INSTITUTO PARA LA EVALUACION

FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE UN INSTITUTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EQUIDAD EDUCATIVA EN LA CABA

 PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA DIPUTADA NACIONAL MARA BRAWER(FPV).

14/5/13

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar su preocupación ante el Proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad

y Equidad Educativa del GCBA presentado por el  poder ejecutivo porteño, que se debatirá próximamente en la Legislatura de la  Ciudad de Buenos Aires. Preocupa en particular el carácter de entidad autárquica que dicho proyecto asigna al Instituto, como así también que sus

funciones exceden ampliamente aquellas que justifican su creación, debilitando de este modo el rol del Ministerio de Educación en aspectos sustanciales de la política educativa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En los próximos días, se debatirá en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Proyecto de Ley de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del GCBA. Dicho Instituto, que funcionará como entidad autárquica, tiene la misión de evaluar los aprendizajes de los alumnos, la formación y desempeño docente, el funcionamiento institucional del sistema educativo y el impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación.

Se atribuyen a dicho Instituto funciones que exceden en mucho las requeridas para el cumplimiento de su misión como, por ejemplo, c) producir y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos educativos, d) diseñar e implementar una política de difusión de información y estadísticas educativas

y j) producir, recibir, organizar y suministrar información sobre el sistema educativo, a fin de elaborar una amplia base de datos estadísticos, funciones asignadas en el Art. 5

Capítulo 1, Creación y competencias.

En nuestra opinión, el carácter autárquico, que disocia la evaluación de las instancias en las cuales se define la agenda de gobierno, como así también el exceso en las funciones asignadas, debilitan el rol del Ministerio de Educación en aspectos sustanciales de la política educativa.

Sostenemos que el proyecto obedece a las concepciones neoliberales que tanto auge tuvieron en nuestro país en la década de los 90 y que hoy continúan vigentes en la ciudad de Buenos Aires. Con lógica e intereses más propios del mercado, estos enfoques reducen el rol del Estado, restringiendo sus funciones a la asignación de recursos y a la evaluación de los resultados.

Son numerosos los países que han sufrido y continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de Estado que debía reducirse y limitar su intervención. Orientados por la lógica del “libre juego entre la oferta y la demanda”, y bajo la concepción de que la educación es un servicio o una mercancía a la que se accede según el poder adquisitivo de cada cual, se trataba de que el Estado se limitara a financiar la demanda transfiriendo dinero a consumidores y escuelas privadas. En estos modelos la evaluación desempeñaba un rol claro: orientar la asignación de recursos hacia las escuelas que obtuvieran “mejores resultados” y, en consecuencia, resultaran más demandadas.

En el caso de la Argentina, estos modelos encontraron un límite en la tradición y en la normativa existente, que reconoce que la educación es un derecho y no una mercancía que se puede adquirir en el mercado. Así lo establece la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, su propia Constitución sancionada en el año 1996.

Aun así tuvieron sus claros efectos. Aquellos años de exacerbación de la lógica del mercado y debilitamiento del Estado en su función de regulador social nos dejaron como “legado” el

aumento de la brecha entre quienes más y menos tienen, como así también porcentajes alarmantes de población excluidos del acceso a todo derecho. El desmantelamiento sistemático de la infraestructura pública trajo aparejado un profundo proceso de precarización y desprotección social que fue padecido por la mayor parte de la sociedad, en particular por los sectores más desprotegidos.

La educación no quedó por fuera de este proceso. Como resultado de esas políticas, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema educativo cada vez más fragmentado y desigual, donde el costo del deterioro de la escuela pública lo pagan los sectores más vulnerables. Diversas investigaciones exponen que la distribución geográfica de la pobreza muestra profundas desigualdades

según zonas: del total de la población NBI un 61.7% habita el cordón sur, en el cual reside solo un 26.8% de la población total de la CABA (datos extraídos delinforme de situación presentado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el marco de fundamentación de su Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria). En este contexto, genera amplia preocupación las características de las evaluaciones que impulsará el Instituto como así también el uso que se hará de la información obtenida. Si bien no lo explicita el proyecto de creación, existen

suficientes indicios sobre ambas cuestiones.

A fines del año pasado, en una entrevista concedida al diario Clarín, el jefe de gobierno porteño presentó el Índice de Equidad y Calidad de la Educación Porteña (IECEP), una herramienta de evaluación para las escuelas públicas y privadas porteñas. Según sus propias palabras, “si bien hay evaluaciones que se hacen desde el año 93, la novedad es que ahora el equipo directivo de cada

escuela y los padres de los alumnos conocerán ese índice y podrán compararlo con el promedio del resto de su comuna y el global de toda la Ciudad. Es decir sabrán el nivel de la escuela que dirigen, o a la que envían a sus hijos”.

El IECEP se compone de promoción, repitencia y evaluación de los aprendizajes y soslaya otras variables que resultan fundamentales a la hora de evaluar el funcionamiento de las instituciones educativas sin desconocer las profundas desigualdades sociales y económicas de la población que atienden.

Sabido es que en el mundo entero, no sólo en nuestro país, los resultados de las evaluaciones muestran una gran correlación entre los logros cognitivos y la clase social de los estudiantes lo que ha llevado a la necesidad de revisar y contextualizar las variables que tradicionalmente éstas tienen en cuenta. Así lo entiende y lo establece la Ley de Educación Nacional, que en su artículo 95 enuncia como objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema cobertura: “repetición, deserción, egreso, promoción, sobre edad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de la evaluación”.

Asimismo preocupa la intención manifiesta por el Jefe de Gobierno de publicar información desagregada por escuela, por las previsibles consecuencias en la orientación y selección de la matrícula.

Así planteada la evaluación, es de prever que aquellas escuelas que atienden a los sectores económicamente favorecidos obtengan mejores puntuaciones y en consecuencia sean más solicitadas por estos mismos sectores que son quienes tienen a su vez mayor capacidad de concretar sus expectativas en una demanda educativa; mientras que aquellas escuelas que atienden a sectores vulnerables obtengan puntuaciones más bajas y por lo tanto tiendan a ser menos buscadas.

Cabe destacar que en la entrevista mencionada el jefe de gobierno presenta los distritos escolares con mejores y peores índices que, sobra decir, coinciden con el nivel socioeconómico de la población que atienden.

Se contribuye de este modo a profundizar la fragmentación ya existente, generando mayor desigualdad educativa que reproduce las desigualdades socioeconómicas de la población. La elaboración de

un “ranking” de escuelas, entonces, se contradice con la función del Estado de garantizar el derecho a la educación para toda la población, y por lo tanto velar por la calidad de educación que se ofrece en todas las escuelas, superando las desigualdades existentes. Por otra parte, la publicación de resultados desagregados por escuela se contrapone con lo explicitado por la LEN, que en su artículo 97

establece que “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Finalmente, en el marco de las declaraciones realizadas por el Jefe de Gobierno, se agrava la preocupación por el resguardo de los intereses de la educación como bien público, ya que el mismo proyecto de creación deja abierta la posibilidad de subsumir la lógica evaluativa a intereses privados al

contemplar que el Instituto puede ser en parte financiado por organismos privados.

Así en su artículo 17, inciso b, sanciona que “son recursos del Instituto las subvenciones que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros”.

Para concluir: la educación no es una mercancía que podremos consumir en mayor o menor grado según nuestro poder adquisitivo en el mercado. Es un bien público y es un derecho social. Y ello obliga al Estado, y a quienes nos sentimos parte de él, a dotarlo de herramientas que permitan concretar en acciones sus políticas para el sector. No se trata de debatir si evaluar o no evaluar sino de debatir el sentido de la evaluación en el diseño de políticas públicas y de generar condiciones para que efectivamente constituya una herramienta de mayor inclusión y justicia educativa y social.

En este sentido es que creemos que la evaluación tiene que ser parte de un proceso que tienda a mejorar de manera integral la calidad de la educación, y para que ello ocurra es necesario que el Estado se comprometa activamente en la generación de un proyecto de política educativa. Por eso nos preocupa la disociación que el Proyecto establece entre los responsables de diseñar e implementar estas políticas y quienes llevan a cabo la evaluación.

 Dicha disociación promueve una evaluación independiente de las políticas de estado, pero no de los intereses del mercado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

Mara Brawer

Diputada Nacional

FPV