El predio está frente a dos jardines infantiles y una escuela primaria. Fue cedido por la Ciudad en 2007 a la CEAMSE. "Es, lisa y llanamente, un desastre", aseguró la Defensoría del Pueblo. El macrismo dice que en septiembre deja de funcionar.
En la avenida Varela al 2600, en el barrio de Villa Soldati, se levanta una "planta de transferencia de residuos áridos", a cargo del gobierno porteño y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). En los papeles, allí se reciben ramas de árboles, tierra y escombros, que luego son remitidos a los rellenos del Conurbano Bonaerense. Pero, en lo concreto, el complejo es un verdadero basural, donde los desechos conviven con roedores, denuncias por irregularidades y contaminación. Un auténtico "desastre", según definió la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y eso no es todo: frente al predio hay tres establecimientos educativos donde, día a día, 800 chicos están expuestos a la amenaza sanitaria generada por las 1500 toneladas de desperdicios que cada 24 horas ingresan a la planta.
Pese al pedido de organismos de control, vecinos y ambientalistas para que el lugar sea cerrado, y de la promesa de clausura hecha hace más de un año por el macrismo, hasta el momento todo sigue igual.
La gestión de Mauricio Macri fue advertida sobre esta situación hace ya cuatro años, en 2008, cuando la Defensoría del Pueblo emitió un primer informe con las anomalías y peligros vinculados al basural. Allí se constató la inexistencia de una autorización o estudio de impacto ambiental que habilitara el funcionamiento del complejo. También se señaló la acumulación de materiales no permitidos, como residuos "peligrosos, electrónicos, domiciliarios, tambores de gasoil sobre el piso sin ningún tipo de acondicionamiento y presencia de derrame de combustible en el terreno". Esto causaba, de acuerdo con la documentación a la que pudo acceder Tiempo Argentino, "un riesgo tanto para la salud de los vecinos como para los trabajadores del lugar". En abril de 2012, la Defensoría corroboró que, a pesar del tiempo transcurrido, continuaban las mismas y precarias condiciones. Por esa razón, recomendó la "urgente clausura" de la planta.Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, explicó a Tiempo: "Toda esa mezcla con residuos electrónicos, que son los más tóxicos y contaminantes, es muy peligrosa. Al entrar en contacto con aire, agua o tierra, el impacto se vuelve impredecible. Eso debe tener una disposición adecuada y no puede estar a cielo abierto."
El ex legislador Eduardo Epszteyn, secretario de Ambiente durante el gobierno de Aníbal Ibarra, también denunció esta situación en 2008. "El Ejecutivo no cambió absolutamente nada. La planta sigue en estado de precariedad y abandono", afirmó Epszteyn.
Por otra parte, también en 2008, la Procuración General porteña, a instancias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, había pedido investigar otras posibles irregularidades. Según la versión de varios transportistas, se les habría cobrado "peaje" a camioneros que trasladaban volquetes con materiales áridos. La acusación hizo foco en dos funcionarios: Alberto Báez, por entonces encargado de la planta; y Alberto Términe, director general de Limpieza. Ambos fueron denunciados por presunta violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales, es decir, coimas. Y aunque desde Ambiente y Espacio Público no pudieron precisar el estado actual de la denuncia, lo concreto es que tanto Báez como Términe siguen trabajando para la Ciudad: el primero es director del Operativo de Higiene en Vía Pública, y el segundo se mantiene en su antiguo puesto.
En una recorrida por Villa Soldati, este diario pudo observar las montañas de desperdicios que se acumulan, tanto dentro como en los alrededores del complejo. Sucede que, según relataron los vecinos, muchas empresas de volquetes arrojan escombros y basura en las calles del barrio con total impunidad. Así lo contó Claudia Carbajal, de La Veredita, un asentamiento donde viven decenas de familias humildes y que se encuentra a pocas cuadras del predio. "Pasa a toda hora. Los camiones tiran la basura en la esquina, a metros de la gente. Hay feo olor y se llena de ratas", sostuvo Carbajal.
Sólo una estrecha calle separa al basural de tres establecimientos educativos: la escuela infantil Nº 5, donde concurren niños de 45 días a cinco años; la Nº 9, para chicos de tres a cinco años, y la primaria Nº 23. En total, son unos 800 pibes, muchos de los cuales viven en villas de la zona, bajo condiciones de vulnerabilidad.
"Son los principales afectados. La planta genera mucho polvillo y eso va directamente a las vías respiratorias de los chicos", detalló Mirtha Alonso, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Soldati.
En diálogo con Tiempo Argentino, Carlos María Fuente, director de la escuela Nº 23, pidió el cierre de la planta y agregó: "También se ven muchos casos de conjuntivitis. Siempre somos el último orejón del tarro. No quiero hacer de esta escuela un basural, quiero dignidad para mis alumnos." Otro de los establecimientos afectados es la Asociación Juvenil Araucana, un centro que alberga durante el día a jóvenes y adultos con discapacidad mental. "Esto no nos benefició para nada, porque para nosotros la higiene es una prioridad", aseguraron desde la institución, también ubicada frente al predio.
Estas denuncias fueron corroboradas por la Defensoría del Pueblo, como señaló a Tiempo el defensor adjunto Atilio Alimena (ver entrevista). Según el organismo de control, se está violando no sólo la Ley General del Ambiente de la Ciudad, sino también el propio artículo 26 de su Constitución, donde queda en claro que "toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar".
A finales de 2007, durante la gestión de Jorge Telerman, el terreno fue cedido en comodato para ser operado por la CEAMSE. Desde la empresa estatal, además de asegurar que sólo reciben "restos de obra y poda", sostuvieron que "el predio es administrado por la Ciudad. CEAMSE se encarga sólo del transporte". Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, que dirige Diego Santilli, respondió a este diario lo contario: "La Ciudad sólo se encarga de la puerta. Toda la operatoria puertas adentro es responsabilidad de la CEAMSE."
Por otra parte, la defensoría afirmó que tampoco existen controles en relación a las toneladas de desechos recibidos y despachados a los rellenos del Conurbano, ya que el lugar no cuenta con una balanza que pese a los camiones. De esta manera, no sería posible establecer con exactitud el valor que debe pagar a la CEAMSE el Estado porteño.
"Estamos recibiendo más basura y pagando de más. Esto no es una planta de transferencia. Yo lo llamaría, lisa y llanamente, un desastre", sostuvo el defensor adjunto Alimena, quien en abril pasado pidió a la Agencia de Protección Ambiental la "urgente clausura" del lugar. Además, recomendó al gobierno de Macri que se detengan las tareas realizadas en el terreno y se proceda a su recomposición ambiental.
Frente a la multiplicación de los reclamos, en marzo de 2011 Santilli había dicho que se iba a concretar la clausura, para lo que era necesario poner en funciones otra planta similar en el barrio Zavaleta. "Vamos a cerrar el predio y abrir otro donde se va a formalizar el trabajo y a controlar más", afirmó el ministro, pero ya pasó casi un año y medio desde aquella promesa.
"Ahora se comprometieron a que en los próximos dos o tres meses la planta esté cerrada. Hay que ver si cumplen", señaló Alimena. En Ambiente y Espacio Público aseguraron que "cuando CEAMSE termine la obra del galpón para insonorizar el predio, Zavaleta va a operar las 24 hs y se cierra Varela. Estimamos que va a pasar entre agosto y setiembre".
Mientras tanto, quienes siguen esperando son los chicos y los vecinos de Soldati, uno de los barrios más postergados en el sur de la Ciudad, donde el macrismo ya dio largas muestras de desidia. «
TIEMPO ARGENTINO
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