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El espíritu que subyace en vigilar escuelas públicas con cámaras de seguridad cuaja con la idea macrista del control social y con cerrar un negocio estimado en 532 millones de pesos.
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, suele jactarse con que la Metropolitana está basada en el modelo de los Mossos d’Escuadra, nombre con el que se conoce a la agencia policial autónoma de Cataluña. Una vez alguien le aclaró que la especialidad de dicha fuerza es la persecución a indocumentados; entonces, el funcionario enarcó las cejas, y su respuesta fue: “Bueno, eso es lo que allá la gente pide.”
Por aquellos días –corría el otoño de 2010–, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, protagonizaron un extravagante acto oficial: entregar plasmas para ver los partidos de la Selección en una escuela que tenía cortado el servicio de electricidad.
Ambos episodios, además de significar un verdadero paradigma de la lógica macrista, expresan el pensamiento profundo del PRO ante dos temas de suma importancia en el manejo del Estado: la seguridad y la educación. Ahora, tras la aplastante victoria de Mauricio Macri en el ballottage del 31 de julio, el jefe de gobierno decidió redoblar su apuesta en esas áreas. En cuanto a la primera, se acaba de anunciar la creación de un cuerpo antidisturbios integrado por 140 efectivos de la Metropolitana para liberar las calles de piqueteros. En cuanto a la segunda, se dispuso instalar cámaras de monitoreo en 90 establecimientos educativos.
El espíritu que subyace en la creación de una Guardia de Infantería del PRO cuaja con la idea macrista de poner en marcha “una policía de aproximación a la gente”, sólo que, en este caso, tal aproximación será con cachiporras, gases lacrimógenos y balas de goma. Pero en una escala módica, puesto que –en su etapa inicial– el flamante cuerpo únicamente intervendrá en piquetes de hasta 100 personas, porque dicha mazorca aún no cuenta con la cantidad de agentes necesarios para grandes manifestaciones. Esta entrará en acción en el caso de cortes no autorizados, y los manifestantes que se resistan podrán ser detenidos. “No vamos a criminalizar las protestas sociales. Sólo vamos a hacer cumplir la ley. El tránsito es una complicación para el ciudadano común y necesita de la intervención del Estado”, fueron en tal sentido las palabras de Montenegro.
A su vez, el espíritu que subyace en vigilar escuelas públicas con cámaras de seguridad cuaja con la idea macrista del control social y, al mismo tiempo, con cerrar un negocio estimado en 532 millones de pesos, dado que la licitación al respecto contempla dotar con equipos de monitoreo a un total de 330 edificios de la Ciudad. Sin embargo –más allá del deterioro edilicio de un gran número de escuelas abandonadas a la suerte de dudosas ejecuciones presupuestarias– la implementación de ese panóptico educativo desató una tormenta de críticas y repudios –que hasta incluyen una acción de amparo ante la justicia– en razón de que viola explícitamente el derecho a la intimidad de niños y adolescentes.
Dado que semejante suma de innovaciones sólo se circunscribe al ámbito de la Ciudad, resulta sobrecogedor imaginar en lo que podría convertirse este país si Macri estuviera sentado en el sillón de Rivadavia. Se trata, desde luego, de una especulación contrafáctica, aunque con una analogía demasiado próxima: el Chile de Sebastián Piñera.
Ya se sabe que el mandatario trasandino es objeto de un gran respeto por parte de Macri, quien, incluso, le ha dispensado la siguiente opinión: “Piñera tiene un penetrante intelecto. Siempre sabe más que nadie sobre cualquier tema, ya sea cultural, deportivo, de negocios, de gobierno o de historia.” En resumidas cuentas, ese hombre y su estilo son para Mauricio el ejemplo a seguir.
Al respecto, una reciente frase suya –en respuesta a los reclamos por una educación gratuita– lo pinta por entero: “Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero quiero recordarles que, al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar; si damos educación gratuita al 10 % más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos estarían financiando la educación de los más afortunados, y por lo tanto, quiero hacer un llamado a alejarnos de las consignas y entrar al fondo del problema.”
En honor a ese llamado al sentido común, Piñera desató el 4 de agosto una brutal represión contra estudiantes secundarios y universitarios que salieron a la calle para manifestar su repudio a la política arancelada en las instituciones educativas. En esa jornada hubo unos 800 arrestados y una cantidad no menor de heridos; entre ellos, 28 carabineros.
El ministro de gobierno, Andrés Chadwick, salió al cruce de las numerosas denuncias de violencia con las siguientes palabras: “Carabineros ha actuado en forma absolutamente responsable y prudente, con un indudable apego a la ley y, como corresponde, en forma completamente profesional. Actuó con sentido profesional para cuidar los derechos de todos los ciudadanos frente a jóvenes que sabían perfectamente que las marchas no estaban autorizadas.”
Toda semejanza con el lenguaje de Montenegro no es una simple coincidencia.
Lo cierto es que tanto Macri en Buenos Aires como Piñera en Chile cifran su proyecto de país en una suerte de pinochetismo empresarial, cuyo deber no es otro que el de salir en defensa del ciudadano común (la gente, el vecino), ante las tropelías cívicas propiciadas por grupos disolventes incapaces de asimilar el nuevo signo de los tiempos: un modelo mercantilista en el que toda política social es concebida, simplemente, como un servicio.
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