PÚBLICAS Y PRIVADAS: CIERRES Y SUBSIDIOS

PÚBLICAS Y PRIVADAS: CIERRES Y SUBSIDIOS Escribí esto hace unas semanas desde mi lugar de director de una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto en el que creía y creo imperioso que hablemos sin vueltas, con sentido común y con sentido de lo común. Y también tomando riesgos; ¿o no es acaso que estamos expuestos por el hecho mismo de ser maestros, en un tiempo en que las escuelas no pueden decirse impermeables a las realidades que las circundan?; ¿o no es también que los argentinos estamos viviendo una época de profundos cambios? Dice con razón el sentido común, que hay escuelas públicas y escuelas privadas. Es engañoso, en cambio, sostener que las escuelas privadas son escuelas públicas de gestión privada. Porque para ser públicas no alcanza con que –entre otras formalidades- otorguen títulos oficiales, o se atengan al cumplimiento de una parte de los estatutos laborales de los docentes, o paguen salarios en base a pautas oficiales, o conmemoren algunas efemérides. Tampoco que promuevan campañas de caridad. No alcanza y volveré sobre esto. Hay escuelas públicas y escuelas privadas. Y hay muchas escuelas privadas subsidiadas por el Estado local, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todas las otras jurisdicciones de nuestro país, sin que tampoco esto las convierta en escuelas públicas. Bien por el contrario: es la pretendida condición de ser públicas lo que les brinda argumento para recibir aportes estatales. Todo sentido común diría que es razonable que el Estado subvencione escuelas privadas sin fines de lucro y que atienden a poblaciones carenciadas en zonas en las que el Estado mismo no llega a cubrir sus obligaciones educativas. Pero, como es sabido, hay mucho subsidio otorgado en condiciones que son bien otras y esto no es de ahora. Puede leerse al respecto, aunque cabría actualizar datos y montos, la información que brinda la periodista Nora Veiras en Página 12 del 20 de octubre de 2008 baja el título Los únicos privilegiados son los niños (privados). También el colega Enrique Samar dio ejemplos de ello en su nota Ni un grado menos, publicada por el mismo diario el 9 de abril último. “Ni un grado menos”, es la consigna con la que docentes, padres y estudiantes se oponen –desde comienzos de este ciclo lectivo- al cierre de grados y divisiones que intenta el gobierno porteño. En su lucha alegan, con la razón que les otorgan los números y las políticas de los últimos años, que estos cierres, llamados fusiones, son un escalón más en una política tendiente a la privatización de la educación en la Ciudad. Por otra parte, lo dice también Samar en su nota, coadyuvan a esa política ciertos privilegios que tienen las escuelas privadas. Uno de ellos es el de formar equipos de trabajo, aunque nadie desde el sentido común diría que eso es malo. Lo que es malo, muy malo, es que las escuelas públicas no puedan hacerlo porque, entre otros factores mucho más complejos, hay ciertos aspectos del estatuto del docente que afectan esa posibilidad; si bien amparan justos derechos laborales individuales, no llegan a contemplar lo que es una necesidad pedagógica esencial: que cada escuela pública esté sostenida por un colectivo docente estable, coherente a su interior y decidido a, cito a Samar, “promover la solidaridad, la educación intercultural, la educación sexual integral, la formación en derechos humanos y ciudadanía (…) fortalecer la integración y reconstruir el tejido social”. Debo decir, para diferenciar posiciones en un tema ríspido, que cada vez que el actual gobierno de la Ciudad ha intentado abalanzarse sobre el estatuto y sobre las escuelas y su cotidianidad, lo ha hecho desde una perspectiva economicista y de control, la misma con la que hoy intenta el cierre de grados. En las escuelas públicas de nuestra Ciudad late de por sí el sentido de lo común, aunque ese latido viene sufriendo arritmias; algunas, las más perversas, por acción, omisión y desidia del gobierno local; otras –creo yo- por cierta desviación corporativa. Así y todo, insisto, late lo público en cada familia, en cada docente, en cada estudiante que las elige y las defiende. Y también en las distintas formas de lo gremial, que –aunque cabría preguntarse si hacen o no equipo en cada escuela- es lo que porta una parte de ese sentido de lo común. En los colegios privados, aun en los estéticamente progres, en cambio, parece latir de por sí el sentido del privilegio; y esto los puede sumar de hecho a la vereda privatizadora, tal como hoy se les señala desde el campo de la defensa de la educación pública. Pero no todo está perdido; tenemos otro lugar posible: también las escuelas privadas podemos alcanzar lo público si proyectamos el trabajo con nuestros estudiantes para que sean capaces y deseosos de militar en lo común, con una perspectiva ética, no dogmática, de preocupación activa por un proyecto colectivo de sociedad que incluya, que reduzca las brechas entre ricos y pobres, y que genere posibilidades de progreso, justicia y dignidad para todos. Claro que esto hoy -por sobre las elucubraciones que escribo- obliga a cada una de las escuelas privadas que tomen esta perspectiva, a rever con responsabilidad social si su realidad amerita o no un subsidio estatal, para luego obrar en consecuencia; y también, a manifestarse públicamente en rechazo a los cierres de grados y a todo otro avance privatizador en educación. Quiero subrayar esto último. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está ejecutando en los hechos una lógica privatista, según la cual el Estado debería, por un lado, “aguantar” las escuelas públicas para los que no pueden ni pagar ni nada y, por otro, subsidiar la expansión del sector privado. Sepamos que ese despliegue privatista estatal, puede encontrarnos a los privados en el lugar de la claque de un Estado que se corre de ciertos espacios y funciones, a la espera de que esos espacios vacantes se nos conviertan en buenas oportunidades para los negocios o las doctrinas. ¿Cada cual atiende su juego?

Néstor Abramovich. Director del Colegio de la Ciudad