Funcionaria en la cuerda floja

Debate en el gobierno porteño tras las denuncias contra la jefa de inspectores

Es Vanesa Bercowski, directora de Fiscalización y Control. Tras la investigación publicada por Página/12, pidió eximición de prisión. Escuchas telefónicas la involucran en una red de tráfico de influencias para habilitar boliches y evitar inspecciones y clausuras.

Por Eduardo Videla

La Agencia Gubernamental de Control, una máquina de devorar funcionarios.

La renuncia de la directora de Fiscalización y Verificaciones, Vanesa Bercowski, o su eventual continuidad en el cargo era debatido ayer en el máximo nivel del Gobierno de la Ciudad. La funcionaria aparece involucrada en la investigación de una red de tráfico de influencias, que agilizaba habilitaciones de comercios o evitaba inspecciones y clausuras a cambio del pago de una cuota de protección. Tras conocer el contenido de las escuchas telefónicas que la comprometen en el hecho, la propia funcionaria presentó un pedido de eximición de prisión, que fue concedido por el juez, previo pago de 350 mil pesos de caución.

Ayer, tanto el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, como su mentor, el diputado del PRO Enzo Pagani, se reunieron con Bercowski para analizar su situación. No hubo declaraciones públicas, pero trascendió que el futuro de la funcionaria era analizado en el máximo nivel del gobierno porteño, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se encuentra de vacaciones en el exterior.
De producirse el alejamiento de Bercowski, sería la quinta renuncia en la controvertida Agencia Gubernamental de Control –el organismo creado por Mauricio Macri para concentrar las inspecciones y habilitaciones– desde que se inició esta gestión, hace menos de cuatro años.
Bercowski es la encargada del área de control de comercios, entre los que se encuentran bares, pubs, discotecas y otros locales nocturnos. Inició su carrera en el Gobierno de la Ciudad en 2004, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, con un contrato como asesora legal en la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, luego disuelta. Logró más poder en el área durante la gestión de Diego Gorgal como ministro de Seguridad, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman, pero recién con la llegada al poder de Mauricio Macri, el 3 de enero de 2008 fue nombrada directora de Fiscalización y Habilitaciones. Llegó a ese puesto de la mano del diputado Enzo Pagani.
Bercowski quedó comprometida en la causa por los diálogos que mantuvo con Federico Garaglia, un gestor con quien habría tenido una relación personal. Garaglia es socio de Leandro Camani, el marido de Samanta Farjat. Ambos aparecen en numerosas escuchas refiriéndose al cobro de dinero para agilizar habilitaciones o permisos y evitar que inspectores visiten a sus clientes. Sus domicilios fueron allanados la semana pasada por orden del juez Juan Ramos Padilla, a cargo de la causa. A ambos, el juez les concedió la eximición de prisión, con una caución de 250 mil pesos para cada uno. Otro involucrado es el abogado Matías Pantarotto. También aparece en las escuchas y su domicilio fue allanado.
La primera renuncia en la Agencia Gubernamental de Control fue la de su titular, Federico Young, en marzo de 2009. Su sucesor, Pablo Bourlot, no alcanzó el año de gestión: se fue en enero de 2010. Le siguió Raúl Oscar Ríos, un dirigente del club Boca Juniors, quien tuvo que irse en agosto de ese año, después del trágico derrumbe en Villa Urquiza: mientras los rescatistas buscaban víctimas entre los escombros, Ríos participaba de una reunión de la comisión directiva del club para analizar el contrato de Román Riquelme.
Tres meses después renunció Martín Farrell, el director de Habilitaciones y Permisos. Venía siendo cuestionado por la habilitación de locales y de espectáculos masivos, pero la gota que rebasó el vaso fue la tragedia de Beara, donde murieron dos chicas por el derrumbe de un entrepiso. Farrell quedó comprometido con la habilitación irregular del local, después de que la propia Bercowski había recomendado no otorgar el permiso. El fiscal Andrés Madrea, incluso había pedido su declaración indagatoria como imputado en esa causa, pero la jueza Alicia Iermini aún no lo citó.
Días después de la tragedia de Beara, Farrell fue a la Legislatura a brindar un informe. En esa ocasión, el diputado Eduardo Epszteyn le preguntó si tenía conocimiento de la actividad del abogado Matías Pantarotto como habitual contacto con funcionarios del área para gestionar habilitaciones. Pantarotto es abogado de los empresarios imputados por el derrumbe en Beara.
Farrell se fue de la Agencia Gubernamental de Control, pero fue recompensado por Macri por los servicios prestados con un cargo en la Procuración General de la Ciudad.

Página12