Saqueos

Por Luis Bruschtein

El Gobierno estuvo dos días con el corazón en la boca pero finalmente los saqueos terminaron favoreciéndolo. Un final de año con suspenso. La remake de otros finales de año que se llevaron puestos a otros presidentes. Imágenes persistentes de un país sumergido, de necesidades insoportables y desbordadas. Pero nada era real, era nada más que una imitación y por eso no pudo expandirse como en esos otros finales de año explosivos y definitorios. Dos presidentes, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, no sobrevivieron a esos escenarios. Y Cristina Kirchner hubiera seguido ese mismo camino si el país hubiera sido el mismo. Si faltaba algo para comprobar que las cosas han cambiado, la sobrevivencia del Gobierno sin demasiado sobresalto a esta embestida, que hasta ahora había sido imbatible, se suma como prueba de parte.

El país no es el mismo ni siquiera en el contexto de uno de los años más difíciles para la economía. Una cosa es segura, si hubiera habido otro gobierno con otra política, los saqueos se hubieran extendido, la clase media empobrecida se hubiera sumado con los desocupados a la cabeza y de la mano de los jóvenes sin destino. Fue lo que pasó en los saqueos anteriores, organizados por punteros, que funcionaron como disparadores en un contexto inflamable.

Hay muchos problemas económicos, sociales, laborales y demás sin resolver, pero la instancia de la violencia y el saqueo es la última, la que se dispara en una situación sin salida, una que genera hambre y no da de comer. El saqueo no es una característica del pobre, sino del desesperado en todos los niveles. Ser pobre no es sinónimo de saqueador, por eso los pobres no se sumaron a los saqueos. Por esa misma razón, la violencia quedó muy focalizada en siete u ocho puntos en todo el país, en cada uno de los cuales participaron entre trescientas y cuatrocientas personas. En los hechos que se produjeron en esas siete u ocho localidades en todo el país habrán participado en total unas tres mil personas. El intento de generar una insurrección violenta fracasó estrepitosamente. Todo lo que se hizo fue organizado.

El fracaso de los organizadores fue justamente que no lograron que se sumaran hechos espontáneos a los que debían funcionar como disparadores. Y ese fracaso se convirtió en el mayor triunfo del gobierno. El pobre que tiene trabajo se quedó en su casa y el que tiene la asignación también. El enojado de clase media se alegró con los saqueos pero no salió a la calle como en el 2001. Lo pensó dos veces y se dio cuenta de que no le convenía, de que le va bien. El fracaso de los saqueos puso en evidencia un país con problemas pero contenido, muy lejos de los escenarios caóticos de la hiperinflación de 1988 y el corralito de 2001. Pero trajeron a la memoria aquellos momentos y a sus responsables, muchos de los cuales hoy se hacen los distraídos.

El país no es un paraíso, bajaron mucho la pobreza, la indigencia y la desocupación en relación con 2003, pero son problemas que todavía subsisten y que golpean siempre sobre los sectores más vulnerables. Que no son los caceroleros, ni las patronales rurales, ni los que tienen que pagar Impuesto a las Ganancias. Los problemas están en los miles de trabajadores en negro o con trabajo chatarra que no son incluidos en las protestas de Pablo Micheli y Hugo Moyano. Aun así, esos trabajadores pobres prefirieron su trabajo chatarra al saqueo. Ellos van a luchar por mejorar sus condiciones laborales en vez de saquear un shopping.

Todos los indicios apuntan a sectores de la derecha del PJ, punteros de las distintas variantes del peronismo disidente cuyas bases territoriales muchas veces se mezclan con expresiones gremiales opositoras, en líneas clientelares que se superponen. En ese desorden hay una sintonía que funciona como orquesta en los desmanes. Hay dinero que se ofrece, promesas de que se va a liberar un supermercado, maleantes que son atraídos por la idea del delito fácil y algunos que de buena fe acuden a la posibilidad de mejorar la mesa de las fiestas.

Los corresponsales extranjeros, ideológicamente hostiles en general a los gobiernos populares latinoamericanos, se apresuraron a magnificar los desórdenes y a equipararlos con los de finales de 2001. Anunciaron y festejaron el supuesto derrumbe del país. Se enfocaron principalmente en los planes sociales, a los que en algunos casos definen como mentiras del oficialismo y en otros como medidas populistas que no resuelven los problemas de los pobres.

La evaluación errónea de este pequeño sector del peronismo que incitó y organizó los desmanes terminó por fortalecer lo que quería debilitar. Fue traicionado por una especie de sentimiento triunfalista que en general suele atacar en forma cíclica a la oposición. Se habla de encuestas desfavorables para el oficialismo, de una situación similar a la de 2009 y se festejan por anticipado derrotas que después no se producen. Nunca se sabe si un opositor habla en serio cuando subestima lo que se hizo en estos diez años y describe cuadros apocalípticos, o si lo hace para enfatizar su lugar de opositor. Si cree en lo que dice, seguramente va a derrapar. Este Gobierno ha logrado una empatía con los sectores más humildes que no tenía en 2009. Esa empatía no es militancia, ni siquiera es voto asegurado. Es nada más y nada menos que colocarse en el lugar que estos sectores humildes sienten como más próximo a ellos en política. Esto quiere decir que con poco esfuerzo el oficialismo mantiene un piso que está muy por encima del piso de cualquiera de sus contendientes dentro del peronismo y fuera de él. Y es un piso superior aún al piso histórico del peronismo, que rondó por encima del 30 por ciento.

El 2012 ha sido un año difícil, pero 2013 se anuncia alentador. El Gobierno pudo sortear este año sin tantas bajas sobre la base de un hiperactivismo en el plano de la economía y en el de la política. No es un protagonista que baja los brazos y se deja ganar fácilmente. En cambio, la oposición se mantiene en un punto de ambigüedad. Por un lado actúa como si pensara que el kirchnerismo ya no tiene ningún apoyo, pero por el otro lado no oculta su preocupación ante cualquier posibilidad de re reelección de Cristina Kirchner. Y tanto rechazo quiere decir que piensan que ella es imbatible. Mientras la oposición no achique diferencias, si la Presidenta es imbatible, a cualquier candidato que ponga estará en condiciones de ganarle, aunque la diferencia no sea tan grande.

Ninguna fuerza es imbatible, pero es una equivocación subestimar el impacto que han tenido las políticas sociales, porque allí se ha producido un cambio. Y en ese sentido, ha sido muy útil la experiencia que dejaron los saqueos. En las zonas suburbanas de mayor concentración popular –en el sur y en La Matanza, por ejemplo– prácticamente no se movió nada durante los saqueos. En cambio éstos se produjeron en localidades como Bariloche o San Fernando, en Rosario, Campana y Zárate. Campana es el lugar del país con menos desocupación. Allí se montó un saqueo con grupos de barrabravas que no lograron convertirlo en masivo. En Bariloche y Gobernador Gálvez, se montaron sobre situaciones sociales graves. En el primer caso, por el desempleo originado en la caída del turismo por la ceniza del volcán Copahue, de la que recién ahora se está recuperando, así como por la lentitud del nuevo intendente en dar respuestas. En la localidad santafesina, por las inundaciones recientes que sufrió esa localidad y la misma lentitud del gobierno local para actuar.

El fracaso de los saqueos tiende a expresar que la situación tiene muy pocos puntos de contacto con la de 2001 y que para regresar a un cuadro parecido habría que desmontar varios de los avances que se han producido y a los que la sociedad ya considera como derechos adquiridos.

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Macri en una intervención desesperada

Por Laura Klein *

Hace unos días vi un graffiti en la calle que me cortó el aliento. Quizá llevaba semanas allí. Se refería a Macri y a sus desgraciadas relaciones con el aborto no punible. “Macri: que Dios le dé a tus hijas el doble de lo que le hacés a la mujer que pide abortar”, escribió alguien en una pared de la Ciudad.

Necesité revisar los diarios para recordar cómo habían sido exactamente las cosas en el caso al que la pintada hacía alusión: quién había hecho qué, en qué momento, quiénes eran responsables y de qué, a ver si esto me ayudaba a procesar el impacto que me causó el graffiti.

Comparto con ustedes una breve cronología de los hechos con todos sus incidentes:

El 1º de octubre, con un embarazo de nueve semanas, una mujer se presenta en la guardia del Hospital Ramos Mejía. Allí cuenta que había sido capturada por una red de trata de personas el pasado 26 de julio en una vivienda del barrio de Belgrano, adonde había concurrido atraída por la promesa de conseguir un trabajo como auxiliar de limpieza en clínicas y sanatorios que resultó en secuestro. Obligada a prostituirse, encerrada en algún lugar de la provincia de Chubut, sólo hacía unos días, el 29 de septiembre, había logrado fugarse de su cautiverio. Como consecuencia de las reiteradas violaciones, estaba embarazada. Se informó de la situación a la Oficina de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y a la Unidad fiscal de asistencia en secuestros extorsivos y trata de personas. La mujer, de 32 años y tres hijos, solicitó la interrupción de este embarazo. Justo la semana anterior, el 28 de septiembre, y cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Suprema en marzo de este año, la Legislatura porteña había reglamentado la realización de los abortos no punibles en la Ciudad. Amparados y obligados por esta legislación, los médicos establecieron fecha y hora para practicar el aborto: el martes 9 de octubre a las 8. Sin embargo, algo sucedió en la víspera: la mujer fue víctima de un escrache en su domicilio y a la mañana siguiente otro frente al hospital donde se iba a realizar el aborto. Y no fueron sólo manifestaciones de repudio. La Asociación Pro Familia había presentado una medida cautelar que fue aceptada por la jueza Myriam Rustán de Estrada el mismo martes 9 de octubre (el viernes se había presentado a otro juez y había sido rechazada) y el aborto se suspendió.

¿Cómo fue que el caso de esta mujer llegó a oídos justamente de los grupos que podrían llegar a entorpecer la realización de este aborto legal? Todos los medios de comunicación coinciden en este punto: el jueves 5 de octubre, durante una cena de Consenso Republicano, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, luego de anunciar que iba a ejercer su poder de veto dejando sin efecto la ley de aborto no punible votada por la Legislatura, contó, no se sabe si deliberadamente o por un descuido imperdonable, que el martes 9 se iba a realizar “el primer aborto legal” en la ciudad de Buenos Aires a una mujer que “pasó por todas las instancias legales”.

Dadas las circunstancias de conflicto y violencia social que produce el tema, no se debía revelar dónde y cuándo iba a realizarse el aborto. Está claro que no es lo mismo que revelar dónde se hará el primer trasplante de médula ósea. Esta infidencia tuvo gravísimas consecuencias: no sólo violaba la intimidad de la mujer violada, dejándola en una situación de tremenda exposición a merced de las acciones de los fanáticos antiabortistas, sino que la puso en riesgo frente a los tratantes de los que escapó.

¿Cómo es que Macri se entera cuando se realiza un aborto legal en un hospital? ¿Cómo funciona esta red de infidencias que va desde los centros de salud pública a las asociaciones que militan para impedir la realización de los abortos legales, pasando o no pasando por el Gobierno de la Ciudad?

El 10 de octubre representantes de la mujer violada apelaron la medida cautelar que suspendía la práctica del aborto. Ese mismo día legisladores y comuneros elevaron una denuncia penal contra el jefe de gobierno porteño por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, al haber hecho públicos datos privados y sensibles sobre la interrupción del embarazo que posibilitaron frenar la intervención.

Fue necesaria una nueva intervención de la Corte Suprema, dos días después, para obligar al Gobierno de la Ciudad a cumplir con carácter de urgencia lo que dicta la ley. El 14 de octubre se realizó finalmente el aborto a la mujer. El 24 de octubre, a través del decreto 504, el jefe de gobierno porteño ejerció su poder de veto y rechazó la norma votada por los legisladores porteños sobre la no punibilidad de la interrupción de embarazos en casos de mujeres violadas, tal como lo había prometido en la cena de Consenso Republicano.

“Macri, que Dios le dé a tus hijas el doble de lo que le hacés a la mujer que pide abortar”, releo en la foto que atiné a sacarle al graffiti.

¿Qué tiene que haber sentido alguien para que se le ocurra una frase así y se anime a escribirla en una pared? ¿Qué tuvo que haber vivido? ¿Qué tienen que ver las hijas con lo que hace su padre, con las decisiones de poder con que el jefe de gobierno porteño incide sobre los cuerpos, la vida y la muerte de las mujeres de nuestra ciudad?

Más que un deseo de venganza, esta maldición parece ser un grito, una intervención desesperada contra la impunidad. Pero, entonces, qué es lo que produce tanto rechazo del graffiti: ¿los propios (malos) sentimientos? ¿la injusticia contenida en esa frase? ¿el temor de sentir que esa frase cae sobre los culpables, o sobre los que la pronuncian, o sobre los que la hacen suya en silencio? ¿O sobre todos ellos juntos y fulmina como un rayo?

Quien se sienta vulnerado por esta pintada, quien crea que flota un mal deseo sobre la familia del jefe de la Ciudad, es porque sabe o piensa que éste ha sido cruel, injusto, al menos hipócrita, despreciativamente indiferente o directamente despiadado. Y esto hace que la pintada se vuelva revulsiva y produzca temor.

Qué habrá querido exactamente quien hizo la pintada, es difícil saberlo. El texto es tan contundente como ambiguo. Lo que se desprende a las claras es que, a través del miedo, pretende hacerle un careo al jefe de Gobierno de la Ciudad: que se enfrente con las consecuencias de sus actos, que dé cuenta de que sus decisiones caen pesadamente sobre personas concretas, con una cara, una historia, un cuerpo y una sola vida, igual que la de cada una de las mujeres de su familia.

¿Acaso aplicaría la misma decisión a sus hijas, su esposa, sus hermanas, si sufrieran un embarazo tras una violación?, parece preguntar el graffiti en un silencio que no puede dejar de oírse. La inquietud que genera interrumpe por un momento el blablá, la inercia con que circula la opinión, la indignación con que nos llenamos la boca y nos enorgullecemos de nosotros mismos.

Lo extraño es que entre estos dos actos suene más cruel la voz que surge del fondo anónimo del resentimiento y le desea al gobernante que sus hijas sean también destinatarias de sus decretos, que el decreto mismo que condena a abortar clandestinamente a una mujer ya condenada por la vida a demasiado sufrimiento. Parece más feroz una intervención contra la impunidad que la impunidad misma.

Tampoco me queda claro si lo que busca esta pintada se dirige más al jefe de gobierno metropolitano y a su entorno que a contagiar a los habitantes de la Ciudad. Como si este graffiti quisiera ser el puntapié inicial de un alerta colectivo: para que cada decisión vital o mortífera que cada funcionario, juez, médico o pinche tome sobre las vidas de otros les rebote como un boomerang sobre su propia vida o sobre la de sus seres cercanos.

Alguien a quien ya no le quedan más recursos sale a la calle y escribe una maldición en la pared: “Macri, que Dios te dé el doble ...”. Estas palabras ya no quieren denunciar. Las denuncias de la impunidad, multiplicadas cotidianamente hasta el infinito, apiladas unas sobre otras, neutralizándose entre sí, una tras otra, entre la ineficacia y la impotencia, ya no tienen ninguna fuerza. Esas palabras pretenden hacer justicia.

Porque a nadie le es liviano maldecir. Tampoco abortar.

* Licenciada en Filosofía, ensayista y poeta.

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LOS FALLOS DEL JUEZ ALFONSO, LA CAMARA DE NUEVA YORK Y EL TRIBUNAL DEL MAR

El centro del ring

Tres fallos que ratifican la centralidad política de CFK. El caso Clarín tiene gran valor simbólico, porque es la única empresa que rechaza la regulación estatal y discute quién gobierna. Kirchner subió al ring a los medios, Cristina a la Justicia. Marita Verón y Candela Rodríguez, dos casos de connivencia institucional con el crimen, pero con distinta valoración por parte del gobierno nacional. La ley Scioli-Casal reforzará esas redes de ilegalidad con participación policial y judicial.

Por Horacio Verbitsky

El fallo de fondo del juez Horacio Alfonso en respaldo de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual redujo la interpretación del 7D como un fracaso del gobierno nacional a una mera expresión de deseos de políticos y medios de la oposición. Pero aun antes de la sentencia de Alfonso, que coincide con el fiscal Fernando Uriarte en que no hay afectación de derechos constitucionales, ni de libertad de expresión ni de propiedad, esa lectura no se compadecía con lo sucedido hace una semana. Por el contrario, CFK volvió a mostrar una capacidad de interpelación a sectores diversos de la sociedad que nadie más posee en la Argentina de esta década. El nuevo fallo dilatorio de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial para la aplicación plena de la ley no empañó la convocatoria masiva que reprodujo el clima del Bicentenario, contra todos los vaticinios sobre declinación de las respuestas positivas que la presidente suscita. Su número fue igual o mayor que el de la concentración adversa del 8N, pero su composición y su tono la diferenciaron por completo. La convocatoria a una fiesta popular fue honrada por una multitud donde el núcleo duro que responde a Cristina en cualquier circunstancia fue acolchonado por sectores medios que no desertan del frente policlasista plebiscitado en los comicios de 2011. Aun los contestatarios más enconados saben que si hoy hubiera elecciones, tal vez la diferencia se ampliaría, porque la oferta electoral opositora se ha diversificado. Por eso, precisamente, han encontrado su único punto de unidad en la negativa a facilitar una reforma constitucional que habilite una tercera candidatura de Cristina. Los sucesivos intentos de unir el aceite radical-socialista con el vinagre del macrismo y el Peornismo Opositor, a las patronales agropecuarias con la política que te gusta, son desbarres al estilo de los que cometieron en 2010 cuando con el Grupo Ahhh... controlaron el Congreso. Lejos de fortalecer a la oposición muestran su desconcierto. Por el contrario, el gobierno termina el año con una seguidilla de buenas noticias, que confirman la justeza de las firmes posiciones asumidas contra todas las presiones, internas y externas. El temple con que Cristina las resistió es un dato que nadie puede soslayar. A este fallo se suman los de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra los fondos buitre y la liberación de la Fragata Libertad ordenada por el Tribunal del Mar.

Ni la letra ni el espíritu

Ahora que el juez Alfonso ha removido el obstáculo cautelar vale la pena preguntarse qué ocurrirá con el Grupo Clarín, que ya anunció que apelará y que considera que la cautelar sigue en vigencia hasta que la revoque la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. A pocas horas del fallo, comenzó a interpretarlo en su portal, bajo el título panglosiano “Los constitucionalistas cuestionan el fallo”, aduciendo que no era una sentencia “definitiva y firme”, cuando la Cámara sólo había hablado de sentencia definitiva como límite a la vigencia de la cautelar. Es dudoso que la mera apelación vuelva a congelar la ley sabiendo la Cámara que el 22 de mayo la propia Corte Suprema adelantó una opinión coincidente con la de Alfonso. Lo único probable es que intente concederle al Grupo un año más, con vencimiento el 7D de 2013, aunque tampoco esta argucia parece viable ante la Corte. En el mismo estilo de esa nota de Clarín, las interpretaciones sobre la ley de medios y políticos de la oposición no surgen de su texto ni de su espíritu:

- Joaquín Morales Solá pretende que el propósito oficial es “la liquidación del Grupo Clarín”;

- Su colega Carlos Pagni añade que se trata de “liquidar a Clarín” o que “ese holding sea silenciado”.

- Fernando Laborda alega que “el objetivo final es herir de muerte al Grupo Clarín”, y

- Nelson Castro, que “el Gobierno quiere destruir Clarín”.

- Luis Majul, que la presidente procura hacerlo desaparecer.

- José Eliaschev, que el objetivo es “la muerte del Grupo Clarín”.

- El editor responsable del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, que la obsesión oficial “es hundir a Clarín”.

- Ya sin adjetivos que modulen su exasperación, la columnista Susana Viau acudió al léxico bélico: dijo que había una “operación de acoso y derribo del Grupo Clarín”.

- Otros columnistas y editoriales hablaron de desguazar, desarticular, desmantelar, castigar, derrotar, quebrantar, doblegar o condicionar al mayor grupo mediático del país.

- En la misma cuerda, el dirigente radical Ernesto Sanz y el socialista Roy Cortina sostuvieron que el plan es “destruir” a Clarín.

- Para el Peornista Opositor Enrique Thomas, se procura “la destrucción del Grupo Clarín”.

- Federico Pinedo opina que el gobierno quiere “matar” a Clarín.

- Para la indefinible Patricia Bullrich el gobierno quiere que “por lo menos Clarín y La Nación desaparezcan” 1.

Esta confusión entre el diario y el Grupo Clarín no es inocente: la ley no se refiere a medios gráficos sino audiovisuales, lo cual excluye de cualquier riesgo a ambos diarios. Si el Grupo Clarín admitiera adecuarse a la ley podría conservar todas sus bocas de infundio político: nada le impediría mantener el canal 13 de televisión abierta, la radio Mitre y la señal de cable Todo Noticias, con sus tenembaums, lanatas y alfanos. También podría dividirse en varias sociedades encabezadas por sus accionistas principales, siempre que se tratara de compañías reales, independientes, con sede social, administración y equipos diferentes. Así ocurrió en Estados Unidos en 1911, cuando la Corte Suprema ordenó que la compañía petrolera Standard Oil se dividiera en 34 unidades independientes y en 1984 cuando el viejo monopolio telefónico Ma Bell debió alumbrar las siete Baby Bell. Lo que cambió allí y cambiará aquí es la posibilidad del ingreso de nuevos actores que hoy tienen cerradas las puertas por la posición dominante de quien controla el mercado. Si en aquellos casos esa obstrucción afectaba la competencia en los mercados del petróleo y las comunicaciones, aquí está en juego la posibilidad del pueblo de escuchar una pluralidad de voces antes de elegir a sus gobernantes. Las declaraciones públicas y privadas del presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, no descartan que la desinversión de oficio siga esas mismas líneas, que en nada afectarían la posibilidad del Grupo Clarín de ventilar, por los mismos medios que ha usado hasta ahora, su despecho con el proceso popular abierto en 2003.

Un caso testigo

Una pregunta repetida es si un objetivo tan moderado justifica una batalla tan áspera. Uno de los iconos del entretenimiento ligero, Mario Pergolini, ironizó sobre la propuesta de las familias Vila y Manzano para dividir su holding. Una inquietud similar se eleva desde varias organizaciones sociales. La respuesta sólo puede ser afirmativa, porque la disputa tiene una dimensión simbólica trascendente para la democracia argentina. En los mismos términos en que lo planteó Juan D. Perón hace siete décadas, cuando no regula el Estado, que defiende el bien público y el interés general, lo hacen los monopolios que sólo buscan el lucro privado. Por supuesto esta pugna de poder se reproduce en otros sectores, como lo muestran estos diez ejemplos:

1. La expropiación de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, Correo Argentino e YPF,

2. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que incrementaron el componente directo de la recaudación impositiva y mejoraron la distribución del ingreso,

3. La recuperación del sistema previsional, que sólo aprovechaban los bancos y algunos de sus socios privilegiados,

4. Las multas millonarias a las cementeras por cartelizar el mercado y subir los precios,

5. Las sanciones a las traders cerealeras que triangulan con subsidiarias en otros países para eludir impuestos,

6. Las regulaciones del Banco Central sobre el tipo y las condiciones de los préstamos que están obligados a otorgar los bancos,

7. El fraccionamiento de la licitación para el gasoducto del Noreste, de modo de impedir que Techint realice la obra y provea los tubos,

8. El control estatal del mercado de valores para asegurar la transparencia de sus colocaciones.

9. La obligación para las entidades de atender sin costo la bancarización de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o una jubilación,

10. La regulación estatal de todas las variables del negocio hidrocarburífero dispuesta por el decreto 1277.

La particularidad es que Clarín resiste la aplicación de la ley y lo hace no sólo mediante recursos judiciales, sino comprando jueces, sugiriendo líneas de actuación a los partidos políticos opositores, ocultando cualquier logro del gobierno. El jueves, apenas dedicó 72 palabras al Premio Internacional de la Diversidad Sexual, entregado a Cristina en Estocolmo con beneplácito del gobierno sueco, por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Lo hizo en un párrafo escondido al final de una nota nueve veces más larga, titulada “Cristina reclamó que haya control sobre los jueces”. La inconstitucionalidad reclamada por el Grupo Clarín era una cuestión de puro derecho y es imposible justificar que haya insumido tres años de demora, mientras la medida cautelar más extensa de la historia impedía aplicarla, pese a que tanto la Corte Suprema como el fiscal sostuvieron que la ley no afecta la libertad de expresión. Por el contrario, cumple con el mandato del sistema interamericano de protección a los derechos humanos de impedir la formación de monopolios (públicos o privados). Lo que se debate es si gobiernan las autoridades electas a través de las leyes sancionadas por el Congreso o los poderes económicos.

Entre las cuerdas

Otra cuestión que se ha suscitado esta semana es si valía la pena extender esa pugna, del Grupo Clarín a la Justicia. Como era previsible, los recursos oficiales de nulidad por superintendencia y de salto de instancia fueron rechazados por la Corte Suprema y el gobierno debió seguir el camino habitual del recurso extraordinario ante la misma Cámara domeñada por el Grupo Clarín. El fallo definitivo de primera instancia abrevió ese camino. Podría decirse entonces que nada de lo que hizo el gobierno era necesario. Pero es más probable que el dramatismo de la actitud oficial haya incidido en la felicidad con que Alfonso apuró el paso (según el curioso par binario de Ricardo Lorenzetti en su mensaje grabado a los jueces). Esto sugiere que para el gobierno el embrollo no es judicial sino político y que Cristina intenta hacer con la Justicia lo mismo que Néstor Kirchner le hizo a Clarín, con las ya famosas preguntas: “¿Qué te pasa?” y “¿Estás nervioso?” La figura es la de una lona en la que el gobierno se defiende del ataque del poder económicomediático mientras en el ringside un juez displicente, de impecable traje blanco, anota en su tarjeta los puntos que favorecen al adversario, cualquiera haya sido el desarrollo de cada round. Hasta que el Estado toma de la solapa al elegante y lo arroja al centro del ring para que al ayudar a su adversario también pueda comerse una réplica. Sin duda, es una salvajada que rompe las reglas del juego. Pero ese juego era tramposo y ahora cualquiera puede advertirlo. El ciclo kirchnerista ha hecho más que cualquier otro por modificar la composición y las prácticas de la Justicia, con reformas en los procedimientos de designación de magistrados que implicaron resignar facultades constitucionales a favor de una mayor transparencia y participación. Sin embargo, ahora por primera vez el dilema de la Justicia entre ser una corporación o un poder del Estado es puesto de relieve con absoluta claridad, lo cual no equivale a decir que su resolución correcta esté asegurada.

De qué se trata

El dirigente de la UCR Oscar Aguad llegó a decir en la señal noticiosa del Grupo Clarín que el fallo absolutorio a los acusados por la desaparición y esclavitud de Marita Verón podría ser una maniobra oficialista para cuestionar a la Justicia y propiciar la reforma constitucional. Esta presunción sólo revela el nivel injurioso y ramplón del sector radical que intenta torcer el rumbo hacia una alianza con Maurizio Macrì. Pero es cierto que CFK captó con una notable sensibilidad para los temas populares la repercusión de ese veredicto y lo vinculó en forma inobjetable con el desempeño que le preocupa de la Justicia en lo cautelar federal civil y comercial. Se comunicó de inmediato con Susana Trimarco, le prometió acompañarla en su reclamo e incluyó en sesiones extraordinarias del Congreso la reforma a ley de trata, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Esta saludable reacción toma nota de la vinculación de la Justicia con las redes de ilegalidad de las que también participan las instituciones de seguridad y un sector de la política. En ese sentido el gobierno provincial se colocó a la defensiva: José Alperovich, cuando se difundió una foto suya con La Chancha Alé, sindicado como el máximo jefe de la cosa nostra tucumana; su esposa Beatriz Rojkés, al referirse en forma complaciente o al menos resignada a gravísimos delitos que, dijo, siempre existieron y seguirán existiendo. Ante la ira presidencial ambos tuvieron que retroceder: el gobernador visitó a Susana Trimarco y aceptó su solicitud de relevar al ministro de gobierno y la incomprensible vicepresidente del Senado debió disculparse ante la madre de la víctima. Opinar sobre el fallo es difícil, cuando sólo se ha difundido el veredicto absolutorio. Pero la instrucción policial y judicial fue desastrosa, esa etapa había concluido en 2004 y desde entonces la causa podría haber pasado al juicio oral. Algunas víctimas tuvieron que declarar a lo largo de tres días, algo que ni siquiera ocurrió en el juicio a los ex comandantes de 1985. El maltrato incluyó la interrupción de sus dramáticos testimonios porque los jueces querían irse a almorzar. El día de la lectura, la madre de Marita debió esperar afuera cuatro horas mientras los acusados festejaban su absolución antes de la lectura del veredicto. Sería comprensible que entre los trece imputados hubiera varias absoluciones, pero por lo menos ocho testimonios de otras víctimas demostraron que Marita había pasado contra su voluntad por varios prostíbulos de esa organización, por lo que el fallo parece más bien una absolución eclesiástica. La actitud de ambas Cámaras tiene un punto decisivo en común: en ambos casos se trata de una justicia cómplice de los poderosos.

Cárcel para todxs

Opuesto es el caso de los jueces a quienes Cristina fustigó desde la Plaza de Mayo por dejar en libertad a detenidos que luego vuelven a delinquir. Coherente con ese discurso, el kirchnerismo bonaerense le dio los votos a Daniel Scioli y al alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal para maniatar a los jueces de garantías y transferir a la policía la decisión sobre quien queda detenido en las abarrotadas cárceles provinciales, al prohibir la excarcelación de quienes la policía diga que portaba armas al ser detenido. Junto con los partidarios de renovar el añejo pacto políticopolicial levantaron la mano los mismos senadores que en septiembre aprobaron el informe de la comisión investigadora del asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Su texto cuestionó en forma severa la connivencia entre los organismos encargados de aplicar la ley y grupos organizados para violarla, lo cual incluye el plantado de pruebas para desviar una investigación hacia sectores sin poder preservando las redes de ilegalidad que no podrían funcionar sin un componente policial y judicial. La comisión recomendó al Poder Ejecutivo que exonerara, separara de sus cargos e iniciara acciones penales contra el jefe de policía, Hugo Matzkin, y otros cincuenta oficiales de los más altos rangos, incluyendo varios catalogados como “narcopolicías” y que “asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno de la misma”. Pero Scioli ratificó su confianza en Matzkin y apenas tres meses después le amplió las facultades para falsificar procedimientos y seleccionar en forma arbitraria a los nuevos huéspedes de la tenebrosa Hotelería Casal.

1 Ediciones de La Nación de los días 21 de octubre, 8 de noviembre, 4, 10 y 13 de diciembre de 2012; de Clarín de los días 10 de octubre, 9, 12 de diciembre de 2012; de Perfil de los días 8 de diciembre de 2012; de La Prensa del 12 de diciembre de 2012; 10 de octubre de 2012; de El Parlamentario de los días 25 de diciembre de 2011, 22 de noviembre y 25 de diciembre de 2012; de la señal TN del 5 de julio y el 12 de octubre de 2012 y del diario español El Mundo, del 7 de diciembre de este año.

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Clarín - Un invento argentino - Capítulo 4 - HD

UN RELEVAMIENTO DE LA GESTION DE MAURICIO MACRI DURANTE 2012

No estuvo bueno Buenos Aires

Revela subejecución presupuestaria, menos inversión en escuelas públicas, cierre de grados, pésimo estado de los hospitales porteños, aumento en los desalojos, restricción de derechos sindicales y el abandono de los habitantes de las villas. Lo realizó el Observatorio de Derechos Humanos.

Por Werner Pertot

Subejecución en escuelas públicas y aumento de subsidios en escuelas privadas. Cierre de 221 grados y un 52 por ciento menos de inversión en infraestructura escolar en 2013. Un 0800 para perseguir las actividades políticas en las escuelas y separación de docentes por criticar estas medidas. Pésimas condiciones edilicias y falta de recursos en los hospitales porteños. Abandono a su suerte de los habitantes de las villas que requieran una ambulancia. De-salojos en La Boca y falta de urbanización en los barrios pobres. Restricción de los derechos sindicales de los trabajadores municipales. Esas son las conclusiones del informe anual del Observatorio de Derechos Humanos sobre la gestión de Mauricio Macri al que tuvo acceso Página/12.

El repaso de los hechos de este año, a decir del ODH, “refleja una situación de angustiante e ilegal violación a todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en el articulado de la Constitución porteña”. En el texto –que se presentará mañana a las 19 en la sede de UTE, Bartolomé Mitre 1984– reflejaron además las acciones que se hicieron para resistir a las políticas de la gestión PRO, que van desde amparos judiciales hasta toma de colegios.

Educación

El informe reitera el contraste que se observa desde el comienzo de la gestión de Macri entre el presupuesto para educación privada y el que se destina a la infraestructura edilicia de las escuelas públicas. Para las privadas, “los subsidios en cifras absolutas tuvieron incrementos sistemáticos. En 2011 recibieron 1150 millones de pesos. En 2012 el monto se elevó a 1250. Y en el presupuesto 2013 ya se proyectó que recibirán 1600 millones”. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había publicado en otro informe que el subsidio será “un 24 por ciento más que en 2012. ¿Quiénes reciben este dinero? En 2012, el Gobierno otorgó subsidios de más de un millón de pesos mensuales a escuelas que cobran cuotas de 1800 pesos. Incluso subsidia a las que cobran 2900 pesos”.

El informe de ODH indica que la subejecución es el paradigma de ajuste:

“En las escuelas públicas se acentúa la doble reducción que significa, por un lado, la reducción en términos absolutos del total asignado, y por otro, la creciente subejecución”. “En 2011, de un presupuesto de 730 millones de pesos se ejecutaron 487. En 2012, el presupuesto asignado fue de 294 millones. Para 2013 se prevé una asignación de 140 millones; es decir, un 52 por ciento menos que el año que termina.” “En la educación especial persiste la desatención, tanto en infraestructura como en asignación de personal. Su presupuesto sufre un recorte constante. Fue bajando de 381 millones de pesos en 2010 a 210 millones en 2011. En el 2012 tuvo un presupuesto de 188 millones de pesos”, alerta el informe. Al ajuste presupuestario, se suman una serie de medidas conflictivas:

- Reducción de las juntas docentes. Esta medida se condice, según el ODH, con la propuesta de evaluación docente con parámetros de flexibilización laboral y de jerarquización de las escuelas por clase social: “Los docentes con mejores ‘calificaciones’ tenderán a concentrarse en las zonas más acomodadas, en detrimento de las escuelas más desfavorecidas”, indica.

- Cierre de grados. “Este año hubo cierre de grados de las escuelas primarias y cursos de secundaria. Esta decisión arbitraria de cierre de 221 grados aduciendo ‘falta de matrícula’ se da mientras se subvenciona a las escuelas privadas cercanas.”

- 0800 BUCHON. El Ministerio de Educación habilitó una línea telefónica para delatar supuestas intervenciones partidarias en las escuelas. Lo hizo con una contratación directa a un call center. Esa medida fue severamente restringida por un fallo de la jueza Elena Liberatori, luego de una audiencia en la que el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, no pudo argumentar legalmente la medida contra los talleres del Eternauta.

- Separación de docentes. “Otro aspecto de la persecución e intimidación fue la separación de sus cargos de docentes que difundieron en su comunidad educativa la problemática de reducción de grados (Escuela Nº 3 Monte Castro). El Ejecutivo aplicó una certera represalia contra ellos intentando una medida ejemplificadora”, indica el informe del ODH. La comunidad educativa y el gremio UTE-Ctera se movilizaron en el barrio de Monte Castro y en la puerta del ministerio, donde Bullrich se negó a recibirlos. Nuevamente, un fallo de Liberatori los restituyó. Como difundió Página/12, fueron sometidos a interrogatorios en el Ministerio de Educación para que se inculparan unos a otros. “¿Cuántos masculinos y cuántos femeninos había?” “Usted se va cuando yo le diga”, fueron algunas de las frases que recibieron las maestras de primaria. Los abogados que llevaron a cabo esa tarea, Juan Manuel Arretino y Marcela Escribal, no sólo no tuvieron ninguna sanción, sino que fueron ascendidos.

- Modificación de planes de estudio. “Aduciendo una interpretación –incorrecta por cierto– de acuerdos en el Consejo Federal de Educación, dispuso en forma arbitraria y unilateral modificar y/o sacar materias específicas de especializaciones técnicas y artísticas”, indica el informe, que reseña la sucesión de tomas de 54 colegios y movilizaciones que le siguieron a la medida. El gobierno de Macri sólo se sentó a dialogar con ellos cuando la Justicia se lo ordenó.

Salud

“La atención de la salud fue de las más perjudicadas”, indica el ODH:

- Cierre de terapia intensiva en el Durand. Pese a que se había inaugurado en agosto de 2010, la sala recién empezó a funcionar un año después y con menos personal del necesario. “Fue cerrada en junio por falta de personal; recién luego de un mes fue reabierta sólo parcialmente. La falta de designaciones de profesionales médicos y de enfermería provocó, durante el cierre del servicio, un brote de bronquiolitis y el aumento de la mortalidad infantil” en la Comuna 15.

- Incendio en el Hospital Alvarez. “El 10 de enero de 2012 se produjo un incendio el Pabellón D del Hospital Alvarez. El incendio se extendió a diversas áreas del establecimiento, obligando a la evacuación de pacientes a otros hospitales e impidiendo el funcionamiento de servicios como Odontología, Kinesiología, Oftalmología y Hemoterapia, que siguieron sin funcionar durante meses.” El gobierno porteño había tenido diversas advertencias sobre las condiciones de seguridad por parte de los trabajadores. “A casi un año del incendio y sin saber fehacientemente sus causas, los trabajadores y pacientes se encuentran hacinados, los sectores siguen funcionando a menos del 40 por ciento.”

- Bic Mac para el Gutiérrez. Entrando en el terreno del surrealismo, el informe se sumerge en el intento de abrir una Casa de McDonald’s dentro del Hospital Gutiérrez en mayo de 2012. El gobierno de Macri había firmado un convenio que le permitía a la cadena de comidas rápidas usar parte del hospital por 20 años. Los frenó un fallo de la jueza Liberatori.

- Hospital Borda. “Desde el año 2007, con el arribo del PRO, la situación del Borda se ha visto agravada. Desde los problemas edilicios, ya que no se han realizado las tareas de mantenimiento necesarias. Es obsoleta la red eléctrica utilizada y hubo graves problemas con el suministro de gas. Durante 2011 existió un corte del suministro que se mantuvo durante los meses de la época invernal”, recuerda el informe, que denuncia que se externan pacientes que no están en condiciones de cuidar de sí mismos. A esto se suma el intento de desalojo que hizo la Policía Metropolitana de los talleres protegidos del Borda, para construir allí parte del Centro Cívico. En octubre, la jueza Patricia López Vergara dictó una medida cautelar que frenó las obras. La acción de los jueces para revertir medidas de la gestión de Macri quizás explican por qué uno de sus legisladores presentó un proyecto que facilitaría las mayorías en el Consejo de la Magistratura porteño para poder remover jueces.

- Falta de ambulancias en las villas. “Este año fueron cinco las muertes (entre ellas una mujer embarazada y dos niños) ocurridas en villas de la ciudad en las que el SAME no ingresó a tiempo por razones de discriminación social”, consigna el informe. “El 2 de marzo de 2012, Gustavo Maldonado, habitante de la Villa 31 bis, murió al recibir una descarga eléctrica. Maldonado agonizó por espacio de casi una hora, sin que una ambulancia del SAME llegara a asistirlo”, relata. “El 26 de julio de 2012 en la Villa 21, tras un incendio desatado presuntamente a partir de un cortocircuito eléctrico, fallecieron Leonela Berrioz, embarazada, de 20 años y sus hijos, de uno y siete años, sin que acuda un médico del SAME a su auxilio. En esta ocasión, la ambulancia llegó a destiempo e, inexplicablemente, sin un médico a bordo”, reseña. Sobre la gestión PRO pesa un fallo del juez Andrés Gallardo que los obliga a responder a la atención médica en los barrios pobres.

Vivienda y trabajo

- El barrio de IRSA. El informe consigna la situación del Barrio Rodrigo Bueno a raíz del “proyecto de ley que habilitaría la construcción del proyecto inmobiliario denominado ‘Solares de Santa María’ que está siendo discutido en la Legislatura. El mismo es impulsado por el macrismo e implica un megaproyecto inmobiliario de construcción de torres de hasta 160 metros de altura en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca, linderos al barrio Rodrigo Bueno. No contempla un estudio de impacto ambiental y no garantiza el derecho a la vivienda digna”.

- Desalojos en La Boca. “La ciudad tiene 340 mil viviendas vacías y es también la ciudad con mayor proporción de desalojos”, indica. El ODH consigna que el 2 de octubre hubo un desalojo en “un precario conventillo de La Boca, donde unas 20 familias recibieron la sorpresiva visita de la Policía Metropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y golpes desalojó las viviendas, violando impunemente los derechos de quienes allí habitaban a la vez que al debido proceso y al acceso a la justicia. Niños, embarazadas, hombres, todos a la calle”. Para dimensionar los desalojos recurrieron a datos de la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño: “En 2009 se registró un pico con 13.474 subsidios. En 2010 ese número descendió a 7965 familias. El año pasado volvió a ascender a 9199 hogares. Cada año se suman, en promedio, cinco mil familias desalojadas”.

En materia del derecho al trabajo, el ODH señaló que una resolución intentó restringir las asambleas de empleados públicos. Y citó como caso testigo las condiciones de precarización en el programa Buenos Aires Presente (BAP) que atiende a personas en situación de calle: “Según denunciaron los representantes sindicales, la precarización laboral alcanza a 1300 contratados y 500 tercerizados, que cobran un promedio de 2500 pesos por mes, a lo que se les descuenta el monotributo”. El ODH denunció que, ante un intento de sindicalizarse para reclamar un plus que le adeudaban desde el año pasado, recibieron amenazas. El 1º de noviembre, “mientras se encontraban reunidos en el Hospital Rawson, fueron violentamente abordados por un grupo de más de 30 personas armadas, que mediante coacción física les exigían el nombre y paradero de los organizadores”. Cuando llegó la Policía Federal, “el grupo se fugó en móviles del Programa de la Dirección de la Niñez del gobierno porteño”.

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La templanza

Por Sandra Russo

Aunque desde hace diez años Susana Trimarco es un nombre público en la Argentina, y aunque ese nombre devino con el tiempo en el símbolo de la lucha contra la trata de personas, esta semana ella se resignificó de un modo abismal. Hubo un país que la miró no llorar cuando absolvían a los trece acusados por el secuestro y la desaparición de su hija. Que la miró recibir ese golpe con los ojos abiertos y secos de quien ya ha llorado toda la medida de lo humano. Un país miró esa enorme capacidad de impacto, y la reacción que inscribe a Susana Trimarco en la saga argentina de las madres en lucha. De eso tenemos una tradición.

Dos días antes, ella había recibido de manos de la Presidenta el Premio Azucena Villaflor a los Derechos Humanos, en la Plaza de Mayo. Estaban las Madres y las Abuelas. Refiriéndose a otro tema, la ley de medios, pero acertando en el pulso inminente de Susana Trimarco, la Presidenta dijo: “Cómo no vamos a esperar unos días, unos meses más, si ellas han esperado más de veinte años para tener justicia por sus hijos”. “No me van a ver llorar. Tengo el doble de fuerza, y no voy a parar hasta ver presos a los que se llevaron a Marita”, dijo el jueves Susana Trimarco, en su propia reconversión de la adversidad en motor.

Exactamente ahí es donde estas mujeres a las que tributamos emergen como lección, o faro. Han hecho del dolor su fuerza, y de su fuerza su paciencia. Han tenido el objetivo transparente de la justicia y no han dejado de actuar y de operar sobre la realidad ni un solo instante mientras eran pacientes. A lo largo y a lo ancho del país, a través del tiempo, por diferentes causas, hubo y hay muchas otras madres que expresan esa tradición.

Cuando uno habla de Susana Trimarco habla de Marita Verón, porque eso es lo que ella comunica, como lo han hecho desde hace treinta y cinco años tantas otras: Susana Trimarco no existiría para ninguno de nosotros si aquella tarde de abril de 2002 Marita hubiese regresado a su casa. Y ése es el sentido perfecto, redondísimo, del amor de esa madre por su hija: hacerle a Susana Trimarco la justicia que está a nuestro alcance, equivale a no dejar de nombrar a Marita Verón. Su secuestro y desaparición se hubiesen perdido en el olvido si no hubiese sido por la manera en que su madre elaboró su duelo. Fue no permitiéndolo, interponiéndose.

Son nombres que quedan incrustados en la historia, como lo fue el del soldado Omar Carrasco, cuyo crimen, que no fue el primero sino el último, generó el fin del servicio militar obligatorio. Antes que Carrasco habían muerto muchos otros colimbas, pero el hechizo de la domesticación de las conciencias –o las subjetividades, como se prefiera– había consentido esas muertes dudosas de soldaditos. Y de pronto, la de Carrasco fue una muerte intolerable, porque fue más allá de la política y entró directamente en la cultura. Aquella sociedad que seguía consintiendo tantas otras injusticias, dejó de aceptar que sus hijos varones fueran iniciados de acuerdo con el paradigma militar. Lo militar fue revisualizado como la posible vocación de algunos, pero no como la obligatoria introducción de todos.

Hoy este país está reviendo la trata de personas, en el sentido más literal: la está volviendo a ver, la ve porque Susana Trimarco nos ha obligado a enterarnos de que la trata no es abstracta aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de pantallas o relacionada con las policías o distintos poderes. Nos ha obligado a entender que no escandalizarse es consentir. Nos ha traído, rescatadas, de esos antros, a mujeres que dieron su testimonio. Mujeres que fueron secuestradas y víctimas de una sucesión de delitos emparentados con la oferta sexual. Ahí se abren nuevos ejes, que seguramente tienen mucho que ver con lo que ha sucedido con la instrucción y la sentencia absolutoria. Uno de ellos nos obliga a preguntarnos por la diferencia entre la clientela de la prostitución y la clientela de la trata.

Es la actitud de Susana Trimarco lo que la envuelve como un aura. Uno la observa, tratando de descifrar qué es lo que la hace tan alta, tratándose la suya tan evidentemente de una estatura moral. El fallo tucumano que revictimizó a Marita Verón fue tan bajo, entre otras cosas, por el choque con la estatura moral de Susana. En la noche del martes, la Argentina presenció en directo la escenificación de lo alto y lo bajo. Lo bajo fue el fracaso de la Justicia, por los motivos que fueren. Lo alto fue Susana. Una señora de su casa que fue arrancada de esa placidez para internarse en prostíbulos de parajes perdidos, en whiskerías de ruta, en historias de un dolor intransferible.

Esa señora fue la que vino a decirle a la sociedad argentina que lo que se creía que era el mundo de la prostitución encubría otro mundo muy distinto, mucho más abismal, de esclavitud literal: Susana Trimarco vino a hablar de la trata, que no estaba lejos sino incrustada en muchos lugares. De un delito que implica secuestro y degradación. De lo que sigue hablando hoy Susana Trimarco es de las conexiones de la trata con las instituciones.

No deja de asombrar esa mujer y ese atributo que la vuelve alta. Es su temple. Su conexión con una causa de profundidades insondables. En esas aguas interiores, Susana y Marita no se han perdido la una para la otra. Se han fundido. Fuera de la metáfora, fuera del modo de decir. Marita está en Susana cuando Susana escucha la sentencia absolutoria de quienes ella está segura que secuestraron a su hija. Todos a su alrededor gritan, insultan, festejan, lloran, alzan los puños, se exteriorizan. Susana no. Se retiene. Se pone en contacto con su propio motor, que es el deseo de justicia. Ya ahí adentro, en la sala colmada, Susana encuentra su eje. No llora. No dice nada. Se deja llevar de la mano de su abogado, hasta recomponerse. Y cuando habla, vuelve a la carga. Susana Trimarco es la templanza. De eso están hechas todas las civilizaciones. Sin eso no se construye nada. La templanza consiste, en este caso, en el uso activo, incesante y filoso de la paciencia.

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Clarín. Un invento argentino - Capítulo 03 - HD

Más triunfos de la ética

Por Osvaldo Bayer

Entre las preocupaciones diarias, como las de tormentas e inundaciones, y la aprobación o demora de leyes imprescindibles, nos sorprenden con optimismo pleno triunfos de la ética que se refieren a nuestro pasado. Ligar ese pasado con la verdad histórica y no esconderlo. Por ejemplo, el triunfo de ello en la ciudad bonaerense de Vedia ha sido completo y perfecto, sin peros ni aunques. El Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó el cambio de nombre de cuatro calles del distrito. Cuatro. Nombres de personajes –algunos de estructura siniestra, por no decir algo más duro– que nos fueron impuestos por el poder de turno. Nada menos que el mercenario y asesino Federico Rauch, el dictador criminal contra nuestra democracia José Félix Uriburu, el genocida Julio Argentino Roca y el de Ataliva Roca, que hizo los peores negociados y que ponía la cara para que no apareciera el “general”, su hermano, como acusado. El pícaro Sarmiento inventó la palabra “atalivar”. Escribía con gracia: “El general Roca hace sus negocios y su hermano ataliva”. Punto. Todo el mundo lo comprendía y en vez de decir “coimear” los porteños usaban “atalivar”.

Bien, nosotros, los argentinos, con tal de quedar bien con los poderosos, pusimos el nombre de Ataliva Roca a múltiples calles de nuestras ciudades del interior, y hasta una ciudad de La Pampa se llama Ataliva Roca. Algo para mirarse al espejo y enrojecerse. Y esos representantes del coraje civil, los concejales de Vedia, dijeron basta y cambiaron el nombre de la calle Federico Rauch, por Arbolito; la Ataliva Roca, por Juan José Castelli; la general Uriburu, por Manuel Dorrego, y la Julio A. Roca, por Pueblos Originarios. Lo hemos explicado ya numerosas veces, pero lo aclararemos una vez más: Rauch fue en homenaje al mercenario europeo que llegó contratado por dinero por el presidente Rivadavia “para exterminar a los indios ranqueles”. Vino a matar y sus comunicados hablan el idioma más perverso: “Hoy, para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles”. Los otros comunicados hablan de la perversión de este militar que fue ajusticiado por el indio ranquel Arbolito en un encuentro frente a frente. De Ataliva Roca nada bueno podemos agregar sino que fue apenas un lacayo de su hermano. Ahora esa calle llevará el nombre de Juan José Castelli, uno de los más preclaros Hombres de Mayo, que como pocos luchó por la igualdad y la libertad; sus documentos lo dicen todo: junto a Moreno y Belgrano fueron los tres hombres más avanzados de los héroes de aquel 1810. Y justo los que más insistieron en reconocer la igualdad de derechos a los pueblos originarios y terminar para siempre con la esclavitud a que habían sido sometidos por los españoles –”occidentales y cristianos”– en esas formas infames de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Belgrano lo escribe con precisión absoluta que no puede dar lugar a interpretaciones falsas: “A partir de este momento, los pueblos originarios gozarán de los mismos derechos de que gozamos nosotros, los hijos de europeos que tuvimos la suerte de nacer en territorio de América”. Idioma luego traicionado en sus raíces por Roca, Avellaneda y tantos otros que firmaron documentos sobre la “necesidad del exterminio de los salvajes, los bárbaros”. O como dice Roca en su informe final ante el Congreso de la Nación: “La ola de bárbaros que ha inundado durante siglos estas fértiles llanuras ha quedado exterminada para siempre, y ahora quedarán a disposición del capital extranjero y de los inmigrantes”. Todo un ejemplo de ética. Pero nosotros los argentinos, con un dejo de sentido de adulación al poder, les seguimos rindiendo honores con sus nombres a escuelas, plazas, calles y monumentos en bronce.

Bien, nuestro abrazo agradecido. Sería largo nombrar a todos los valientes ciudadanos que propusieron esos cambios, todos con argumentos irrebatibles para ellos mismos.

Por otra parte, la Radio Nacional de Bariloche, a través de su director Carlos Echeverría, organizó un acto para discutir el tema del monumento a Roca instalado en la plaza principal de esa ciudad, que últimamente ciudadanos argentinos de origen mapuche han intentado bajarlo del caballo de bronce en que se exhibe al “conquistador del desierto”, más bien exterminador de los habitantes originales de toda esa región patagónica. El acto fue muy concurrido y se expuso allí toda la documentación oficial de aquellos tiempos, y la entrega de las tierras conquistadas a estancieros de la Sociedad Rural Argentina y al propio Roca, que se quedó con miles de hectáreas en el sur bonaerense, con su estancia “La Larga”. Eso es lo que vale en una sociedad que quiere asentar su democracia: el debate. No sólo de los problemas de la actualidad sino de cómo se comportó en su pasado. Los crímenes legales que se cometieron y que nunca fueron revisados. Los argumentos fueron de tal peso, todos basados en terminar con los racismos y los intereses probados, y en hacer valer la moral y la vida. Le damos poco tiempo a la existencia de ese monumento provocador, principalmente para los pueblos originales que viven desde hace siglos en esas regiones.

Y justamente bien al sur de esa Patagonia vivió durante siglos esa etnia llamada tehuelche, que fue exterminada poco a poco desde la llegada de los europeos. Sobre esa etnia acaba de salir un magnífico libro de Osvaldo Mondelo, titulado precisamente Tehuelches, con una colección increíble de fotografías con sus rostros, los de sus mujeres y los de sus niños. Un libro para tener y repasar por su valor artístico, histórico y antropológico. Rostros sufridos, resignados, soñadores, pensando en otras vidas y apegados a la naturaleza. Un libro para aprender a apreciar a esas culturas básicas del origen de estas regiones como llanuras habitables. Sus vestimentas, sus herramientas de caza. Sus mujeres con ese principio natural de dar vida y los niños, con sus miradas curiosas sin fin. Un libro más que fundamental para nuestras culturas. Y aquí no puedo menos que agregar que han salido a la venta otros dos libros, en sus terceras ediciones: El malón de la paz y Pedagogía de la desmemoria, los dos de Marcelo Valko, un aporte también fundamental para conocer capítulos de nuestra historia referidos a los pueblos originarios.

Justamente en Calafate, ese centro de bellezas patagónicas, se propuso en los últimos días cambiar el nombre de Julio A. Roca por el del cacique Orqueque, un tehuelche que se defendió contra la invasión de Buenos Aires, fue detenido y enviado a esa ciudad, donde al poco tiempo falleció por enfermedad. La proposición se iba a aprobar por unanimidad, hasta que un ciudadano de la ciudad objetó ese cambio. Se leyeron sus argumentos y se decidió entonces posponer la decisión hasta el año próximo, a fin de estudiar a fondo toda la problemática otra vez. He leído los argumentos de este señor, Fernando Arteaga, que son los mismos de quienes defienden el genocidio de Roca, como Mariano Grondona y otros desde el diario La Nación. Aquello de que los mapuches eran indios “chilenos”, cosa que es un disparate. Esos pueblos originarios no reconocían las fronteras actuales, que fueron fijadas mucho después. Justifica lo de la campaña del desierto cuando en realidad había tierra para todos y se hubiera podido llegar a un acuerdo sin recurrir a la muerte o al exterminio, y menos a reimplantar la esclavitud. A lo cual el señor Arteaga denomina una cuestión de época. Cosa que no es así, sería beneficioso que leyera las actas de la Asamblea del año XIII. Ni la muerte ni la esclavitud se pueden aceptar. Y más de aquellos que se preciaban de heredar la cultura europea y cristiana. Pero está bien que se inicie en Calafate el debate sobre estos temas. En esos debates siempre se aprende, mientras se defiendan los derechos de la vida.

Este debate de nuestra historia nos llevar indefectiblemente a forjar un mejor futuro para las próximas generaciones.

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Clarín. Un invento argentino - Capítulo 01 - HD

Publicado el 24/11/2012

Primer capítulo doble, emitido por la TV Pública, de la serie documental "Clarín. Un invento argentino."

1. Noble y su hijo macho (1902-1945).

Clarín nació el 28 de agosto de 1945. Su surgimiento se explica, primero a partir de la biografía de Roberto Noble, su fundador. Noble -dice su hija- era "la oveja negra" de una familia conservadora, atraído por la bohemia porteña hasta que se vinculó con el Partido Socialista Independiente, fundado por Antonio De Tomaso y Federico Pinedo. Inició su carrera política a partir de su participación activa en el Golpe de Estado de 1930, su labor como Diputado nacional y luego como Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Manuel Fresco. En 1945, pocas semanas antes del 17 de octubre, Noble fundó Clarín, inaugurando una nueva etapa en el periodismo argentino. Aunque la historia oficial que él mismo se encargó de difundir sobre su surgimiento tuvo poco que ver con la realidad.

2. ¿Un diario peronista? (1945-1956)
Clarín surgió como un diario antiperonista, pero se adaptó enseguida a la nueva coyuntura política tras el triunfo electoral de Perón. En 1951 aprovechó la estatización del diario La Prensa para quedarse con lo que sería, durante décadas, su principal sostén económico: los clasificados. Tras el derrocamiento de Perón, Clarín se acomodó a la nueva coyuntura para apoyar a la dictadura encabezada por Eduardo Lonardi y luego por Pedro Eugenio Aramburu, y obtener así diversas ventajas que le permitieron comenzar a afianzarse como un gran diario.

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Clarín. Un invento argentino - Capítulo 02 - HD -

Publicado el 02/12/2012

Compartimos el segundo capítulo doble, emitido por la TV Pública, de la serie documental "Clarín. Un invento argentino." dirigida por Ari Lijalad y producida por David Blaustein que narra la historia de Clarín.

3. Clarín, desarrollismo y después... (1957-1969)
A partir de 1957 Clarín se transformó en la voz del desarrollismo encarnado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, con quienes Noble estableció una relación muy cercana. Durante el gobierno de Frondizi, Clarín obtuvo importantes beneficios impositivos y crediticios que le permitieron dar un gran salto económico y comunicacional. A su vez, en 1958 nació Guadalupe Noble, única hija biológica de Noble. Con los años, Guadalupe protagonizará una extensa batalla legal con Ernestina Herrera, que en 1967 se casó con su padre y logró, a partir de la muerte de Noble en 1969, apropiarse de Clarín.

4. La era de Frigerio (1969-1975)
A partir de la muerte de Noble en 1969, Clarín quedó en manos de Ernestina Herrera de Noble. Pero el poder real en la conducción periodística y empresarial de Clarín recayó en manos de Frigerio, quien ocupó los lugares clave de la empresa con militantes desarrollistas de su confianza, entre ellos, el entonces joven contador Héctor Magnetto. Clarín logró diversos beneficios por parte de los dictadores Roberto Levingston y Alejandro Lanusse, y luego tuvo una relación ambigua con el peronismo. En los meses finales de 1975 creció su relación con las Fuerzas Armadas, despidió a los delegados sindicales y apoyó el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

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Hubo dictadura, hay democracia

Por Roberto Follari *

Ofende a la inteligencia, pero más aún a la sensibilidad que haya irresponsables que pretendan que hoy vivimos una dictadura. No estamos en cualquier país: en éste, hace apenas treinta años y con secuelas que están hoy en pleno proceso público de enjuiciamiento, se secuestró, torturó por años, encapuchó, asesinó a miles y miles de compatriotas. En cambio ahora, con total libertad y sin problema alguno para decir lo que quieran y donde quieran, una mezcla de ignorancia y mala fe se resume en la torpe consigna de “estamos en dictadura”. “Perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen”, dice el Evangelio. Y, efectivamente, en este país que entre 1976 y 1983 fue de desaparecidos, presos, exiliados de a miles, exiliados internos, echados del trabajo, perseguidos varios, temor a toda hora de ser encontrados y asesinados, hay quienes insólitamente, con una inocencia digna de mejor causa, insultan a los que entonces sufrieron, con el descaro de llamar “dictadura” a unademocracia de plenas libertades.

Había campos de concentración clandestinos. Había asesinatos múltiples, disimulados en partes militares que hablaban de supuestos intentos de fuga, y espetaban: “Murieron quince subversivos, las fuerzas del orden no tuvieron ninguna baja”. Había rastrillos por manzanas enteras de las ciudades, donde se allanaba violentamente todas las casas una por una, aunque fueran las tres de la mañana. Se bajaba a las personas de los ómnibus y se las revisaba, se veían sus documentos y se cotejaba con listas de perseguidos; se detenía a algunos y nadie se atrevía a preguntar, aunque todos sabían que no se volvería a verlos. Había listas negras en las universidades y fábricas, de donde se echó a miles de profesores, estudiantes y trabajadores, y donde se revisaba también al entrar, a ver si quien lo hacía estaba en alguna lista. Había ruidos nocturnos, frenadas, tiros al aire y a las personas, angustia y desesperación de miles de argentinos que no sabían cuándo podía tocarles la represión en cuerpo propio.

Y ahora se ha avanzado en hacer justicia, a través de los procesos penales en curso. Un caso muy destacable es el sucedido en los últimos días. En el avance sobre las complicidades civiles (que comenzó con varios jueces ligados a la justicia federal de Mendoza), por primera vez está procesado un gran empresario, por la sospecha de su participación en el asesinato múltiple de trabajadores durante aquella época. El señor Blaquier, uno de los dueños del Ingenio Ledesma, es quien deberá responder ahora en la Justicia por muchos trabajadores que fueron secuestrados en una sola noche en predios del ingenio. Una noche horrible y siniestra de la que ahora tendrá que dar cuenta uno de aquellos que es sospechado no sólo de haber acompañado a la dictadura, sino de haber participado activamente de sus métodos.

Es un extraordinario avance; las Fuerzas Armadas se han quejado de que hubo civiles que los llevaron al ejercicio de la barbarie represiva, y que a la hora de delimitar responsabilidades las han dejado solas. Quienes reprimieron no pueden pretender que la instigación por parte de otros atenúe la asunción de sus propias acciones, pero sí corresponde que si hay actores civiles con responsabilidad efectiva (y es evidente que los ha habido), éstos deben dar cuenta de sus actos. Mientras de a poco la memoria va abriendo espacio a la verdad sobre un pasado lúgubre (y esto es un logro democrático indisputable del actual gobierno), está claro para la gran mayoría de los argentinos el significado de la palabra “dictadura”. Horror, oprobio, asesinatos, secuestros, muertes, sufrimiento, cárceles “legales” y clandestinas (a muchos presos legales también se los torturaba), violaciones masivas y reiteradas, torturas y vejámenes interminables y constantes por años, control total y absoluto de la palabra pública y a menudo la privada (por predominio del miedo), más de cien periodistas desaparecidos y/o asesinados.

¿De qué hablan los que hablan de que hoy estamos en dictadura? ¿Es que puede malversarse a esos extremos la expresión pública, es que puede

hablarse así, como si aquellos lamentables episodios de la historia nacional jamás hubieran existido? Lo cierto es que, al margen de quienes pretenden tapar el sol con un dedo e ignorar esos hitos terribles e insalvables de nuestra historia, la necesaria memoria de aquel pasado va haciendo lugar a la justicia. Como en ningún otro lugar del mundo, porque, al revés de lo que se dice desde el desconocimiento, en este tema estamos muy en ventaja como país en tanto nos hemos mostrado capaces de hacer justicia, mientras en casi todas partes donde ha habido parecidos ejercicios del terrorismo de Estado, predominan con los años el disimulo y la impunidad.

* Doctor en Filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.

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