“Un chico encerrado en un depósito”

Internación de niños en instituciones psiquiátricas porteñas

A partir de sus denuncias sobre situaciones que se habrían registrado en el Hospital Tobar García y en establecimientos privados, la asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires formula observaciones inquietantes sobre las condiciones de internación en salud mental de niños, niñas y adolescentes bajo la administración del gobierno de Mauricio Macri.

Por Laura Musa *

En el artículo “El Tobar García no es un manicomio”, publicado el jueves 9 de febrero en este diario, el doctor Eduardo Diego Friedman, jefe de la sección Psiquiatría y Psicofarmacología del Hospital Infanto Juvenil Doctora Carolina Tobar García (GCBA), afirmó que la Asesoría General Tutelar dio por válida la respuesta que el referido hospital remitió a este organismo respecto de las “contenciones físicas” de los niños y jóvenes internados.

Nos vemos en la obligación de señalar que la respuesta a la que hace referencia el profesional no fue dada por válida, como equivocadamente indica, ni el trámite se agotó allí. La cuestión se originó cuando, en 2011, integrantes del equipo de Salud Mental de esta Asesoría, en una visita al Hospital Tobar García, tomaron conocimiento de la situación de un chico de 11 años allí internado, que había estado “contenido físicamente” (inmovilizado mediante ataduras), sin que hubiera una indicación consignada en la historia clínica. El informe con que ese hospital respondió a nuestro requerimiento no daba, a nuestro criterio, contestación cabal al mismo. Por eso, elevamos la respuesta recibida a la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad, con el fin de que la autoridad de aplicación de la Ley 448 se expidiera respecto de la validez del informe remitido por el hospital. Hasta el momento, no obtuvimos respuesta y, en consecuencia, desconocemos si en la Ciudad de Buenos Aires se implementa un protocolo que regule las contenciones físicas.

Otra situación que motivó una causa penal fue la denuncia que recibimos el año pasado sobre un chico que habría sido encerrado en un cuarto, utilizado como depósito, que no tenía picaporte del lado de adentro. Efectivamente, constatamos la existencia de ese cuarto, el registro de ese niño como internado y constatamos también que lo sucedido había sido consignado en la historia clínica. Ese registro, sin embargo, no había dado lugar a ninguna investigación. Inmediatamente efectuamos una denuncia penal y sólo después de esto abrieron un sumario administrativo.

Por otra parte, a ese escenario debe sumarse las prolongadísimas internaciones innecesarias que se producen en los hospitales monovalentes de salud mental con los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad psicosocial, quienes permanecen en el hospital a pesar del alta de internación. Esa práctica, declarada ilegal por la Justicia de la CABA en la causa Nº 20384/10 del 21 de diciembre de 2010, produce la iatrogenia que todo encierro innecesario provoca y lesiona indiscutiblemente los derechos de esos niños y niñas.

Esta situación afecta principalmente a chicos y chicas en situación de pobreza que, previo a la internación, están en situación de calle o internados en instituciones de albergue. Por no implementarse adecuados recursos que fortalezcan a sus familias, son derivados a establecimientos privados, eufemísticamente llamados “hogares”, contratados por el Gobierno de la Ciudad, que les paga elevadas cápitas. La pobreza, aun cuando no sea la única, es la variable común a todas esas institucionalizaciones. Una vez allí, distintas manifestaciones de los niños tales como trastorno del control de los impulsos, desorganización de la conducta, baja tolerancia a la frustración son traducidas como diagnósticos psicopatológicos y derivados para su internación en hospitales psiquiátricos. La internación configura una nueva marca y se constituye en un “motivo” usado por las instituciones convivenciales para rechazar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de alta hospitalaria y no puedan regresar con sus familias o referentes afectivos. Las instituciones suelen fundar sus negativas en el hecho de que, según alegan, las personas evaluadas “no cumplen con el perfil institucional”.

Esta circunstancia provoca la prolongación innecesaria de las internaciones de las personas menores de edad, lo que motivó que el Ministerio Público Tutelar iniciara en primer lugar acciones de amparo destinadas a que el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA brindara los recursos adecuados para efectivizar las externaciones. En simultáneo y a fin de denunciar la privación ilegítima de la libertad en la que estaban esos niños, iniciamos una acción de hábeas corpus en el marco de la cual se declaró ilegítima la práctica sistemática llevada a cabo por el GCBA y se lo condenó a la creación de dispositivos que –en cumplimiento de tratados internacionales y leyes nacionales y locales– hicieran cesar las graves vulneraciones de derechos humanos que esa práctica conlleva. Sin embargo, todavía hay unos diez niños en esas condiciones en los hospitales porteños, lo cual pone en evidencia la falta de dispositivos para tratamiento ambulatorio, acompañantes terapéuticos, casas de medio camino, hospitales de día.

Del mismo modo, en los hospitales Borda y Moyano existe una gran cantidad de pacientes que permanecen internados durante décadas, pese a haber tenido, en algún momento de su vida, el alta hospitalaria. La inexistencia de dispositivos que promovieran las externaciones hizo que se los “protegiera” y se los mantengan en esos hospitales como “pacientes sociales”.

También en otras instituciones –de carácter privado, contratadas por la Dirección General de Salud Mental del GCBA– se han verificado “contenciones físicas”, es decir, pacientes inmovilizados mediante ataduras, sin indicación profesional y sin registro. Esto motivó la intimación al Gobierno de la Ciudad que culminó con la decisión de la Administración de trasladar a todas las personas allí alojadas, además de la cancelación de la inscripción de uno de esos establecimientos en el Registro de ONG del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, otras dos instituciones privadas, severamente cuestionadas por los propios equipos de la Dirección General de Salud Mental, debido a los altos niveles de medicalización, aún mantienen sus convenios con el GCBA, a pesar de que la anterior gestión de la referida dirección informó a esta Asesoría la decisión de rescindir los contratos con esas prestadoras, debido a las irregularidades constatadas.

En este contexto, los sistemas de control se tornan indispensables. Sin embargo, la Dirección General de Salud Mental porteña, con el pretexto de optimizar las respuestas y la debida atención a los/as asesores/as tutelares, suscribió el Memorándum Nº 1.927.071/11, que cercena la función constitucional de este Ministerio Público y obstaculiza el cumplimiento del deber de denuncia de los equipos de salud, al ordenar a los directores de los hospitales sumariar a los empleados que respondan preguntas de este organismo. La ley nos obliga a ejercer funciones de control y las autoridades de las diferentes áreas deberían pensar nuestra intervención como parte de los mecanismos de control dispuestos legalmente para preservar los derechos y las garantías de las personas internadas. Esto se ve obstaculizado por la circular que pretende impedir a este organismo de control acceder a información en los hospitales públicos, especialmente en los monovalentes. Lo cual plantea una seria dificultad para corroborar el estado de los derechos humanos de las personas en los lugares de internación en salud mental en la ciudad. (N. de la R.: Página/12 informó sobre este conflicto en su edición del 20 de noviembre de 2011.)

La creación e implementación de una política pública integral en materia de salud mental y adicciones respetuosa de los estándares normativos devienen imperiosas en la Ciudad de Buenos Aires. Sólo así se lograrán articular las distintas áreas de gobierno implicadas: principalmente Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Vivienda, Educación.

El aislamiento e incomunicación entre las distintas áreas gubernamentales y la proliferación de efímeros programas –focalizados y desfinanciados– atentan contra un abordaje universal como verdadera política de atención en salud mental.

La Ley de Salud Mental define diferentes niveles de responsabilidades cuyos obligados, claro está, no son únicamente los/as profesionales de la salud, en tanto es imposible que un/a agente del sistema sanitario cargue sobre sus hombros con las múltiples responsabilidades estatales que se encuentran involucradas en las complejas situaciones que vivencian las personas afectadas en su salud mental.

Los numerosos “pacientes sociales” son la escandalosa muestra de la falencia en la externación asistida de personas que no deberían estar internadas.

Es claro que la creación de los dispositivos necesarios para un abordaje no manicomial de la salud mental requiere, como es lógico, partidas presupuestarias suficientes. En este sentido, urge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedique efectivamente presupuesto a la salud mental, tal como lo dispone la Ley Nº 26.657.

El padecimiento psíquico de los niños y las niñas demanda una transformación del sistema de salud a partir de un modelo que priorice la atención comunitaria, que tienda a evitar la medicalización, las contenciones físicas, la estigmatización, y asegure la erradicación de las internaciones innecesarias de los niños/as con mayor nivel de vulnerabilidad psicosocial. Ese complejo proceso requiere de decisiones políticas, pero también del involucramiento de los equipos de salud y de los operadores judiciales para repensar roles y prácticas que contribuyan a ese cambio.

* Asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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Durán Barba te observa

La Justicia sigue con la causa de la campaña sucia

Los investigadores hallaron datos personales de vecinos de la ciudad que serían o fueron objeto de trabajo quirúrgico por parte del grupo Durán Barba, a pesar de la Ley de Hábeas Data.

Por Martín Granovsky

Tras la miniferia de Carnaval, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría sigue teniendo en sus manos la causa por la campaña sucia en las elecciones para la Jefatura de Gobierno porteña, donde la semana pasada hubo tres ausentes a indagatoria: Jaime Durán Barba, responsable del grupo de trabajos quirúrgicos, Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, los dos últimos socios y miembros del mismo grupo que trabajó al servicio de Mauricio Macri.

Una duda en el análisis judicial es en qué medida el grupo Durán Barba pudo haber intentado cometer o cometido delitos que violen la Ley 25.326, de Hábeas Data.

Este diario pudo saber que los investigadores judiciales tienen documentación en sus manos según la que las empresas del grupo elevaron propuestas tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer lo que llaman “microtargeting de gestión”. Se trataría de un modo de facilitar que el gobierno de Macri consiga información precisa y acumulativa sobre los ciudadanos del distrito.

Al Ministerio de Seguridad el grupo de tareas de Durán Barba le ofreció un trabajo de radiografía para los cuatro barrios de la comuna 12, que integran Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan.

La propuesta consiste en personalizar el trabajo sobre los vecinos, con nombre y apellido. Según confió un investigador que pidió reserva de su identidad, uno de los documentos incautados tiene archivos anexos en los que señala que hay 53 mil hogares y sugiere refinar el universo uno a uno para que los vecinos puedan ser agrupados y analizados.

El trabajo quirúrgico ya fue desplegado por el grupo Durán Barba. Una base de datos señala la identificación de los vecinos con apellido y nombre, dirección y número de teléfono. Según la información, uno de los grupos recibe el nombre de Datos Alto Riesgo. Otro grupo está integrado por 1619 personas. Se llama Datos Sensibles. El tercero está integrado por 2399 personas. El nombre es Datos Aliados Potenciales.

La Ley de Hábeas Data dice que “tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional”.

El párrafo de la Constitución aludido por la ley dice: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos”. Aclara la Constitución: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. La Ley de Hábeas Data también recoge esa prohibición: “En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas”.

La legislación utiliza la palabra “datos” y aporta definiciones. Datos Personales se refiere a “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”.

Datos Sensibles es un concepto que, en la ley, tiene relación con “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.

El artículo 5º de la ley dice que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”.

Tal como informó este diario el domingo 12 de febrero, una oferta de la empresa Connectic SRL hablaba de la utilidad de contratar sus servicios, que ella misma denominaba “quirúrgicos”, o sea vinculados con el mundo de las operaciones. En ese caso el servicio ofrecido era la identificación de vecinos y no sólo un trabajo de persuasión sobre ellos, sino la chance de convertir a una parte en dirigentes intermedios con llegada a sitios donde el contratante, suponía Connectic, no podía llegar.

Connectic es una de las empresas del grupo Durán Barba. Las otras son Tag Continental, Tag Continental LLC, Opinión Confidencial SRL y Call and Contact Center SRL.

Como también saben los lectores de Página/12, Durán Barba, Lugones, Garat y otros directivos firmaron un acuerdo de confidencialidad y no competencia para coordinar tareas que denominan de encuesta con tareas que denominan de call center.

En la campaña para la jefatura de Gobierno, el senador Daniel Filmus, candidato por el oficialismo nacional, se ofuscó cuando fue informado de que electores recibían una pregunta sobre qué opinarían si se confirmaba que el padre del senador, Salomón Filmus, era socio de Sergio Schoklender. La falsa pregunta presuponía que Filmus padre es arquitecto, dato tan erróneo como la existencia de una sociedad con Schoklender.

La ofuscación se transformó en denuncia judicial y la denuncia hizo que la Justicia federal requisara materiales en oficinas situadas en Libertad 1240, una de las sedes operativas del grupo Durán Barba. Entre los materiales se encontró audio y texto de preguntas falsas y afirmaciones apócrifas dirigidas a los electores porteños.

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La vida de los otros

Miles de cámaras de video conectadas a Internet transmiten en vivo sin que sus dueños lo sepan

Un hacker descubrió que miles de cámaras de seguridad hogareñas de la marca Trendnet podían ser observadas por Internet sin necesidad de tener una clave. Son unas cincuenta mil en todo el mundo, incluso en Argentina.

Por Mariano Blejman

 

Miles de usuarios en todo el mundo tienen sus cámaras conectadas a Internet sin saber que éstas están transmitiendo sus imágenes a la web.

Un joven atiende un comercio en Rafaela, Santa Fe. Se toma su tiempo para ordenar la caja de un artefacto electrónico. La puerta del local está abierta, entra y sale gente todo el tiempo. Del otro lado del vidrio pasan autos que hacen una sombra intermitente.

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¿Nunca tuvo la sensación de que lo estaban mirando? Bueno, puede que sí, que lo estén mirando si tiene una de las cincuenta mil cámaras repartidas por el mundo que, por un error técnico, permiten ver qué hacen personas comunes y corrientes de manera pública. No se trata de una nueva versión de Sliver, invasión a la intimidad, aquella película que protagonizaba Sharon Stone y William Baldwin a comienzos de los ’90, en la que el personaje central cableaba el edificio con cámaras de video y grababa lo que hacían sus vecinos. Ni es tampoco una pieza literaria inspirada en 1984, de George Orwell, que ejercía un efecto normalizador en una sociedad de control. Se trata de cámaras de seguridad hogareñas, de esas que se compran para instalar en un maxikiosco, en la entrada de una casa o en su sistema de alarma interior, en el palier de un edificio, en el hall de una institución académica o incluso para cuidar a los bebés desde la distancia mientras duermen plácidamente en la pieza de al lado. A diferencia de los sistemas cerrados antiguos, estas cámaras están conectadas a Internet y, por lo tanto, tienen una “dirección” y se pueden “visitar”.
Era obvio que en algún momento esto iba a pasar: que la interconexión de la vida cotidiana iba a terminar en un descalabro de los derechos a la intimidad más básicos, y que cualquiera puede quedar encerrado en un esquema que puede ser de espionaje: basta con comprarse una de las cincuenta mil camaritas Trendnet que en estos momentos podrían estar transmitiendo las imágenes hacia el mundo sin que sus dueños lo sepan. Página/12 pudo saber que varias de las cámaras “libres” están funcionando en territorio argentino. Entre ellas se pueden ver oficinas de bomberos, salas de espera, lavanderías, negocios de electrónica, almacenes, patios, sótanos, puertas, ventanas, patios, escaleras, entradas, salidas y más patios. Son cámaras fijas, sin sonido, representando la vida real.
El 10 de enero de 2012, en el blog de Console Cowboys se publicó un artículo que mostraba que miles de cámaras Trendnet conectadas a Internet (que se venden en Mercado Libre por 150 dólares) tenían un problema de seguridad que permitía a cualquier usuario mirar esas cámaras en tiempo real, sin necesidad de usar una clave por la web. Rápidamente, las direcciones que tenían esas cámaras se hicieron públicas en los foros más populares de la cultura hacker y el asunto llegó al sitio The Verge. Así, finalmente, la información fue publicada en el servicio de noticias de la BBC londinense. Pero mientras lo hacía conocer en su blog, el hacker le había avisado al fabricante y había subido una serie de imágenes recogidas públicamente desde la web para alertar sobre el problema. La empresa tardó en reaccionar, trabajó en la corrección del “error” del código que había sido desarrollado en 2010: estas miles de cámaras transmiten públicamente desde hace casi dos años y ¿nadie? lo sabía.
El hallazgo abre una vez más el debate sobre la invasión a la privacidad de las tecnologías de conexión, en un contexto en el que compartirlo todo va de lleno con la cultura Facebook. “Este error permite recolectar información en grandes volúmenes. Sin embargo, no sirve demasiado para fines específicos. La posibilidad de utilizar esta información para motivos concretos es bastante discutible cuando se trata de lugares públicos que son en su mayoría los casos encontrados. Donde sí puede ser peligroso es en aquellas cámaras que filman el interior de las casas y muestran personas viendo la televisión o cocinando”, cuenta Felipe Lerena, hacker y activista del software libre, quien asesoró a Página/12 para este artículo.

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Un anciano mira televisión en Birmingham. En Hong Kong, un hombre le da de comer a su hijo mientras también mira la televisión. En una bella casa de Connecticut un niño duerme en su cuna y es visto desde el aire por una especie de ojo de águila. Desde una puerta de un edificio en Barcelona, se observa una noche fría. En Arequipa, un joven se sienta a escuchar una clase, pero no queda muy claro qué está aprendiendo (pareciera ser un curso de manejo). Un hombre observa la pantalla de su computadora en Cranford. A decir verdad, los enfoques de las cámaras abiertas al público que en estos momentos transmiten por Internet son bastante poco cinematográficos. Parecen más bien cuentos de Raymond Carver.

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Durante la primera semana de febrero, la empresa Trendnet envió un correo alertando sobre la falla a aquellos usuarios que habían registrado sus cámaras. Pero la cantidad de registrados no supera el cinco por ciento de los productos en el mercado. Según le dijo Zak Wood, director global de marketing de la empresa a BBC se habían encontrado 26 modelos vulnerables, y en siete de ellos ya se había realizado el testeo y se publicó una actualización del firmware, que es el software que viene de fábrica en el artefacto. “Pareciera haber sido un problema de la supervisión del código”, dijo Wood ascético. Es decir, un error humano de implicancia planetaria. El descubrimiento que hizo el autor que “desnuda” esta situación encontró que siguiendo una serie de pasos específicos se podía acceder a la transmisión en vivo. Luego bastaba conocer qué aparatos estaban conectados a Internet con esa cámara asociada y escribir el número IP (Internet Protocol) junto a una secuencia de 15 caracteres. Para hacer la búsqueda de cámaras Trendnet se usó el buscador Shodan, que se especializa en encontrar artefactos: así como Google busca información, éste lo hace con aparatos conectados. De allí a localizarlos en un mapa de Google hay un paso que cualquier programador con mínimos conocimientos puede realizar en unos minutos.
El creador del blogspot Consoles Cowboy, que suele encontrar éste y otro tipo de agujeros en cualquier artefacto o sistema disponible, contó que se compró una cámara Trendnet deseoso de participar de ese mundo en el que cualquier persona puede transmitir su vida filmada desde su web. El autor eligió el modelo TVIP110w, actualizó el firmware (como se dijo antes, el software que viene incorporado en la máquina) y luego de analizar el sistema comprendió que podía poner un enlace en un navegador para ver su cámara en tiempo real sin clave, sin usuario, transmitiendo en vivo para todos. Primero pensó que era un problema suyo: pero el resto de las configuraciones de seguridad estaban correctas. Entonces, el autor decidió probar si podía encontrar otra cámara conectada a Internet de la misma marca a través del sitio Shodan, una plataforma para buscar aparatos. Encontró rápidamente unos 9500 resultados (ver recuadro “Cómo se hizo el descubrimiento”). Y empezó el show.

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En Bucaramanga, Colombia, un grupo de técnicos repara computadoras como si fuera una operación a corazón abierto. En el gimnasio de Granite Falls en Estados Unidos, a unos kilómetros de Minneapolis, hay un solo deportista usando la bicicleta: el resto de los aparatos está vacío. Una mujer adulta de Swiff Current, Canadá, en camisola, prepara el desayuno, un hombre de la misma edad pasa por detrás con un café en la mano. Una escena familiar, de ésas que abundan en cada casa del planeta. Y, en general, el plano fijo en picada dista de generar tensión dramática.

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No deja de ser simpático que el slogan publicitario de la empresa sea “redes en las que la gente confía” (networks people trust, en inglés). La solución inicial que ofreció Trendnet fue actualizar el programa que viene incorporado a la cámara y subirlo a su web el 7 de febrero: pero el asunto era cómo contárselo a miles de usuarios esparcidos por el mundo y avisarles también a los distribuidores, los vendedores y hacerlo sin que se note demasiado. Pero ese mismo día, la BBC publicó un artículo alertando a los usuarios londinenses –al fin y al cabo la ciudad más filmada del planeta– sobre el agujero de seguridad. Lo que da a entender Trendnet en el primer comunicado es que ellos no sabían del error y que se enteraron “por Internet” de lo que estaba ocurriendo. “Inmediatamente tomamos acciones para cuantificar el problema, iniciar acciones correctivas y publicamos una actualización que resuelve el error.” La empresa confirmó que se trataba de cámaras compradas entre abril de 2010 y febrero de 2012. La gran mayoría de estos modelos se venden en Argentina.
El 14 de febrero, cuando el escándalo crecía y los hackers ya comenzaban a publicar listas de direcciones de cámaras que transmiten en vivo por todos lados, Pei Huang, presidente y CEO de Trendnet, escribió una carta a sus clientes, que tiene algo de olor a despedida. “Trendnet produjo redes de hardware de alta calidad durante 22 años, y fuimos unos de los primeros en lanzar cámaras IP hace una década. Desarrollamos redes seguras y confiables a precios razonables”, escribió Huang. “Tardamos tres semanas en liberar nuevos firmwares, se reemplazaron los envíos, se avisó a los socios para que avisen a sus clientes y se contactaron 300 proveedores de Internet a nivel mundial. Trabajaremos honestamente para recuperar su confianza.” El cuartel central de la empresa está en Torrance, California, pero tiene oficinas en Europa, Centroamérica, Sudamérica y Asia y vende productos en 125 países. Seguramente usarán sus propias cámaras, sería interesante ver lo que está pasando en esas oficinas en este instante.

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Las escuelas siempre pueden esperar

De los 31 edificios escolares que debía construir Macri con la venta de Catalinas, sólo uno está terminado

Un informe elaborado en la Legislatura porteña determinó que con los casi 400 millones de pesos de los terrenos de Catalinas Norte, el gobierno de Macri sólo hizo una escuela. El plan era hacer 31. A punto de empezar las clases, 12 ni siquiera fueron iniciadas.

Por Werner Pertot

Moreno 330, en el microcentro de la ciudad, donde debía estar terminado el Museo de las Escuelas, un edificio en ruinas.

La venta de los terrenos públicos de Catalinas Norte que impulsó Mauricio Macri dejó un capital de 386 millones de pesos. Esa operación inmobiliaria, que fue aprobada hace más de dos años por la Legislatura, tenía como condición que el dinero se destinara a las escuelas (y sólo a las escuelas). La legisladora ibarrista María Elena Naddeo hizo un relevamiento de las 31 escuelas que debían construirse o repararse con esos fondos y descubrió que sólo una está terminada, cinco comenzaron hace poco, 12 ni siquiera se iniciaron y otras 13 presentan severos retrasos. Todas tenían cronogramas que se vencían a fines del año pasado. La diputada advirtió que citarán a la Legislatura al ministro de Educación, Esteban Bullrich, para que informe sobre las demoras –que en muchos casos tienen que ver con la falta de pago– y para que explique qué se hizo con los 386 millones, que por ley no podían ser derivados a otras áreas.

Según datos recabados por la Auditoría porteña del presupuesto, el dinero destinado a Infraestructura Escolar tuvo un descenso abrupto este año: pasó de 513 millones de pesos en 2011 a 293 millones este año (en 2010 fue de 441 millones). Esto se debe a que, como todavía siguen sin utilizarse los fondos de Catalinas Norte, en la gestión PRO no consideran necesario incrementar el presupuesto de infraestructura. “Hay un recorte importante en infraestructura escolar. La intención del ministerio parece ser la de restringir los fondos”, advirtió Naddeo. “La decisión política de Macri no es la de utilizar el presupuesto general de recursos, sino que descapitalizó la ciudad para volcarlo a infraestructura escolar”, sostuvo la diputada sobre el uso de los fondos de Catalinas.

Agarrate, Catalinas

En 2009, la discusión de la venta de tres terrenos que tenía el gobierno porteño en Catalinas Norte fue áspera. Sin embargo, finalmente el bloque macrista consiguió 42 votos para aprobar que se remataran las tres parcelas, por las que se preveía obtener cerca de 100 millones de dólares. Durante el debate, algunos legisladores de la oposición indicaron que las tasaciones eran tres veces menores que el precio del mercado. Los terrenos se fueron vendiendo durante 2010:

- El más grande fue comprado por el dueño del Malba y de Nordelta, Eduardo Costantini, por 181 millones de pesos.

- El segundo lo compró el grupo IRSA por 95 millones.

- El último se vendió en noviembre de 2010. El Grupo Macro, de Jorge Brito, se lo quedó por otros 110 millones de pesos.

En total, la venta dio como resultado 386 millones de pesos. El legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna cuestionó en ese momento la venta, dado que consideró que los terrenos fueron entregados a un precio mucho menor del que se cotizaba en el mercado. De todas formas, la ley que votó la Legislatura dejaba en claro que “los fondos producidos de la venta de los terrenos no podrán ser reasignados a otro destino que el establecido en la presente ley”, que era hacer “obras nuevas” en las escuelas. “Tuvimos que dar toda una discusión para que el Ejecutivo elaborara un plan de obras públicas. En 2009 no teníamos datos concretos de por qué se suspendían obras. Recién después de que se votó la venta de Catalinas, la Secretaría de Educación organizó este plan”, recordó Naddeo.

Haciendo tiempo

El equipo de asesores de la legisladora del Frente Progresista y Popular recorrió las 31 escuelas entre enero y la primera quincena de este mes para relevar el avance de las obras. “El 97 por ciento de las obras escolares que se preveía hacer con el dinero de Catalinas Norte no fueron iniciadas o están demoradas”, advirtió Naddeo. Esto implica que, de las 31, una sola está terminada e inaugurada: se trata de los talleres anexos de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia. Sin embargo, todavía no se inició el traslado de la escuela, que tiene serios problemas de espacio.

De las obras demoradas, hay un 42 por ciento; un 16 por ciento se acaban de iniciar las obras; y otro 39 por ciento no están ni siquiera iniciadas, pese a que los fondos están disponibles desde 2010. Los atrasos van de seis meses a uno y dos años.

“En la mayoría de los casos, las empresas contratistas manifiestan que los atrasos se deben a la falta de pagos regulares. En otros, hay problemas con el diseño del proyecto de obra, que no fue consultado por la comunidad educativa”, destacó Naddeo. Todas las obras tenían un cronograma que debía finalizar el año pasado. “Lo más grave son las 12 que no fueron iniciadas, porque van a llevar un par de años”, destacó Naddeo.

“¿Dónde están los casi 400 millones de pesos que se obtuvieron de la venta de Catalinas? Queremos saber si fueron utilizados para otro destino o si está en una cuenta especial. Se lo vamos a consultar tanto a Educación como a Hacienda”, remarcó la legisladora, que pedirá que Bullrich asista a la Comisión de Educación de la Legislatura. “Faltan aproximadamente 3500 vacantes en toda la ciudad, pero en la zona sur la demanda es más importante en el nivel inicial. Las dos escuelas que se podrían inaugurar este año cubrirían 400 vacantes –advirtió Naddeo–. Prácticamente al comienzo de las clases vemos que estos incumplimientos generarán otra vez pedidos de vacantes que no se podrán satisfacer.”

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“Son más importantes los ejercicios para la paz que preparar al príncipe para matar”

 El premio Nobel de la Paz le sugirió enviar al heredero de la Corona a dialogar con Cristina. Criticó con dureza la “soberbia imperial”.

 

    

 En el contexto del reclamo diplomático de la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y la denuncia que lleva adelante ante la ONU a raíz de la nueva militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió ayer una carta dirigida al primer ministro británico David Cameron, donde le remarca que “son más importantes los ejercicios para la paz que preparar al príncipe para matar”, y le recuerda: “El gobierno británico sabe que en algún momento tendrá que sentarse a dialogar y buscar soluciones.” 

Además, Pérez Esquivel marcó su apoyo a los reclamos diplomáticos del gobierno argentino que contrastan con el belicismo británico. El premio Nobel de la Paz enfatizó: “La presidenta Cristina Kirchner no está guiada por ánimos belicistas y menos aun tiene intención de ponerse un parche en el ojo y embarcarse en aventuras inciertas. Sólo reclama el derecho jurídico internacional e histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas en el Atlántico Sur y le tiende una mano fraterna, pero con firmeza en los reclamos inclaudicables del pueblo argentino.” 

Peréz Esquivel también encuadró las medidas militaristas ordenadas por el gobierno británico en el Atlántico Sur en el marco de la crisis socioeconómica que atraviesa el Reino Unido: “Me imagino que pensó y calculó cuánto cuesta a Gran Bretaña mantener su soberbia imperial a miles de millas marítimas en el Atlántico Sur, cuando la situación económica, el desempleo y la pobreza afectan a miles de sus compatriotas.” Y a continuación destacó dos puntos salientes de esa escalada bélica: la llegada del príncipe heredero William al archipiélago en plan de entrenamiento militar y el arribo del destructor HMS Dauntless a las islas. “¿Cuánto cuesta a su país enviar al príncipe William a las Islas Malvinas para su entrenamiento militar, sumando tropas, y el ‘destructor HMS Dauntless’ para protegerlo de fantasmagóricos ejércitos enemigos y sueños de pesadillas, propios de Avatar o Piratas del Caribe, en lugar de enviar al príncipe heredero para dialogar y construir la paz? Ya que se encuentra tan cerca, tendría que cruzar y encontrarse con la presidenta Cristina y entrenarse para ser un buen rey y aprender el ejercicio del diálogo para comprender en qué valores se basa el derecho y la justicia, fundamentales para construir la Paz”, evaluó. Entonces afirmó: “Son más importantes los ejercicios para la Paz que preparar al príncipe para matar.”  

Respecto de las inverosímiles declaraciones de Cameron, quien afirmó que “más colonialista es la Argentina”, Peréz Esquivel, entre otros puntos, le recordó: “El Mahatma Gandhi decía que: ‘La madre de todas las violencias es la mentira’, pero no es el tema de esta carta. No se trata de hacer una reseña del colonialismo en el mundo ya que ustedes pueden dar cátedra a través de su larga experiencia histórica.” 

El premio Nobel también exhortó al premier a “escuchar la voz de su pueblo”, y reflexionó: “Quien envía tantas armas y hace alarde de su poderío militar, es simplemente porque tiene miedo a sí mismo, y miedo a la verdad. No olvide que para mantener un fuego se necesitan dos leños, en este caso, hay sólo uno, el de ustedes.”  

TIEMPO ARGENTINO

A Famatina hay que pensarla

No está claro cuánta agua se utiliza, cuánto cianuro, si contamina más que la ganadería o la soja, o cualquier industria porteña. ¿Es cierto que apenas el 8% del cianuro que se utiliza en el país lo usan las mineras y el resto otras industrias tan contaminantes pero a las que no percibimos?

    Por:Hernán Brienza

Famatina es una de esas palabras que tienen demasiada significación para la historia argentina. Desde el siglo XVII cuando fueron descubiertas las riquezas que escondía en su vientre se ha convertido en un cerro mitológico. Por ejemplo, en su imprescindible libro Facundo y la montonera, el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y Rodolfo Ortega Peña demostraron lo cruciales que fueron los enfrentamientos políticos, comerciales y económicos entre el gobierno centralista de Martín Rodríguez y la defensa federal del riojano Facundo Quiroga. En ese texto sus autores sugieren la tesis de que la guerra civil entre unitarios y federales estalló, justamente, por causa del choque de intereses entre un grupo nacional de protoempresarios –liderados por Facundo y Braulio Costa, entre otros– y la casa internacional de Baring Brothers, que sostenía a la Famatina Minning Company. Por aquellos años, la década del ’20 del siglo XIX, Bernardino Rivadavia fue, primero, hombre fuerte del gabinete de Rodríguez y, finalmente, bajo ciertas condiciones irregulares, presidente de la República. Fue el representante no oficial de los negocios británicos en estas tierras –basta recordar que fue quien inició el endeudamiento externo argentino– y abogaba por un progreso liberal apoyado en las inversiones extranjeras como única palanca de desarrollo. La publicidad inglesa aseguraba que en La Rioja llovía oro y se montó alrededor de la posibilidad de la mina un negocio fraudulento inmanejable. Por esa razón, Famatina está en el nudo de la historia argentina, y cuando alguien grita “el Famatina no se toca”, acierta en una consigna que conmueve desde la profundidad del pasado y apela a viejas disputas por la soberanía nacional. 

A esa carga histórica se le suman los errores políticos cometidos por la policía catamarqueña en los últimos días. Desgraciadamente, el kirchnerismo no ha podido todavía penetrar en la conciencia de las élites gobernantes de muchas provincias y se le ha dificultado imponer su máxima de que “la protesta social no se reprime con violencia”. Entonces, cada vez que se produce un acto de esta naturaleza por parte de alguno de los ejecutivos provinciales o incluso de operativos menores, los grupos “progresistas” o de “izquierda” se abusan de estos sucesos para incomodar al gobierno nacional y poner en supuestos aprietos a sus defensores corriéndolos por izquierda. Esa contradicción entre políticas publicas nacionales y provinciales, tarde o temprano, tiene que saldarse a favor de las decisiones tomadas en el 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner. Incluso cuando hoy estemos en otro momento histórico y económico y ya las protestas no sean por la subsistencia sino por debates políticos. En la actualidad no se cortan rutas por supervivencia inmediata sino por la defensa del medio ambiente. No parece poca la diferencia.

La presidenta de la Nación Cristina Fernández convidó a la sociedad esta semana a tener un debate serio y responsable sobre la cuestión minera. Los argentinos nos debemos una fuerte discusión entre posturas antagónicas, pero abandonando prejuicios, falsas acusaciones, verdades a medias y estupideces conjuntas. Entre el conservacionismo reaccionario del magnate norteamericano Douglas Tompskin, el ecologismo berreta y marciano de muchos ambientalistas, la hipocresía bucanera de empresarios y políticos y la voracidad colonialista de las multinacionales debe haber un resquicio para pensar una política autónoma, responsable, sustentable humana y ambientalmente –si es que pueden separarse estos términos– y soberana.   

El peronismo lleva en sus entrañas el germen de su propia discusión. Es industrialista y generador de empleos y, al mismo tiempo, Juan Domingo Perón fue el primer líder político en la Argentina en plantear con absoluta seriedad la problemática ambiental. En su discurso del año 1972, expresó: “Cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado de sus recursos naturales, y el cuidado del ambiente urbano está implícito en él... en otras palabras, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo, den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, racionalizando el consumo de recursos naturales, y disminuyendo al mínimo posible, la contaminación ambiental”. 

Interesantísimo. El propio Perón da una fórmula para analizar en cada caso qué es lo que hay que hacer: elabora la doctrina del menor daño posible. No se trata de ir desnudos por el mundo, constipados, para no influir el medio ambiente como parecen proponer algunos ecologistas narcisistas. La cuestión es ser conciente de que toda actividad humana daña el ecosistema y que por lo tanto hay que ser sumamente responsables a la hora de transformar el planeta que nos contiene. Y dice algo que vale la pena escuchar: hay que cambiar las pautas no sólo de producción si no de consumo… Es decir, vivir en Capital Federal con todo arreglado y “protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del refrigerador” es una hipocresía digna de la canción de Silvio Rodríguez.

Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en toda Latinoamérica, nombrada por Perón en 1973 explicó alguna vez que: “Hasta entonces también había una idea biológica en cuanto a la conservación, se consideraba al hombre en tanto ser biológico, no como un ser integral, por eso fue realmente interesante el planteo (de Perón) porque el ambiente humano debía lograr una calidad de vida para los hombres, primero estaban las necesidades básicas de los hombres. Dice en su discurso que el hombre debe ser un ser íntegro, en relación con la salud, el ambiente, la equidad, la Justicia Social, la dignidad humana, él siempre lo decía. Eso es ético, moral, lo que corresponde.”

Propongo abrir en serio un debate sobre la minería en nuestro país. Sin chicanas, sin cobardías, sin falsas imputaciones. Ni todos los ambientalistas son marcianos ni todos los defensores de la producción mineras son agentes de la Barrick Gold. E incluso sería interesante discutir la viabilidad de la minería a cielo abierto. ¿Puede realizarse con una metodología que no sea tan lesiva? ¿Por qué las grandes potencias del mundo: China, Australia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Perú, Canadá, Brasil, Chile, tienen derecho a explotar sus montañas de oro con minería a cielo abierto y los argentinos no podemos? ¿Quiénes están en lo cierto: los estadounidenses, los rusos, los brasileños, por nombrar a tres de las seis principales potencias o nosotros?

El Noroeste argentino tiene ciertas dificultades para engarzarse en el capitalismo nacional e internacional. No tiene grandes extensiones de tierra para cultivar soja y por su posición geográfica alejada de los centros urbanos tampoco posee polos industriales que capturen mano de obra desocupada. Recién en la última década apostó al turismo como fuente genuina de recursos –Salta fue la provincia que picó en punta– y la mayoría de la población económicamente activa depende del Estado y del empleo público. Esa situación de dependencia política genera masas de trabajadores cautivos de los vaivenes de la política. En los últimos tres años, la provincia de La Rioja, por ejemplo, según números oficiales, ha visto nacer 2000 empresas pymes para abastecer a las mineras. Deben ser estimativamente cerca de 10 mil puestos de trabajo. No es una cifra despreciable. Y en el caso de Famatina, el acuerdo con Osisko, además, incluía una cláusula en la cual la empresa estatal EMSE debía quedarse con el 30% de lo producido, cuando, generalmente, las demás mineras aportan apenas el 3% de regalías. ¿Justifica esto destrozar el cerro de Famatina? No lo sé. Y es posible que no. Pero no me cabe duda de que hay que pensarlo sin histeria y con una mirada amplia. Y también como política pública a mediano y largo plazo. Obviamente, hay que abrir, además, el debate técnico. Porque no está claro cuánta agua se utiliza, cuánto cianuro, si contamina más que la ganadería o la soja, o cualquier industria porteña. ¿Es cierto por ejemplo que apenas el 8%  del cianuro que se utiliza en el país lo usan las mineras y el resto otras industrias tan contaminantes pero a las  que no percibimos? ¿O es falso? El periodismo ha discutido mucho sobre el tema de la minería, pero lo ha hecho con absoluto desconocimiento, en el mejor de los casos, o atravesados por operaciones políticas en la mayoría. 

Desgraciadamente, vivir mata. Y el capitalismo moderno más. El desarrollo industrial tiene consecuencias fenomenales para el Medio Ambiente. Entre vivir de la caza y de la pesca y destruir el planeta hay una amplia cantidad de posibilidades. El desarrollo minero no puede analizarse desde posiciones dogmáticas. “El Famatina no se toca” es un buen eslogan. Pero habría que preguntarse antes: ¿Por qué no? ¿Cuántos puestos de trabajo cubre? ¿Qué tipo de tecnología usarán para la extracción del oro? ¿Qué tipo de controles podrá realizar el Estado? ¿Hay necesidad de reestructurar la legislación en la materia? ¿Es lo mismo la agresiva minería en provincias como Córdoba que tiene cientos de recursos que en La Rioja o Catamarca con menor sustentabilidad? Más allá de las suculentas untadas que puedan recibir políticos locales, si la minería aporta el 10 o 15% de la población económicamente activa del NOA ¿no merece un debate un poco más serio que andar gritando por las cámaras de TN? Demasiada carga histórica tiene Famatina –desde el conflicto entre Rivadavia y Quiroga– para que su futuro sea vociferado melodramáticamente por operadores de un arrocero que no tiene el menor cuidado por el medio ambiente en, por ejemplo, los Esteros del Ibera? No sé si Famatina terminará o no tocándose. Lo que sí es un imperativo es reflexionar sobre ella. A Famatina hay que pensarla.  

tiempo argentino

Pregunte, pregunte, que algo queda

Interrogantes y mensajes falsos del Grupo Durán Barba

Por Martín Granovsky

Parte del dispositivo utilizado por el equipo de Durán Barba fue el uso de preguntas que incluían datos falsos. La falsedad empezaba por lo más elemental, que era el emisor del mensaje.

Una decía: “Querido vecino, te estamos llamando de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano para invitarte este 29 de abril a celebrar el Día Internacional del Trabajador en la Nueve de Julio. A las 12 del mediodía nos vamos a reunir todas las familias trabajadoras. Con Cristina hemos recuperado la dignidad y ya es hora de que la Ciudad de Buenos Aires se sume al proyecto nacional. Te esperamos. Daniel Filmus y Hugo Moyano”.

El 29 de abril pasado Moyano anticipó la realización del acto del 1º de mayo. La campaña para elegir al jefe de Gobierno porteño todavía no había comenzado y cualquier publicidad electoral quedaba fuera de la ley. Página/12 consultó al equipo de campaña de Filmus y obtuvo dos precisiones. Una, que no inició la publicidad antes de tiempo, incluso porque en ese momento aún la conducción política del kirchnerismo no había decidido si el candidato sería Filmus, Amado Boudou o Carlos Tomada. La otra, que los mensajes no partieron del equipo.

La figura de Moyano parece haber sido elegida por el equipo de Durán Barba para demostrar que Filmus y el secretario general de la Confederación General del Trabajo eran una pareja política inseparable. ¿Habrá testeado el grupo de servicios quirúrgicos de Durán Barba la popularidad del dirigente sindical entre la clase media porteña? Una popularidad baja, ¿lo habrá incitado a estampar a Filmus junto a Moyano? Son especulaciones. Los mensajes, en cambio, son datos concretos.

Otro llamado: “Hola, te estoy llamando de parte del compañero Hugo Moyano. Estamos acompañando la candidatura de Daniel Filmus y necesitamos tu apoyo. No te dejes engañar por la prensa. Hoy estamos unidos en el Frente para la Victoria, con Cristina, Filmus y Moyano, y vamos a ganar. Camioneros y toda la CGT estamos organizando un acto en apoyo a Filmus y es importante que vos y todos los compañeros se sumen. Si deseas participar, después del tono dejanos tu nombre y tu apoyo. Gracias”.

Otro más: “Buen día vecino, éste es un mensaje de Hugo Moyano. Este 10 de julio tenemos que llenar las urnas de votos por Daniel Filmus. Los multimedios y la prensa paga han querido inventar una pelea entre la compañera Presidenta y la CGT, pero son mentiras. Hoy, la Confederación General del Trabajo y el movimiento obrero estamos más comprometidos que nunca en nuestro apoyo a este proyecto. Es por eso que todos los verdaderos trabajadores peronistas votamos este 10 de julio por Daniel Filmus jefe de Gobierno. Es hora de que convirtamos Buenos Aires en una ciudad peronista y de todos los trabajadores. Gracias”.

Y sigue la andanada: “Vecino, es importante que escuches este mensaje. Si sos parte de la familia trabajadora, tenés una opción para la ciudad: Filmus-Tomada. Carlos Tomada como ministro de Trabajo siempre estuvo del lado del movimiento obrero organizado. Es por eso que desde la CGT y con el compañero Moyano vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas por Filmus-Tomada. Si estás con los sindicatos, estás con Filmus”.

La otra parte de la campaña era instalar falsamente a Filmus como el candidato de Sergio Schoklender, siempre, claro, junto a Moyano, al parecer elegido como la bestia negra de la política argentina: “Hola, éste es un mensaje de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano. Las Madres de Plaza de Mayo son el símbolo de todos los argentinos en la lucha de los derechos humanos. La derecha machista quiere atacarlas argumentando que hacen negocios con su Fundación, que han tenido todo el apoyo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos solidarizamos con ellas y rechazamos las calumnias inventadas en contra de Hebe de Bonafini y el administrador de la Fundación Sergio Schoklender. Con las Madres de Plaza de Mayo y el apoyo de los sindicatos, vamos a incorporar a la Ciudad de Buenos Aires al proyecto nacional. Si estás con las Madres, si estás con Moyano, estás con Filmus. Muchas gracias”.

Por si no bastaba, había otra forma de saciar la presunta curiosidad del grupo de servicios de Durán Barba: “Algunos creen que Hebe de Bonafini fue estafada por Schoklender para que con esa experiencia pueda ayudar a Filmus a realizar un buen plan de viviendas. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, marque 1. No, no estoy de acuerdo, marque 2”.

La pregunta que comenzó inquietando a Filmus era textualmente ésta: “Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Schoklender, ¿usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará, marque 1. No le afectará, marque 2”.

El trabajo quirúrgico se complementaba con otras preguntas. Una: “¿Cree que los escándalos que tocan a Filmus, como el de las Madres y el de Salvatierra, le afectarán la credibilidad de Filmus o sus posibilidades como candidato a jefe de Gobierno? Mucho, marque 1. Algo, marque 2. Poco, marque 3”.

Y había más bestias negras además de Pitu Salvatierra, el dirigente de Ciudad Oculta. Por caso, los piqueteros, pero sin nombre ni apellido, y ni siquiera con identificación de una organización social: “¿Cuál es el candidato a jefe de Gobierno que quiere garantizar un derecho de protesta de los piqueteros? Mauricio Macri, marque 1. Daniel Filmus, marque 2”.

Preguntas con suposiciones falsas, generalizaciones vagas con aspecto de información, simplificación burda de la realidad, asociaciones pegoteadas dentro de un universo en principio real pero expresado como caricatura, emisores inventados para estimular estereotipos: ésas y otras formas quirúrgicas se desprenden del trabajo del Grupo Durán Barba, dirigido por el consultor ecuatoriano de alcance continental que gusta presentarse como exacto e infalible.

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