El macrismo denunciado

La Unidad Temática Especial de la Defensoría General pidió en dos ocasiones que funcionarios del Ejecutivo cumplieran la ley. La ignoraron y ahora ocho macristas fueron denunciados penalmente por dolo e incumplimiento.

Por Sergio Kiernan

Tenía que pasar y al final pasó: la flamante Defensoría General porteña denunció a una larga lista de funcionarios del Ejecutivo por su hábito de ignorar con delicia las leyes de la Ciudad. Lo que el defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas Andrés Gallardo patrocinó y el abogado José Iglesias presentó ante la Cámara en lo Criminal y Correccional son dos denuncias claras y graves. En los papeles se reúnen dos de las muchas instancias en las que los funcionarios del macrismo no sólo ignoraron leyes claras y en vigor, sino que ni se molestaron en dar respuestas coherentes –o en algunos casos ni en contestar– al recibir actuaciones. Ahora van a tener que responder ante jueces que ellos no nombraron y no pueden manipular.

Para ver esta historia bien vale arrancar con el caso más sencillo, en el que está acusado penalmente Alejandro Juan Roldán, director general de la Guardia de Auxilio, por “delitos de violación de los deberes de funcionario público” en los términos del artículo 248 del Código Penal de la Nación. El caso arranca el 11 de octubre, cuando la señora Alejandra Pérez Arzeno se presenta ante la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico Urbano que encabeza Gallardo y cuenta el desastre que vivió en su casa. Pérez Arzeno vive en Avenida de Mayo 622, en uno de los primeros edificios de la avenida y por tanto de los más frágiles. El año pasado, en abril, algún genio de la promoción turística autorizó que entre los edificios históricos se realizara el Circuito Callejero de la Ciudad Super TC 2000, una de las cosas más ruidosas.
La manada de autos rugientes sacudió tanto el edificio de la señora Pérez Arzeno que se empezó a caer mampostería del frente, se rajaron al menos dos balcones y aparecieron grietas por el frente. La señora hizo los reclamos 32.652 y 37.120 ante la Ciudad y logró que fueran a sacarles fotos a los daños. El 12 de octubre, los funcionarios de Gallardo inspeccionaron el lugar y vieron que efectivamente había daños pero ninguna obra, apuntalamiento o acordonamiento de la vereda para evitarles peligros a los que pasaran frente al lugar.
La Unidad Especial le envía un documento a la Guardia de Auxilio pidiendo “la inmediata intervención para prevenir el riesgo”, que es recibida el 17 de octubre. La Guardia no hace absolutamente nada, pero nada de nada, con lo que el 21 de noviembre Gallardo repite el escrito, con el plazo perentorio de 48 horas. Roldán y sus empleados vuelven a ignorar por completo el pedido y la Unidad Especial llama al 4546-3457, donde atiende un tal “Walter”, empleado municipal que sigue la costumbre de no dar el apellido ni siquiera a funcionarios judiciales. Walter, sin embargo, promete que Roldán –que “no atiende personalmente estos asuntos”– se va comunicar a la brevedad, cosa que ocurre recién el 5 de diciembre, cuando llama a la Defensoría la arquitecta Marta Gali, dice que es responsable del asunto en cuestión, dice que no encontraba los oficios y pide que se los manden por fax. Minutos después los tiene, cosa que confirma por teléfono. Es la última vez que alguien escucha hablar de Gali o de la Guardia de Auxilio.
En su escrito de denuncia, Gallardo e Iglesias explican que el caso es “de suma gravedad” porque el tema “imponía una atención inmediata, ya sea para conjurar el riesgo de desprendimiento o para determinar técnicamente que ese peligro no existía”. Que Roldán tiene que hacer eso es clarísimo y de boca del gobierno porteño, en su decreto 2075/07 y en su misma página web, que promete que la Guardia actúa las 24 horas de los 365 días del año. Los dos funcionarios concluyen que la conducta de Roldán es “dolosa” porque omitió cumplir con la ley “de una manera intencional”. Como para que no haya ambigüedades, los funcionarios agregan que “queda de lado toda conducta negligente”, que “Roldán tiene el conocimiento de la ilegalidad de su accionar”, que “ha expresado una clara voluntad de oponerse a la ley, desconocerla” y que “ha hecho un mal empleo de la autoridad pública”. ¿Por qué tanta certeza? Porque la Defensoría General pidió por escrito oficial y por teléfono dos veces que actuaran, y Roldán no lo hizo.

PLAZA FLORES

La segunda denuncia presentada por Gallardo e Iglesias es por un caso mayor, con más delitos y más implicados. Es por la forma chapucera y arbitraria con que se enrejó la Plaza Pueyrredón, universalmente conocida como Plaza Flores, que es un yacimiento arqueológico y centro del Area de Protección Histórica del barrio. Las rejas fueron puestas sin la menor consideración a las leyes que rigen lugares históricos y arqueológicos. La causa hasta tiene un acusado que simplemente se fue estupendamente de boca y se enterró solito, solito.
Los denunciados son el director general de Obras Comunales, Guillermo Raffo; el presidente del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, Ramón Antonio Ledesma; su jefazo, el secretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri; el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli; el subsecretario de Espacio Público Comunal, Eduardo Villar; la subsecretaria de Patrimonio Cultural, María Victoria Alcaraz, y el presidente de la Junta Comunal 7, Guillermo Peña.
La historia empezó el 19 de noviembre con dos señoras, Andrea Pinto y Susana González, pidiendo asesoramiento sobre el enrejado de la plaza. Las vecinas sospechaban que las obras se estaban haciendo “sin realizar los actos previos que la normativa exige para tutelar los aspectos patrimoniales y arqueológicos”. Cuatro días después, la Unidad Especial realiza un completo informe que sirve como marco para la denuncia. El informe comprueba que a esa fecha ya estaban los agujeros para fijar las rejas, que el presupuesto es de 758.000 pesos, que el contrato es de Instalectro SA y que el encargado técnico es el ingeniero Miguel Andina Silva.
La plaza es parte del APH 15, una zona 3, que según publicaciones de la misma Ciudad es un lugar “de alto valor histórico” y “emblemático”. El estudio cita una abundante bibliografía histórica y literaria, con Roberto Arlt muy mencionado. Luego se habla del aspecto arqueológico, con lo que se descubre que la UBA hizo más de un trabajo de campo parcial, excavando y coleccionando objetos y que existe una verdadera bibliografía del lugar. Todo esto cae bajo la protección del Código de Planeamiento Urbano como APH y recibe protección ambiental específica como plaza. Entre otras cosas que descubre este estudio, resulta que el Consejo Asesor en Asunto Patrimoniales tiene la obligación de aprobar las obras, y los que la encarguen tienen la obligación de pedir esa aprobación.
Lo mismo ocurre en los términos de la ley de patrimonio, la 1227, que aunque no está reglamentada –ver la columna de Facundo de Almeida– alcanza a decir claramente que la Secretaría de Cultura porteña, dependiente del turístico ministro Hernán Lombardi, es la autoridad de aplicación en las obras que afectan el patrimonio arqueológico. En la misma vena, ese patrimonio es definido y protegido por la ley nacional 25.743, que le da alza al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultural de la Nación. La Ley de Comunas, la 1777, agrega al candelero la flamante autoridad local.
Con lo que para hacer el enrejado de la plaza de Flores había que consultar a la Comuna 7, a la Subsecretaría de Planeamiento, al CAAP y al Inapl. Nada de eso ocurrió, como dicen con gran cortesía en su denuncia Gallardo e Iglesias: “Esta Unidad no ha podido obtener constancias documentales que acrediten el cumplimiento previo de esas exigencias, antes del llamado a licitación”.
Iglesias, como coordinador de la Unidad Especial, pidió a Gallardo que pidiera a la Dirección General de Obras Comunales que suspendiera las obras, y que avisara a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, a la Secretaría de Gestión Comunal, a la Comuna 7, al Inapl, a la Secretaría de Cultura, a la Subsecretaría de Planeamiento y al CAAP de lo actuado, pidiendo a todos que hicieran sus partes. Pronto volaron los oficios, con copias del estudio, todas recibidas y selladas en mesa de entrada. Las respuestas recibidas “evidenciaron el deliberado incumplimiento” de las normas a aplicar.
El Inapl fue el único que pudo evitar cuestionamientos, al aclarar que la autoridad de aplicación –la entidad encargada de custodiar y hacer cumplir la ley nacional– es local y no federal. Esta autoridad en la Ciudad es la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que reconoció por escrito “la necesidad del informe” previo, prometió enviarlo a la brevedad y no lo hizo. El director general de Obras Comunales, que fue específicamente el que licitó el enrejado y dirige la obra, hizo su descargo en persona, en una reunión que quedó registrada en un acta. El arquitecto Raffo debe haber pensado que estaba en una reunión de gabinete, entre amigos, porque lo que dijo ante un funcionario judicial es suicida. Primero aclaró que las obras no se van a suspender porque las pidió el presidente de la Comuna 7 y luego afirmó que no se van a violar ninguna de las leyes de protección porque “sólo se cavarán 50 centímetros y si se encuentra algún resto arqueológico se correrán las rejas”...
Gallardo e Iglesias subrayan que Raffo ya había leído su estudio y que por lo tanto “estaba al tanto de la normativa”, con lo que su respuesta “revela la desaprensión que preside su ejecución, ya que tanto el funcionario como los ejecutores de la obra carecen de la más mínima idoneidad para determinar el carácter arqueológico de un vestigio o para llevar a cabo la perforación sin dañar restos”.
La estupenda ida de boca del arquitecto Raffo no frenó las obras, que se terminaron “sin haber tomado recaudo alguno” y en violación de tres leyes, una nacional y dos porteñas. “Todos los funcionarios denunciados fueron debidamente advertidos, previamente a esa ejecución (de las obras), que en la plaza había restos arqueológicos.” Pero, denuncian lapidarios los funcionarios, “las advertencias fueron deliberadamente desoídas”.

EL FUTURO

Incumplimiento de los deberes de funcionario público es una figura de las viejas, que tal vez poco asuste a los más endurecidos. Pero como todo en esta vida, depende de la energía con que se presenten las acusaciones y la voluntad de investigarlas. En este caso la cuestión es bien simple, porque la plácida indiferencia de los macristas hacia esas molestias legales y su total resistencia a contestar exhortos y pedidos de informes es justamente el centro de la cuestión. Gallardo e Iglesias no acusan a los ocho funcionarios de hacer algo delictuoso que ahora hay que demostrar, por el contrario: les pidieron que hicieran lo que marca la ley y fueron manifiestamente ignorados. Parece que los funcionarios del Ejecutivo no podían creer que alguien pudiera molestarlos.
Como esto es sistemático en la gestión Macri, es de esperar que esta cadena de denuncias penales esté apenas arrancando. Va a ser una alegría ver a los nombrados en estas páginas legales desfilando por tribunales, pero también puede ser el comienzo de una etapa de más cuidado en la gestión. Ya se sabe que cumplir la ley es un fastidio, pero dura lex sed lex.

Cómo matar árboles

Circula por Internet un imperdible trabajo del ingeniero agrónomo Carlos Anaya, arborista certificado por la International Society of Arboriculture. El pequeño paper es notable por su claridad, su detalle y su duro sentido del humor, que explica entre otras cosas que el gobierno porteño habla de “correr” los árboles de la Nueve de Julio para crear un “corredor exclusivo para colectivos” cuando debería decir “trasplante” y “metrobus”, como se dice “en ciudades que no utilizan eufemismos”.
El escrito de Anaya es lapidario y avisa que para el otoño veremos morir muchos de los árboles “corridos”. “La idea era correrlos así la gente se quedaba contenta al no talarse y cuando se comenzaran a secar creerían que fue por el otoño”, escribe el ingeniero, que avisa que con la primavera los cadáveres arbóreos serán retirados de noche. El reemplazo serán cientos de “barriletes” con cintas amarillas y la leyenda Ciudad Verde.
El ingeniero avisa de esto porque sabe: los cepellones –la “bolsa” de tierra con las raíces– fueron muy pero muy mal cortados, la técnica de sujeción para levantarlos los lastimó porque no era la correcta, los pozos estaban mal calculados, la poda fue asesina, el suelo no fue compactado como corresponde, no se puso mulching, las “heridas” de los troncos fueron cubiertas con barro y se hicieron mal los anclajes. Ni los árboles que no fueron corridos se salvan, porque los que están cerca del cordón tuvieron sus raíces mochadas sin más.
“De este horror podrán sobrevivir algunos árboles”, dice Anaya en su conclusión, que agrega que cada árbol “corrido” de esta manera costó varios cientos de pesos. O sea que hasta terminamos pagando caro por un arboricidio.

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LOS TEMAS PRINCIPALES DEL MEMORANDO DE ACUERDO CON IRAN

Las claves del debate

Esta semana se va a discutir el acuerdo en el Senado, ya que el Gobierno busca forzar a Teherán a darle aval legislativo. Las dudas, los peligros y los argumentos para que el mecanismo legal funcione.

Por Raúl Kollmann

El debate sobre el acuerdo con Irán continuará esta semana en el plenario del Senado y la idea ya anunciada es que esté aprobado antes de fin de mes. “El hecho de que tenga el visto bueno en el Congreso argentino significará una presión objetiva para que el congreso iraní también lo apruebe”, dicen en la Cancillería.

En el debate seguramente surgirán viejos y nuevos argumentos:
1 ¿Cuánta legalidad tiene el viaje?
El ministro de la Corte suprema Raúl Zaffaroni ya explicó que tomar indagatorias en el exterior no es una cesión de soberanía y que se ha hecho en numerosas oportunidades. Zaffaroni reiteró que quien debe determinar la indagatoria es el juez Rodolfo Canicoba Corral y es también quien le da validez. Si considera que hay alguna circunstancia que no corresponde a una indagatoria es él quien pone el límite.
2 ¿Pero la Corte autoriza los gastos del viaje o verifica cómo se va a hacer la indagatoria?
También en este punto, Zaffaroni repitió que la Corte establece que se trate de una delegación adecuada, sin personas en exceso y sin gastos en exceso. Y verifica que el trámite corresponda, que esté justificado: o sea que se trata de indagatorias convocadas por el magistrado. Pero respecto de las características de la indagatoria, Zaffaroni dejó en claro que quien valida el procedimiento es Canicoba Corral o, en su caso, la Cámara Federal.
3 ¿La presencia de la comisión de juristas le quita el carácter de indagatoria?
El Ministerio de Justicia dice que no, que “la declaración es conducida y dirigida por el juez como no podría ser de otra manera de acuerdo con la ley procesal. La presencia de la comisión así como de los querellantes, si lo solicitan, sólo requiere del consentimiento de los indagados y la aprobación del juez. Hay fallos en ese sentido de la Cámara del Crimen”. En todo caso, en esto también tendrá la última palabra Canicoba Corral. En un diálogo con este diario, el magistrado ya dijo “nadie va a ir a Teherán a tomar mate”.
4 ¿Qué sucede si el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, se ampara en fueros y no se permite su indagatoria?
En ese caso, Irán estaría incumpliendo el acuerdo. Está muy claro que el punto quinto dice que serán interrogadas todas las personas sobre las cuales Interpol dictó alertas rojas. Son, en total, cinco iraníes, entre ellos Vahidi. Parece cantado que si Irán incumple el acuerdo que firmó quedará expuesto.
5 La táctica de los imputados es ir, declarar y después de ello exigir el levantamiento de los alertas rojos de Interpol.
Las órdenes de captura fueron emitidas por el juez Canicoba Corral para que los funcionarios imputados sean sometidos a indagatoria. De manera que esa objeción, hecha entre otros por el ex abogado de la AMIA, Juan José Avila, es razonable. Lo que sucede es que si el juez procesa con prisión preventiva a cualquiera de los iraníes volverá a regir el alerta roja. No hay ninguna chance de que los alertas rojas se levanten antes de la indagatoria porque sólo el juez podría pedir el levantamiento.
6 ¿Qué sucede en caso de que Canicoba Corral, después de las indagatorias, ordene la detención?
Si los iraníes no entregan a quien decida el juez se librará una orden de captura, ahora ya avalada por un proceso judicial que los mismos iraníes firmaron y que tendrá la supervisión de una comisión internacional de juristas. Timerman dijo ayer en Vorterix: “Este es un gobierno que hace las cosas. Así como conseguimos las indagatorias, trabajaremos para conseguir las detenciones que ordenó el juez, pero ya dictadas con otra fuerza”.
7 Para Israel y Estados Unidos el culpable es Irán y punto.
Efectivamente. Y la AMIA y la DAIA también tienen ese enfoque. Nadie acepta que esta es una causa judicial en la que hay que mostrar evidencia sólida y que ese es el objetivo (ver aparte). El viernes, en Radio Del Plata, Zaffaroni advirtió sobre los intereses internacionales que hay en la causa AMIA: “No podemos dejar de conocer qué intereses se están moviendo detrás de esto”. Zaffaroni conoce bien el caso porque en su momento, antes de ingresar a la Corte, trabajó en un informe sobre la causa junto con Ricardo Gil Saavedra, León Arslanian y Andrés D’Ale-ssio. Fue un informe para la DAIA. Zaffaroni está excusado por esa razón. Sin embargo, en sus palabras hay una advertencia respecto del papel que juega la causa y el Memorándum en la escena internacional. La propia Presidenta ya había ido por el mismo camino: “No permitiremos que se use la causa AMIA como pieza de ajedrez en los intereses geopolíticos de otros”.
Está claro que Irán ha manifestado reiteradas veces que quiere la destrucción de Israel, que su presidente niega el Holocausto y que en muchísimos aspectos es un régimen retrógrado. También es evidente que hay un conflicto con el proyecto nuclear de Teherán y que no faltan, sobre todo en Estados Unidos, quienes ambicionan poner sus manos sobre el petróleo iraní.
En ese marco, hace rato que se viene hablando de bombardear Irán y, como argumento adicional, se utiliza el de la causa AMIA. También en las últimas semanas se habla de encaminarse hacia soluciones diplomáticas. El 26 de febrero las grandes potencias se reúnen con Irán en Kazajistán. Barak Obama ha dicho que hay que encontrar una vía diplomática con Irán, pero la amenaza de bombardeos está presente.
La cuestión es que, en la Argentina, estamos hablando de un caso judicial en el que un juez y luego los tribunales superiores tendrían que resolver sobre la base de pruebas.
8 Los
riesgos
El viernes, Zaffaroni sostuvo: “No he estudiado el Memorando a fondo, de manera que no me puedo pronunciar sobre ese texto. Yo creo que, de todas maneras, hay que buscar una forma de avanzar. Ojalá sirva, sea un paso. Si nos quedamos como estamos sólo vamos a sumar más años a los 18 y medio que ya llevamos”.
La Presidenta, el canciller Héctor Timerman, los familiares que respaldan el acuerdo y hasta el fiscal internacional Luis Moreno Ocampo, que asesora a la DAIA, saben –y lo dicen públicamente– que el éxito no está asegurado. Irán promete idas y vueltas por las internas que existen en el país persa y la proximidad de las elecciones presidenciales del 14 de junio. Habrá que constituir la comisión de juristas y que éstos se pongan de acuerdo en cómo compatibilizar los dos regímenes jurídicos. Hoy existe una orden de captura contra el fiscal Nisman en Irán, deberá verse cómo se supera ese obstáculo y tantos otros. Cuando se firmó el acuerdo, el canciller Al Salehi dejó entrever que tenía el visto bueno del ayatolá Alí Khamenei, la máxima autoridad de Irán. Nadie sabe si es cierto o si –como es probable– aparecerán nuevos obstáculos.
No faltan los que manifiestan que el acuerdo es un camino a la impunidad. Lo cierto es que hoy no hay nadie preso, de manera que el caso está actualmente impune. Y no habría que olvidarse de que no tenemos tampoco nadie preso por la conexión local, o sea los que actuaron aquí en la Argentina. Aunque suene repetitivo no se sabe cómo se consiguieron los explosivos, dónde estuvo la camioneta, por dónde entró el supuesto suicida, quién lo albergó, quién respaldó toda la operación.

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Dilemas y debates tras una década de cambios

 

Por Eduardo Anguita. Predomina una lógica dicotómica atravesada por el respaldo al gobierno o la oposición cerrada  a la presidenta.

La lógica del silencio sobre los temas espinosos de la sociedad es conservadora, es funcional a mantener un statu quo donde los privilegiados no pierdan sus ventajas. No sólo eso: los medios de comunicación en manos de los sectores más ricos de la sociedad actúan de modo pedagógico para que la vida cultural de los sectores desposeídos se distraiga observando y tratando de imitar los hábitos y costumbres de los sectores minoritarios. En esa concepción de la cultura y la comunicación que pretende no cambiar los privilegios, hay un fuerte arraigo en lo más conservador de los sectores desposeídos: la creencia de que el mejor sistema de promoción y movilidad social es el que descansa en el ojo del amo. Es decir, quedar bien y congraciarse con aquellos que poseen los medios de producción y tienen el privilegio de decidir quién está más capacitado para tal o tal puesto de trabajo. En muchas familias humildes y trabajadoras, el efecto imitación crea escalas de valores y de disvalores cuya traza es un complejo cruce entre los valores dominantes y aquellos destinados a la subsistencia. Una subsistencia en dos direcciones: la de reproducir el sistema y la de concretar algunas mejoras individuales. Un ejemplo grafica esta doble vía: el obrero que no quiere conflicto con el patrón con la esperanza de no perder el trabajo y con la esperanza de que aquel le dé trabajo a sus hijos o, al menos, los recomiende para un empleo. Se trata de una lógica potente. Aunque esté atravesada de conductas poco épicas desde el punto de vista de la identidad proletaria, aunque resulten muy poco entusiastas para quienes profesan (profesamos) una confianza ilimitada en la capacidad transformadora de los pueblos, esa forma de razonar a veces es indestructible. En todo caso, para desafiarla e intentar por todos los medios debilitarla y remplazarla por los valores del protagonismo popular, es necesario desmenuzarla con cierto desapasionamiento.

Hace muy pocos días, el ex presidente brasileño Lula dio una cátedra al respecto. Fue en el marco de un encuentro de militantes e intelectuales en La Habana (IIIª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo) que sesionó bajo la invocación de José Martí, de cuyo nacimiento se cumplieron 160 años. Lula hizo una reseña de sus años de lucha por arribar al gobierno de Brasil y puso énfasis en la cantidad de universidades y casas de estudios terciarios creadas durante sus dos mandatos, sobre todo por estar dirigidas a la educación y capacitación de sectores sociales que no accedían a los más altos niveles de conocimiento académico. Lula, con ironía y sagacidad, aclaraba que se trata de una gran paradoja: un obrero que apenas terminó la primaria fue quien puso al Brasil en el camino de la inclusión, pero de una inclusión que brinda herramientas para la verdadera soberanía popular, la que brinda a los desposeídos el acceso a un aspecto del poder que es fundamental: el poder del conocimiento refrendado por un título académico. A continuación, este obrero metalúrgico, que creció en la fragilidad de la pobreza, agregó con determinación que sólo estaría conforme con estos logros si se llega a la verdadera igualdad de oportunidades, consistente en que la hija del patrón sea compañera de aula del hijo de la empleada doméstica. 

No fue necesario que Lula desplegara la cantidad de intersubjetividades que despierta la sola idea de tener un ámbito de igualdad en un escenario de desigualdades. Quizá esa sea una de las puntas del ovillo para repensar lo que está pasando –o no pasando– en la Argentina que fue hundida por los sectores privilegiados (especialmente los poderosos de las finanzas) en 2001 y que empezó a recorrer un camino de protagonismo popular desde mayo de 2003. Antes de entrarle a la Argentina, un comentario más sobre Lula: ese encuentro en La Habana, fue el escenario en el que Frei Betto recibió el prestigioso premio internacional José Martí de la UNESCO. El propio Lula lo abrazó reiteradamente. Para quienes no estén familiarizados con Frei Betto, se trata de un religioso, fraile dominico y teólogo de la liberación, de 68 años, que transita la militancia popular desde los años '60. Apoyó siempre a Lula en todas las oportunidades (cuatro) en las que se presentó a las elecciones presidenciales. Cuando ganó, en diciembre de 2001, Frei Betto participó por un tiempo en su gobierno. Lo hizo en los programas para sacar del hambre a 45 millones de compatriotas. Al cabo de dos años, renunció, argumentando que el gobierno había cambiado aquellos programas emancipatorios por programas asistencialistas con fines electorales. Frei Betto se volvió a la celda del convento dominico en San Pablo de donde nunca había sacado sus pocas pertenencias materiales. Y no se quedó callado: publicó un libro (La mosca azul) en el que critica con dureza las apetencias y transformaciones de quienes acceden a funciones públicas y al manejo del poder político. Este cronista tuvo oportunidad de dialogar con Frei Betto sobre su libro y sobre las conductas de aquellas personas y colectivos forjados en la resistencia y que, tras ganar elecciones, se encuentran albergados en sistemas de vida diseñados para que la sociedad no cambie. Los dilemas de la vida cotidiana, de los estímulos del poder, de la exacerbación de mezquindades, de todas esas cosas se trata La mosca azul. Era un palo muy fuerte para el propio Lula y para los petistas (militantes del Partido dos Trabalhadores, que fue fundado en San Pablo en pleno Carnaval de 1980) que llegaban al Palacio del Planalto. Lula, a casi diez años de aquel distanciamiento, incluso salpicado por los procesos de corrupción de algunos de sus máximos colaboradores, no tuvo empacho en abrazar y festejar junto a Frei Betto. 

 

LABERINTOS ARGENTINOS. Puede constatarse que, en los últimos años, especialmente desde el conflicto con las patronales agropecuarias de 2008, la circulación de debates que articulen distintos puntos de vista se empobreció. Predomina una lógica dicotómica atravesada por el respaldo al gobierno o la oposición cerrada a la presidenta. Para el kirchnerismo esto se debe fundamentalmente a la manipulación mediática de quienes se resisten a perder privilegios (el Grupo Clarín). Si bien eso es así, cualquiera que pretenda analizar las tensiones de una sociedad deberá preguntarse cuánto puede aguantar la mentira o la tergiversación sin el soporte que brinda ser parte de una clase dominante que cuenta, además del aparato mediático, con la hegemonía en valores (o disvalores) culturales. Es decir, la batalla cultural, a la que tanto refieren comunicadores o dirigentes kirchneristas, aparece como una simplificación entre quienes argumentan verdades y quienes intoxican a la comunidad. Más de una vez, quienes tienen (tenemos) una concepción transformadora de la sociedad enfrentan una serie de interrogantes respecto de quiénes pueden verse beneficiados y quiénes perjudicados por la instalación de debates que van al fondo de un sistema capitalista, dependiente y periférico pero que no tienen masa crítica social, cultural y política. Es decir, más de una vez, caben preguntas como si la Argentina está en condiciones de discutir en serio la renta agropecuaria y el modelo de soja transgénica hecha por Monsanto y exportada por las multinacionales donde el Estado aparece sólo para cobrar las retenciones. Y la pregunta no es cobarde: basta ver cómo Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, le cuenta a La Nación cómo ya no existe la oligarquía, por la sencilla razón de que las herencias se ocuparon de subdividir los campos. Y chau. El gran problema es que Venegas no tiene por ahora siquiera una lista opositora en el sindicato que pueda disputarle no sólo el aparato sino la hegemonía de tantos años de construcción política. Convengamos, en un sector que hace 70 años fue un bastión de Juan Domingo Perón contra la oligarquía. Para muestra basta recordar el Estatuto del Peón Rural. 

Si los debates no circulan con más profundidad por los medios, cabe preguntarse si lo hacen por otros carriles, como por ejemplo, los partidos políticos y las organizaciones sociales. Es probable que sí, que en el seno de las organizaciones libres del pueblo haya mucho más caldo de cultivo que en los medios. Pero tampoco al punto de pensar que el Frente para la Victoria y sus aliados reciban una presión social como para avanzar de modo firme y lineal en establecer un modelo de transformaciones. Más bien, puede constatarse que las iniciativas para recortar privilegios y promover cambios culturales estuvieron fomentadas desde el propio gobierno. Los ejemplos al respecto son arrolladores y los protagonistas por excelencia resultaron Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, muchos de quienes militan a favor de profundizar los cambios no son partidarios de abrir debates porque, consideran, eso resta consistencia al bloque popular que apoya a Cristina. Ese razonamiento, fuerte, tiene, sin embargo, al menos tres flancos muy débiles, a juicio de quien escribe estas líneas. El primero es que se asienta en una falacia: creen que de un lado están los buenos y del otro los malos. Pretende que toda la clase media es anti-K. Basta recorrer el voto de estos años para verificar que tanto en áreas rurales como urbanas, hay un voto cambiante especialmente en las capas medias. Pero hay un problema adicional para los que se ven seducidos por ese razonamiento dicotómico: el voto con el estómago o el bolsillo es parte de la política, la gran mayoría de la sociedad, además de votar por sus identidades partidarias, lo hace con el humor que le dejan ver sus ingresos. Y una buena parte de la clase media consumista es anti-K pero también buena parte del pueblo (asalariados, cuentapropistas y sectores medios) afianza su cristinismo más por cuánto gana que por dimensionar los cambios históricos. El segundo tema es que hay mucho para hacer en la perspectiva de la historia, especialmente para entender las tradiciones coloniales de Latinoamérica y la Argentina. Ese aspecto de la batalla cultural no se mide en rating sino en saber introducir cambios reales. Los cambios curriculares en la enseñanza media se van dando, lentamente, pero se dan. La nueva producción historiográfica y de documentales o ciclos televisivos o de radio y medios gráficos va cobrando fuerza. La integración latinoamericana y la solidaridad entre naciones hermanas van cambiando paradigmas de xenofobia. En definitiva, aquellas acciones que no sólo muestran lo malos que son los malos sino la cantidad de veces que los proyectos nacionales y populares no pudieron plasmar su fuerza o que cuando lo hicieron se encontraron con la ferocidad impiadosa de los poderosos. Para que la gente pueda sentirse parte de un proceso transformador es preciso abrir las puertas para que se debatan los temas claves de la economía y la sociedad, desde los recursos mineros y petroleros hasta los impuestos y el pacto federal. La creencia de que no se puede administrar el debate de los temas de fondo sin debilitar un proceso político popular es ciertamente un error profundo. Se puede, con responsabilidad, con mayor acceso a la información, y no sólo la de la gestión pública sino con datos de cuáles son los niveles de rentabilidad de las clases propietarias, para que todos puedan saber quiénes son los que "se la llevan en pala" y para ver dónde están parados esos que conservan privilegios. Y aquí viene el tercer elemento: desde el Estado, desde el gobierno, se pueden hacer cosas maravillosas para que los sectores postergados históricamente estén mejor y sean protagonistas de una nueva Argentina. En buena hora que las derechas acusen a los gobernantes latinoamericanos de populistas. El gran desafío de estos años es si los sectores populares, tras el convite del kirchnerismo, están poniendo sus propias marcas en este proceso o se limitan a acompañar lo que se hace. Es, a juicio de quien escribe, un tema lleno de incógnitas. Si las tradiciones sindicales se están desvaneciendo o se corre el riesgo de haber perdido los puentes con algunos dirigentes que quizá todavía tienen fuerza en las bases. Si la nueva participación juvenil alberga una dirigencia sin la contaminación propia de ser parte del nuevo funcionariado político. Si habrá algunos sectores anti-K que se den cuenta realmente que están siendo funcionales a la peor derecha y a los sectores más privilegiados del capitalismo. En fin, si al cabo de una década, y en medio de las turbulencias propias del día a día, estaremos viviendo en un mundo que albergue esperanzas ciertas de cambio. Al respecto, Frei Betto publicó hace poco un artículo con algunas referencias imprescindibles: "Según la ONU, para facilitar la educación básica a todos los niños del mundo sería preciso invertir 6000 millones de dólares. Y sólo en los EE UU gastan cada año en cosméticos 8000 millones. El agua y el alcantarillado básico de toda la población mundial quedarían garantizados con una inversión de 9000 millones de dólares. El consumo de helados por año en Europa representa el desembolso de 11 mil millones de dólares. Habría salud elemental y buena nutrición de los niños de los países en desarrollo si se invirtieran 13 mil millones de dólares. Pero en EE UU y Europa se gastan cada año en alimentos para perros y gatos 17 mil millones; 50 mil millones en tabaco en Europa; 105 mil millones en bebidas alcohólicas en Europa; 400 mil millones en estupefacientes en todo el mundo; y más de un millón de millones en armas y equipamientos bélicos en el mundo. El mundo y la crisis que le afecta sí tienen solución. Siempre que los países fueran gobernados por políticos centrados en otros paradigmas que huyan del casino global de la acumulación privada y de la incontenible espiral del lucro. Paradigmas altruistas, centrados en la distribución de la riqueza, en la preservación ambiental y en el compartimiento de los bienes de la Tierra y de los frutos del trabajo humano," -

TIEMPO ARGENTINO

Días de ira

Por Luis Bruschtein

Si pasan más de dos meses sin elecciones o sin movilizaciones se instala la sensación de que el planeta está contra el Gobierno. Este gobierno debe ser el que más rápido y más veces ha perdido votos y asistencias en un imaginario de microambiente y después los ha vuelto a recuperar. Ha ganado elecciones desde el 2003, ha movilizado cientos de miles de personas numerosas veces pero, a los dos meses de hacerlo, los diarios opositores, los columnistas de esos diarios o esos medios ya están hablando en nombre de todos. Como los medios se apropian de todos, los opositores rápidamente empiezan a hablar en nombre del pueblo cuando protestan y se apropian de esa figura. Se crea de esa manera un cuadro que, además de no ser real, tampoco conforma un aporte democrático. Habría así una totalidad que detesta a este gobierno, a todos sus integrantes y a todos sus simpatizantes. Hay un “todos” quienes detestan a esos otros “todos” que ni siquiera suman. Hay una pantomima en el esfuerzo por totalizar y hay una voz totalitaria en una parte de la oposición que se engolosina con ese caramelo amargo que conlleva una semilla de intolerancia.

Como sucede con las ideas totalitarias, tienen poco sustento en la realidad. Se cansan de decir que representan a todos, o al pueblo en masa, y después pierden las elecciones o buscan excusas para explicar las convocatorias con cientos de miles de personas que realiza el Gobierno. Esa parte de la oposición, pero sobre todo los medios opositores, disemina una doctrina totalitaria, un sentido común que relaciona el “todos” nada más que con el conjunto que integran los que tienen su misma forma de pensar y no con el verdadero conjunto integrado por todos. Es una idea totalitaria que descarta a los otros cuando son mayoría.

Nadie representa a todos. El kirchnerismo tampoco. En todo caso, puede representar a una mayoría y a veces a una primera minoría. Pero en democracia, con eso se ganan elecciones y se gobierna. La imposibilidad –por ceguera o por conveniencia– de ese discurso totalitario granmediático de aceptar a esa mayoría que no piensa como ellos creen que debería hacerlo segrega un sustrato de violencia sobre el cual se apoyan todos sus argumentos.

El discurso de acusar de violento al kirchnerismo aparece también como un acto de prestidigitación. No ha habido ningún caso de periodista opositor o crítico agredido por hordas kirchneristas o efectivos policiales. No ha habido ni uno solo. Pero Joaquín Morales Solá fue al Congreso a denunciar que peligraba su vida y otros reconocidos periodistas lo acompañaron para hacer denuncias similares. Y las cosas han sido al revés: hubo periodistas golpeados por hordas, pero de caceroleros antikirchneristas y no una, sino varias veces. Por su parte, el Gobierno impulsó la erradicación de la figura del desacato por la cual eran juzgados muchos periodistas que criticaban a los gobiernos. Pero, insólitamente, el que sí persiguió judicialmente a periodistas fue el Grupo Clarín, que es el principal emisor de ese discurso cargado de violencia y para el que trabajan muchos de esos periodistas que estuvieron en el Congreso.

Los turistas que patotearon a la familia Kicillof cuando volvían de Punta del Este actuaron de la misma forma que muchos caceroleros, el mismo modus operandi que una banda de linchadores. Los linchadores están convencidos de que los justifica un fin justiciero o republicano. Los que lincharon negros o masacraron indios pensaban que defendían la pureza de la República. Y se sienten más justificados si además están convencidos de que lo hacen en nombre de todos.

La patoteada de ese grupo de turistas de alta gama generó una polémica sobre la violencia. Se está hablando de una violencia concreta, no genérica, y que ha sido antikirchnerista, como la de esos turistas o la de Miguel Del Sel con sus insultos. Y resulta que el análisis que hacen los grandes medios y algunos opositores concluye que los kirchneristas tienen la culpa por la violencia contra ellos. Se supone que un discurso violento del kirchnerismo tendría que ocasionar violencia contra los antikirchneristas. Pero el kirchnerismo sería tan estúpido que su discurso violento genera violencia contra sí mismo.

No ha habido hechos de violencia protagonizados por el kirchnerismo, pero se lo responsabiliza por una supuesta violencia verbal o metafórica. El argumento es que la soberbia del Gobierno genera violencia. O que el Gobierno no respeta a las minorías y no abre el diálogo.

Pero si se compara el gobierno nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en cuatro años Mauricio Macri ha vetado más de cien leyes aprobadas por la Legislatura donde están representadas las minorías y ha actuado y se ha expresado en forma más represiva con las minorías que manifiestan en las calles. Si el gobierno nacional es soberbio o no respeta a las minorías, el gobierno porteño le saca varios cuerpos en esa performance y sin embargo no hay una relación directa con la violencia que despierta, no hay una violencia antimacrista.

En principio, parece una autojustificación buscar las causas de la violencia del antikirchnerismo en el propio kirchnerismo y lo más lógico sería hacerlo entre los que la promueven y la practican, en la falta de tolerancia de esas personas, en la poca calidad democrática que demuestran sus acciones. Si los violentos fueran kirchneristas, el problema sería del oficialismo, en contrapartida es un problema del antikirchnerismo que en sus movilizaciones haya mucha gente que se expresa con tanta violencia. La única forma de reclamar respeto es respetando, cosa que no sucede con los que patotearon a la familia Kicillof, con las expresiones de Miguel Del Sel ni con muchos de los que salen a cacerolear. El problema de la violencia está ahí y una actitud responsable de la oposición tendría que ir más allá del oportunismo de achacarle sus propias fallas al kirchnerismo.

Cuando se habla de violencia se confunden a propósito muchas cosas que no son iguales. No es lo mismo León Gieco que Miguel Del Sel. No es lo mismo decir que Macri no tiene propuestas que decirle “conchuda hija de puta” a la Presidenta. Y no es lo mismo la patoteada a la familia Kicillof que los “escraches” que hacían los HIJOS a represores de la dictadura. Las diferencias no son ni siquiera sutiles. Y si bien es censurable que a Nelson Castro no lo hayan querido atender en una confitería, ese agravio es minúsculo comparado con la cobardía de los turistas caceroleros de Punta del Este.

No deja de sorprender que, hace diez años, las movilizaciones del PJ generaban inquietud por los desbordes y desprolijidades. Ahora los que despiertan inquietud por posibles desbordes violentos y actitudes grotescas son esos sectores de las capas medias antiperonistas cuando salen a cacerolear.

Pero los artilugios mediáticos lo instalan al revés, como si la violencia física antikirchnerista tuviera su causa en una violencia kirchnerista metafórica o verbal. Pese a que ni siquiera se puede decir que desde el punto de vista físico haya violencia de ambos lados, sino solamente del antikirchnerismo, lo que se instala en un sector de la sociedad es todo lo contrario. En vez de condenar esos hechos de violencia, estos mismos artilugios les otorgan un carácter justiciero en representación de la sociedad. O sea: si Del Sel putea a la Presidenta, al hacerlo, lo hace en representación de todos. Si un grupito de turistas de Punta del Este patotea a la familia de un funcionario, se les otorga una representación del pueblo. Así, dos situaciones violentas, grotescas, de bajísima calidad ciudadana, son presentadas como emergentes de un supuesto malestar general. Y rápidamente empiezan a circular encuestas que dan por descontado que Cristina Kirchner perdería cualquier elección, lo que se parece más a una expresión de deseos.

El oficialismo tiene muchos flancos para ser criticado por derecha y por izquierda. Pero en los últimos tiempos, el tema de la violencia política, los desbordes y el resentimiento constituyen un problema de la oposición. Y sería un error generalizar esas actitudes más allá del grupo social que las protagoniza y que siempre fue muy antikirchnerista.

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Timerman Malvinas, EL CANCILLER EN LONDRES

TIMERMAN RECORDÓ OTRO 

CASO DE COLONIALISMO

BRITÁNICO

El canciller argentino les pidió a los periodistas que "tanto preguntaron sobre la autodeterminación, que recuerden el caso del pueblo changociano". El caso es el de la usurpación en 1965 de la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos en el océano índico, que cuando Inglaterra y Estados Unidos expulsaron a sus 1.100 habitantes.

El canciller Héctor Timerman ofreció declaraciones en Londres tras reunirse con los lores y representantes de la Cámara de los comunes.

Timerman habló del escenario político internacional desde la segunda guerra mundial, preguntó a los periodistas cómo era la relación entre Alemania e Inglaterra entonces. "Aquella vez el Reino Unido dialogó con la Alemania democrática ¿qué hubiera pasado si no lo hacía, cómo estaría Europa hoy?".

Concluyó: "Me llama la atención que de todos los periodistas que me preguntaron por la autodeterminación, no hayan hecho referencia al pueblo nativo expulsado de su territorio para que pueda ser alquilado por una base militar de los Estados Unidos."

Y finalizó: "Tal vez esto demuestre lo que piensa el Reino Unido sobre la autodeterminación de los pueblos".

"Espero que las próximas veces que tengan la posibilidad de entrevistarme, recuerden al pueblo changociano expulsado de su propio territorio sin ningún tipo de derecho y sin que nadie les haya preguntado si querían salir del lugar donde habían nacido".

El caso que citó Héctor Timerman es el de un pueblo que fue expulsado de la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos, para ser vendido por Reino Unido a Estados Unidos, que lo utiliza como base militar. Más información del caso aquí, y con videos, aquí.

También participaron de la conferencia de prensa, la embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, y los titulares de la comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados, Daniel Filmus y Guillermo Carmona, respectivamente.

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Visión 7: Debate a cielo abierto sobre la Asamblea del año XIII