Un intento antes de llegar a la Justicia
La Defensoría General porteña, encabezada por Mario Kestelboim, sostiene que la inscripción on line discrimina y empuja la matrícula hacia la escuela privada. Si el ministro de Educación Bullrich no atiende el pedido, pedirán un amparo judicial.
Mario Kestelboim, secundado por Cecilia González y Eduardo López.
Imagen: Rafael Yohai.
Imagen: Rafael Yohai.
La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó ayer un pedido al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, para que suspenda el nuevo sistema de inscripción on line a las escuelas públicas porteñas. El mecanismo de inscripción informatizado “es un nuevo avance en contra de la escuela pública”, subrayó el titular del organismo, Mario Kestelboim. En caso de no recibir respuesta por parte del ministerio, la Defensoría anunció que planea interponer ante la Justicia una acción de amparo. Desde otro organismo, la Defensoría del Pueblo porteña, también requirieron la revisión del sistema para poder consensuar “una modalidad de inscripción transparente y que garantice la igualdad de oportunidades”.
En la nota enviada ayer a la cartera educativa porteña, la Defensoría General solicitó la suspensión de la nueva modalidad de inscripción propuesta para el período lectivo 2014, ya que representa una medida “restrictiva del derecho de acceso de la educación”. Se trata de un sistema que “ha sido puesto en funcionamiento de manera intempestiva, aun cuando en diversos establecimientos ya se encontraba en marcha el sistema tradicional”, agrega el documento. “Probablemente la voluntad administrativa de implementar el sistema no sea conmovida por esta petición –reconoce la nota que lleva la firma del defensor general y la defensora oficial en el fuero Contencioso Administrativo, Cecilia González–, pero apostamos de todas formas a intentarlo.” Desde el organismo adelantaron que en caso de no recibir respuesta presentarán el lunes de la semana que viene un recurso de amparo.
El nuevo mecanismo de inscripción para los niveles iniciales, primario y secundario se implementará, según anunció el Gobierno de la Ciudad, a partir del 4 de noviembre. Tanto docentes como padres expresaron sus reparos porque muchos no tienen acceso a Internet y porque no están claros los criterios con los que el sistema asignará las vacantes.
El pedido de suspensión fue anunciado ayer en una conferencia de prensa de la que participaron Kestelboim, la titular de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo Nº 4, Cecilia González, y el titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López.
“Queremos que se preserve lo que ha sido una tradición en cuanto al derecho de la familia a elegir la escuela pública y a no ser discriminada, ya que los padres que deseen enviar a sus hijos a la escuela privada siguen teniendo el derecho de elección”, explicó el defensor general. Kestelboim explicó que “encomendamos a la defensora Cecilia González para que adopte las medidas necesarias a fin de evitar que este atropello a los derechos de las familias y de los docentes sea efectivamente cumplido”. El defensor consideró además que “el objetivo de esta medida es, sin dudas, desalentar la escuela pública y llevar la matrícula a la escuela privada que, en definitiva, es un negocio”.
A su turno, González manifestó que espera “que el ministro revierta de inmediato esta medida que pone en riesgo el ingreso a la escuela pública de toda la población”. La letrada precisó que este nuevo sistema de inscripción informatizado “genera una afectación al ejercicio del derecho de acceso integral a la educación, tutelado por la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales, y contradice la Ley Nacional de Educación y también se contradice con el propio reglamento educativo de la ciudad de Buenos Aires”.
González remarcó que para la elaboración del nuevo sistema “no hubo participación de los directores ni de los supervisores. Desconocemos los parámetros técnicos aplicados”. La titular de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo Nº 4 indicó que “las máquinas no pueden distinguir ni discriminar positivamente para equilibrar determinadas situaciones de desigualdad que requieren un tratamiento especial”. Y agregó: “Sin lugar a dudas son necesarias las mejoras tecnológicas. Ese no es el problema. Se pretende una modernización, pero que garantice el debido acceso a la educación”.
El titular de la UTE, en tanto, recomendó a los padres “acercarse a la escuela, conocer las instalaciones, los directivos, los docentes y decidir libremente a qué escuela mandar a sus hijos”.
El jefe del área de derechos a la educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Gustavo Lesbegueris, consideró que “atento a las inquietudes recibidas” y “las falencias detectadas” solicitaron que el sistema se “suspenda, hasta tanto se consensúe con los actores del sistema educativo una modalidad de inscripción transparente y que garantice la igualdad de oportunidades”.
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