sileoni participó en las jornadas por la inclusión educativa.
