METROVÍAS DESMINTIÓ A MACRI

La empresa concesionaria de las seis líneas de subterráneo y Premetro, Metrovías, rechazó "enfáticamente los comentarios relacionados con el estado de los activos y la seguridad operativa" pronunciados por Macri.

La empresa concesionaria de las seis líneas de subterráneo y Premetro, Metrovías, rechazó hoy "enfáticamente los comentarios relacionados con el estado de los activos y la seguridad operativa" pronunciados por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, durante la conferencia en la que anunció su negativa a hacerse cargo del servicio de ese transporte en la Ciudad.

De esta manera Metrovías salió al cruce de los argumentos expuestos ayer por Macri al rechazar el servicio, sumándose a los ya manifestados por legisladores del FpV y de otras fuerzas políticas, incluyendo la UCR, como así también del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el vicepresidente Amado Boudou. 

En ese sentido, Abal Medina aseguró hoy en declaraciones radiales que "el subte va a ser gestionado por la Ciudad de Buenos Aires" y le pidió al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que cumpla la ley y se haga cargo del servicio.

En ese marco, el Jefe de Gabinete consideró que el traspaso "fue firmado, lo votó el Parlamento" y se preguntó ¿qué otra medida hace falta? para que el traspaso a la Ciudad se haga efectivo.

Asimismo, rechazó el argumento del macrismo según el cual la cuestión podría destrabarse mediante una reunión entre Cristina y el jefe de gobierno porteño, indicando que "este no es un tema personal", dado que "acá hubo un acuerdo firmado, cuando no se cumple, ¿para que vamos hablar de una reunión?".

Argumentó además que "es sorprendente" que el macrismo diga que no tiene la potestad tarifaria sobre el subte "cuando la han ejercido, habría que preguntarse cuándo la perdieron".

La empresa Metrovías, por su parte, indicó en un comunicado difundido esta tarde que las "inversiones realizadas por el Estado Nacional son las que posibilitan prestar hoy un servicio en mejores condiciones y contar con activos más valiosos que al momento de comenzar la operación, en el año 1994", saliendo así al cruce de lo expuesto por Macri.

Por su parte el vicepresidente Amado Boudou, aseguró que el Jefe de Gobierno "muestra un rasgo peligroso, dado que cuando no le gusta la ley la veta" y cuestionó que al manifestar su rechazo para hacerse cargo del servicio de subtes "actuó como un autócrata que se pone por encima del Congreso".

Boudou, en una entrevista con Canal 26, expresó anoche que tras conocer la negativa de Macri y escuchar sus consideraciones "realmente demostró que nunca se vio a un dirigente trabajando para no hacer nada y no hacerse cargo".

"Busca permanentemente ir corriendo la raya, cuando es obvio que el subte es de la Ciudad. No puedo olvidar que el 5 de enero Macri se sentó a firmar el convenio, y aquel era un hecho trascendente para mejorar el servicio", recordó.

Por último, advirtió que "es un rasgo peligroso el que mostró Macri" durante su discurso, dado que "cuando no le gusta la ley la veta, como lo hizo ya con 89 de ellas, dejando en claro que cuando no se siguen sus caprichos se enoja".

En tanto, el texto dirigido por Metrovías fue acompañado por dos documentos anexos en los que se detallan, entre otros puntos, las inversiones realizadas en las distintas líneas del subte porteño en los últimos años.

En un pasaje del primer anexo, bajo el subtítulo de "Inversiones", se enumera que respecto del "material rodante" se ha llevado a cabo la "reparación de 356 coches recibidos que se encontraban fuera de servicio" además de la "incorporación de 128 coches reacondicionados para la línea B, de origen japonés" y la incorporación de 78 coches reacondicionados de la ciudad de Nagoya (Japón) para las líneas C,D y E".

También se enumeran la "incorporación de 96 coches nuevos de la marca Alstom para las líneas C,D y E", como así también las distintas certificaciones en materia de "seguridad y modernización" de la línea A.

ntarios2012 12:30:05

Cada vez más solo con el cierre de cursos

LOS SUPERVISORES ESCOLARES TAMBIEN RECHAZAN LA MEDIDA IMPULSADA POR BULLRICH

Ayer se sumaron a los gremios docentes y los padres en su reclamo por la anulación de la cuestionada medida. UTE reunió 50 mil firmas de rechazo. Tras un mes de conflicto, el martes, el ministro anuncia si mantiene la medida o la modifica.

Supervisores, en conferencia de prensa, dijeron que la medida “afecta el derecho a la educación”.

La propuesta del ministro Esteban Bullrich de cerrar o “fusionar” cursos no generó adhesiones ni siquiera en los niveles jerárquicos del sistema educativo público porteño: supervisores de los 21 distritos escolares reclamaron al Poder Ejecutivo de la ciudad “la anulación de la disposición que establece el cierre de grados” y la “conformación de una comisión integrada por representantes de la docencia, de las familias, de los cooperadores, de los estudiantes (de escuelas secundarias), de los poderes Ejecutivo, Legislativo y las Comunas” para elaborar “propuestas para recuperar la matrícula en las escuelas donde se hubiere reducido y satisfacer la demanda de vacantes en los distritos del sur”. En tanto, los docentes de UTE-Ctera levantaron la carpa que mantuvieron frente a la Jefatura de Gobierno durante 20 días en los cuales reunieron 50 mil firmas para reclamar la derogación de la medida. Y Ademys realizó ayer una movilización frente al Ministerio de Educación.

También se sumaron al reclamo los delegados de las cooperadoras escolares, quienes advirtieron que “este achicamiento de la educación pública va en sintonía con el congelamiento de los subsidios escolares y el retraso de seis meses en la distribución de fondos” destinados a esas asociaciones, para los gastos de materiales en las escuelas.

Los supervisores, justamente, eran quienes debían implementar la disposición Nº 15 Dgege/12 que disponía eliminar 221 cursos de los niveles primario y secundario. En algunos casos, tenían instrucciones de relevar, además, si existían otros grados o divisiones en condiciones de ser cerrados por tener menos de quince alumnos.

En el pronunciamiento, los supervisores advierten que tomaron conocimiento de la medida el 2 de marzo, a través de un correo electrónico, “sin que mediare consulta previa alguna”. Ese desconocimiento, sostienen, les impidió brindar propuestas superadoras para evitar “la actual situación de conflicto y tensión a que se ven sometidos supervisores, directivos y maestros de los distritos escolares involucrados”. Y afirman que el procedimiento adoptado “produjo un enfrentamiento innecesario en el seno de las comunidades educativas”, lo cual “perjudicó notablemente los procesos de aprendizaje del alumnado”.

En la nota que dirigieron por vía jerárquica al ministro Bullrich, el equipo de supervisores caracteriza la medida “no como una salida administrativa a una situación aislada sino como una respuesta política de Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. Advierten que las escuelas con reducción de matrícula están “afectadas por el crecimiento de escuelas privadas subvencionadas por el Estado en su radio de influencia inmediata”. Y que en forma paralela, “existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas para resolver la falta de vacantes en la zona sur”. Según los datos relevados por los supervisores –publicados ayer por Página/12–, en esa zona al menos 350 chicos aún no empezaron las clases por falta de vacantes.

“El cierre no es solución de nada. Está basado en un decreto de 1990 que establece un ordenamiento numérico pero no fija criterios pedagógicos. Y así como ahora cierran cursos, existe el temor de que en el futuro puedan cerrar escuelas”, advirtió, en una conferencia de prensa, uno de los funcionarios que firman el pronunciamiento. En total son 44 las firmas de supervisores de educación primaria y de materias especiales y bibliotecas. Pero en la rueda de prensa fueron acompañados por directores, maestros, representantes de gremios, legisladores y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

En el documento que hicieron público, propusieron la conformación de una comisión integrada por miembros de la comunidad educativa, legisladores y funcionarios, “a fin de realizar un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”.

La medida dispuesta por Bullrich y su director de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, afecta 144 cursos de nivel primario, 52 de nivel medio y 25 de escuelas técnicas. Afectó a siete distritos escolares del norte y centro de la ciudad. El más afectado fue el 10, donde se prevé cerrar 42 cursos.

Después de un mes de movilizaciones y abrazos a las escuelas afectadas, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dará a conocer el martes el número preciso de cursos que se van a cerrar. Sería el resultado del compromiso que asumió con los distintos gremios, tras una ronda de diálogo, para reconsiderar la medida. Una semana después, el 10 de abril, deberá presentarse en la Comisión de Educación de la Legislatura para explicar a los diputado las razones de una medida que alteró el normal inicio de las clases.

pagina12

Chicos sin lugar en la escuela

UNOS 350 ALUMNOS DE LA ZONA SUR NO EMPEZARON LAS CLASES POR FALTA DE VACANTES

Lo denunció la Defensoría del Pueblo porteña. Una de las escuelas de esa región tiene tres cursos con 50 alumnos. Y los chicos de un barrio se quedaron sin transporte. Supervisores advierten sobre la falta de planes para construir escuelas.

La escuela 23 del distrito escolar 19 tiene tres grados con cincuenta alumnos.

Al cumplirse un mes del inicio de las clases en la Ciudad de Buenos Aires, 350 niños en edad de escolaridad primaria no pudieron asistir a la escuela por falta de vacantes. La situación se da en dos distritos escolares de la zona sur de la ciudad, el 19 y el 21, que comprenden a los barrios de Villa Soldati, Pompeya, el Bajo Flores, Villa Lugano y Villa Riachuelo. A esa cantidad de niños se agregan otros 80 chicos cuyas familias fueron trasladadas desde asentamientos en la ribera del Riachuelo a un complejo habitacional ubicado en Castañares y Lafuente: el gobierno porteño suspendió el servicio de transporte escolar a las escuelas en las que están matriculados y a la gran mayoría de ellos se les hace imposible asistir a clase. La Defensoría del Pueblo porteño ya había advertido sobre el problema el año pasado, y envió dos pedidos de informes, días atrás, al Ministerio de Educación porteño.

El problema de la falta de vacantes, que pone en riesgo la escolaridad de 350 chicos, se produce justo cuando desde Educación se impulsa la “fusión” o cierre de 221 cursos en nivel primario y secundario que tienen menos de 15 alumnos. Las autoridades educativas han dicho que redistribuirá a los docentes de los grados cerrados en cursos de escuelas de la zona sur de la ciudad. “Contrariamente a lo que se sostiene desde el Ministerio de Educación, no son cursos los que hay que cerrar, sino escuelas las que deben construirse en esta región de la ciudad para garantizar el derecho a la educación y mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles”, dijo a Página/12 el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris. Es que el problema de falta de vacantes y superpoblación no obecede tanto a la falta de docentes, sino a la carencia de espacio físico donde albergar a alumnos y maestros.

El problema fue advertido por los propios supervisores de distintos distritos escolares de la ciudad, en una declaración pública: “Existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas y escuelas para resolver la falta de vacantes en la zona sur, problema que lleva ya varios años a partir de la urbanización de nuevas zonas y crecimiento de otras existentes”. En la misma declaración piden la anulación de la resolución que dispone el cierre de cursos.

Incluso desde la supervisión de los distritos 19 y 5 se le acercó al ministerio en su momento un listado de inmuebles donde se podrían construir nuevas escuelas.

La falta de vacantes no es el único problema de los distritos del sur: la superpoblación de aulas se convierte en hacinamiento en algunos casos, como el de la Escuela Nº 23 del DE 19, ubicada en avenida Varela y Chilavert, donde hay grados con 51 alumnos, como el 4º A, o de 50, como el 4º B o 49 en el 6º A . “Allí, el Ministerio de Educación se comprometió a reacondicionar aulas de taller y construir dentro de los próximos 90 días tres aulas, a fin de desdoblar cursos”, afirmó Lesbegueris, quien realizó una inspección en los últimos días.

Ante una consulta de este diario, voceros del Ministerio de Educación no negaron que hubiera 350 niños sin poder asistir a la escuelas. Aseguraron sin embargo que “la prioridad de este gobierno” es “profundizar la calidad educativa en el sur de la ciudad a partir de la incorporación de un segundo docente o el desdoblamiento de cursos en aquellos donde superen los 35 alumnos”. Asimismo, sostienen que “en las comunas 4 y 8 (Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, N. Pompeya, Parque Patricios, La Boca y Barracas) la tarea docente se verá reforzada con los equipos socioeducativos del Ministerio”. Aseguran que en los primeros cuatro años de gestión PRO se crearon 3590 vacantes en la zona sur.

En el complejo habitacional de Castañares y Lafuente, donde fueron reubicadas las familias de las ex villas El Pueblito y Magaldi de Pompeya, el Ministerio de Educación dejó sin transporte a los chicos que continúan asistiendo a la escuela de aquel barrio, donde estaban matriculados. “El único colectivo que pasa por el barrio es el 46, que a la mañana no se puede tomar porque viene completo”, dice Claudia Tronconi, delegada del barrio.

Desde el Ministerio argumentan que el compromiso para brindar ese servicio venció a fin de 2011. Agregan que los chicos tienen garantizadas vacantes en escuelas del distrito 19. “Las escuelas más cercanas están en zonas muy peligrosas, donde los chicos no pueden ir solos, sin transporte”, replica Tronconi.

“La gestión educativa del macrismo concibe la problemática de los chicos sin vacantes en términos de ‘excedentes’, tal como se los registra en planillas y documentos oficiales, evidenciando el sesgo privatista y excluyente que anima sus políticas”, afirmó Lesbegueris. “En base a esa lógica empresarial –cuestionó–, se ha subejecutado el presupuesto destinado a construcción y mantenimiento de escuelas estatales y transferido cada vez más recursos a la educación privada.”

pagina12

El impacto de la asignación por hijo

 

Dos opiniones sobre la incidencia de la AUH en el sistema educativo

Un intento de desprestigiar

Por Daniel Filmus *

En los últimos días hemos asistido a un nuevo intento de desprestigiar y menospreciar uno de los avances más importantes que en materia de políticas sociales ha impulsado el gobierno de Cristina Kirchner: la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ya habíamos escuchado argumentos según los cuales este apoyo a las familias de escasos recursos era derivado al alcohol y a la droga, pero ahora el intento de desvirtuar el sentido de esta política llegó más lejos. El ministro de Salud de Corrientes, por ejemplo, señaló que “algunas chicas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio”. Grave afirmación de quien tiene la responsabilidad de prevenir el embarazo infantil y en su lugar recomienda la eliminación de la AUH. Así no tendrían incentivo para embarazarse.
Hace pocos días hemos visto otro intento de desacreditar la AUH en las páginas del diario La Nación. Este matutino cubrió con gran despliegue una investigación realizada por el Observatorio de la Educación Básica Argentina bajo el auspicio de la Fundación Banco Santander Río, titulado “Bajo impacto de la AUH en la escuela”. Esta investigación es reproducida por el diario Clarín al día siguiente: “Cuestionan la eficiencia escolar de la Asignación Universal por Hijo”. Como no hemos podido acceder al texto que originó la versión periodística, analizaremos algunas de las informaciones que se brindan en la nota. Empecemos por los datos de la escolaridad primaria.
Afirma quien presentó la investigación que “el 99,6 por ciento de los chicos de 6 años concurren a la escuela”. Es verdad, en nuestro país casi todos los chicos en edad escolar concurren a la escuela primaria (es lo que muestran los censos), que es prácticamente una de las más universales del mundo. Ahora bien, si casi todos los chicos van a la escuela primaria, la evaluación del aporte de la AUH en este nivel no se puede realizar a partir de cuánto mejoró la matrícula, sino de los aspectos cualitativos que un mayor ingreso de la familia aporta respecto del aprendizaje (alimentación, útiles, abandono de tareas familiares, mayor dedicación a la escuela, etc.). Sobre estos aspectos, por ejemplo, existe una muy buena investigación de seis universidades públicas que muestra importantes avances respecto del presentismo, cambio de hábitos y rendimiento de los alumnos. Sin embargo, el propio artículo afirma que el “reingreso en el nivel primario es del 13 por ciento”, lo que no parece ser poco exitoso. No queda claro el 13 por ciento de qué universo, pero seguramente sumado al 99,6 de chicos que ya concurrían, nos da más del 100 por ciento, lo que matemáticamente es imposible.
Ahora bien, sabiendo que las estadísticas escolares del nivel medio son precarias para analizar cambios en los comportamientos educativos en cortos tramos de tiempo, ¿es posible aproximarnos a analizar el impacto cuantitativo de la AUH? En este punto quizá lo más serio sea recurrir a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Como ya hemos señalado, hasta los 14 años la escolaridad es prácticamente universal. ¿Qué pasó a partir de los 15 años?
La EPH muestra que, entre el primer trimestre del 2009 (año en el que comienza la AUH) y el 2011, la cantidad de jóvenes de 15 a 19 años que sólo estudian se incrementó en 258.675. En cambio, los que trabajan o buscan trabajo y estudian al mismo tiempo descendieron en 62.300, y los que trabajan o estaban desocupados y no estudiaban también disminuyeron en una cifra cercana a los 118.220. Por lo tanto, no es difícil inferir que la AUH permitió un retiro de muchos jóvenes del trabajo precario o de la desocupación para dedicarse plenamente al estudio. Otro dato permite corroborar esta hipótesis: la población económicamente activa (PEA) de esta franja etaria, o sea la que tiene predisposición a trabajar y buscar trabajo, después de mantenerse relativamente estable en el período 2003/2009, entre el 2009 y el 2011 descendió vertiginosamente 5,9 puntos porcentuales (de 24,7 a 18,8 por ciento), mientras que en el resto de la población no sufrió movimientos. Un tercer dato, que también puede extraerse de la EPH del 2011 es que, si tomamos las edades en que los jóvenes asisten al secundario (13 a 18 años), el porcentaje de quienes asisten a la escuela ascendió de 84,9 a 88 por ciento en los últimos dos años. Si a este último dato le sumamos los que ya la terminaron, llegamos al 90 por ciento. No hay otra razón para explicar este inédito cambio de comportamiento entre tantos jóvenes en sólo dos años que no sea el hecho de que recibir la AUH les permite abandonar el trabajo o la búsqueda del mismo y reinsertarse en el sistema educativo.
También hay que señalar que una porción menor de estos jóvenes que se retiraron del mercado del trabajo por recibir la AUH no se ha logrado integrar en la escuela (33.859): se trata de mujeres que se dedican al trabajo hogareño, por lo que es necesario estudiar políticas específicas para este sector.
Sintetizando, se trata de poco tiempo y de precariedad de instrumentos para evaluar en toda su dimensión los diferentes aportes educativos de la AUH. A pesar de ello, los datos con los que ya contamos permiten evaluar un importante aporte tanto cualitativo como cuantitativo de la AUH en la escolaridad de niños y jóvenes. Sin lugar a dudas, se trata de una de las políticas sociales más distributivas que ha encarado el Estado argentino en toda su historia. Sabemos que hay sectores que añoran disponer de esos recursos y pretenden que se dirijan nuevamente hacia los grupos de privilegio y la concentración económica, y no hacia quienes más los necesitan. Hay mucho para mejorar en una política universal que recién comienza, bienvenidas las investigaciones serias y las críticas constructivas que ayudarán a transitar este camino. No es el caso de los artículos periodísticos a los que hemos hecho referencia.

* Senador nacional (FpV), ex ministro de Educación.

---

La restitución de derechos

Por Jaime Perczyk *

Desacreditar, desprestigiar y atacar parecen ser los motivos que impulsan a aquellos que hacen operaciones de prensa a partir de sondeos de dudosa rigurosidad metodológica para relativizar el impacto de dos políticas de inclusión social implementadas por el gobierno nacional, como son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa Conectar Igualdad. Este Gobierno ha demostrado que la libertad de expresión, de prensa, es un valor fundamental de la democracia, pero al mismo tiempo sostenemos que debe haber responsabilidad de los diferentes sectores. Por ello, cualquier análisis debe tener en cuenta que este Gobierno ha construido más de 1300 escuelas, ha entregado 1.800.000 netbooks, ha mejorado el salario docente alrededor del 650 por ciento y destinado el 6,47 por ciento del PBI a la educación.
Respecto del Observatorio de la Educación Básica de la Argentina, lo primero que hay que decir es que se trata de una operación de prensa montada por el Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP) –una ONG de ex funcionarios radicales– y los medios monopólicos con el sólo objetivo de cuestionar los resultados del impacto en la inclusión y calidad educativa de las netbooks y la AUH. Ahora bien, lo más grave no son las lecturas malintencionadas a partir de la construcción de datos en base a “percepciones” o la pretensión de que a partir de ellos puedan modificarse las políticas públicas, sino que esos dirigentes que ahora cuestionan las políticas inclusivas son los mismos que cuando tuvieron la oportunidad optaron por recortar los sueldos de los docentes, ajustar el presupuesto de las universidades nacionales y destinar más porcentaje del PBI al pago de la deuda externa que al financiamiento del sistema educativo.
Desde el Ministerio de Educación sabemos que la restitución de derechos no es tarea fácil, sino que requiere de una atención especial para rectificar posibles errores. En este sentido, para conocer los resultados e impacto de la AUH durante 2011 el ministerio convocó a seis universidades nacionales para realizar una investigación rigurosa, tomando 1200 casos distribuidos en siete provincias. Ese trabajo nos permitió ratificar algunas opiniones sobre la AUH y construir certezas. Comprobamos que gracias a ella se produjo una evidente mejora de la condición de vida de los estudiantes permitiendo que 130 mil chicos se reincorporaran al sistema educativo. Asimismo, el consumo por parte de los chicos de útiles, libros, ropa o zapatillas generó las condiciones de posibilidad de su permanencia en la escuela, evidenciada en el mejoramiento del presentismo estudiantil y de la relación de los alumnos con la escuela.
Respecto del Programa Conectar Igualdad, para conocer su impacto en la educación en 2011 el ministerio reunió a once universidades nacionales para llevar adelante una investigación cualitativa que abarcó a 205 escuelas de 23 jurisdicciones. Se realizaron más de cuatro mil entrevistas y más de cinco mil cuestionarios a estudiantes de todo el país; también se entrevistó a ministros, funcionarios provinciales, directores, docentes, preceptores, administradores de red y padres. Este estudio mostró que el 85 por ciento de los adultos y el 78 por ciento de los jóvenes aseguraron que el Programa Conectar Igualdad “mejora la escuela pública”; el 86 por ciento de los adultos y el 85 de los jóvenes señaló que “genera igualdad de oportunidades”; el 80,5 de los estudiantes sostuvo que “ayudará a achicar las diferencias educativas”; y el 69,5 afirmó que “aumenta el ingreso y la reinserción escolar”.
Los entrevistados coincidieron, además, en que antes de la puesta en marcha del Programa Conectar Igualdad, la formación era uno de los últimos usos que los chicos les daban a las computadoras. En cambio hoy, con más de 1.800.000 netbooks entregadas, el fin educativo es la primera causa de utilización, mientras que el juego y la recreación han quedado relegados a un segundo plano. Esto muestra, por un lado, que una política de largo alcance y de la magnitud de éstas no obtiene resultados inmediatos, sino que los procesos socioeducativos de docentes y estudiantes tienen tiempos propios que hay que esperar.
La AUH y el Programa Conectar Igualdad son políticas fuertemente redistributivas en los planos económico, educativo y cultural. Como toda nueva política, apareja nuevos conflictos sobre los que estamos trabajando, por ejemplo cuando el ministerio revisa su programa de formación docente e incorpora módulos en nuevas tecnologías, cuando otorga equipamiento en las escuelas o garantiza la permanencia de los estudiantes en las escuelas. No hay que acobardarse ante los problemas que emergen, estos requieren soluciones complejas, planificadas, que no se pueden hacer de un día para el otro en base a “percepciones”. Por ello, tengamos en claro que aquellos que las atacan no están interesados en mejorar la educación o proponer alternativas, sino que están defendiendo las políticas de concentración económica y desintegración social que llevaron al 40 por ciento de los argentinos bajo la línea de pobreza.
La AUH y el Programa Conectar Igualdad son políticas de Estado inéditas y revolucionarias, que por su alcance y las inversiones que representan no tienen precedente en el país ni en los de la región. Motivos más que suficientes para que todos los argentinos las defendamos y las deficiencias reciban propuestas, antes que desprestigio para ensuciar las conquistas, no de un gobierno, sino de la sociedad argentina en su conjunto.

* Secretario de Educación, Ministerio de Educación de la Nación.

página12

La educación como derecho social

Mary Sánchez  

Martes 13 de marzo de 2012

No se puede negar la realidad y menos desconocerla. La decadencia de la educación fue una decisión política desde la Dictadura Militar que tuvo su estocada final en los años 90. La simbólica educación publica argentina, igualitaria, integradora de clases sociales desapareció. Las luchas docentes de Ctera y el pueblo, impidieron que termináramos como nuestros hermanos chilenos. El Banco Mundial y los Organismos internacionales escribieron ese libreto para toda America Latina y ahora lo sufre Europa.
Recuperarla de la devastación, alcanzar el objetivo central de que los alumnos sean sujetos de derechos, es el desafío para todos los argentinos.

No lo lograremos solo con una lucha reivindicativa salarial el desafío es profundamente político cultural y colectivo. No olvido que teníamos que convencer a nuestros pares sobre la necesidad de resistir. Y eso hicimos, resistir a los que cada año querían destruir. Y en Buenos Aires perdimos la batalla. No olvido cómo acompañaron sindicatos que hoy son tan combativos siendo hasta condecorados por el Gobernador Duhalde con medalla de oro.Me da mucho dolor cuando quienes saben cómo es, tapan el sol con la mano desviando el verdadero debate que abrió la Presidenta en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Porque Cristina no sólo dijo que los docentes tienen estabilidad laboral, cuatro horas de trabajo frente a alumnos y prolongadas vacaciones, sino que poniendo el cuerpo, puso en eje algunos temas hasta hoy ocultos .Solo comentados en ámbitos cerrados.

A pesar de llevar ocho años de crecimiento ininterrumpidos en inversiones extraordinarias en educación, no se modifican claramente los peores síntomas, repitencia, sobre edad, abandono inasistencias docentes.,aprendizajes significativos.

Hay temas importantes por resolver para los cuales es necesario la reflexión partiendo de compartir el diagnóstico con datos que todos tenemos y que debe conocer todo el pueblo. Sin caer en generalidades, hay datos concretos que demuestran un crecimiento en las escuelas privadas de chicos de los barrios más humildes y estamos ante una sociedad que tiende a desentenderse de un proyecto colectivo.

Cada vez más docentes de instituciones del Estado envían a sus hijos a escuelas pagas y el ausentismo en los establecimientos estatales no se registra en los de gestión social o privado. En esta etapa de la historia, y luego de los períodos en los que se despedazó en mil partes el sistema educativo, desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, se intenta construir un verdadero sentido del porqué y para qué una política pública nacional educativa. Ese es el norte de la Ley de Financiamiento Educativo, la Técnico Profesional; la de Educación Nacional 26.206.
La preocupación de la Presidenta, una preocupación que tiene el resto de la sociedad que sostiene la educación de gestión estatal, y la privada subvencionada que acordó que es un bien social, que invierte y la considera base del desarrollo nacional, tienen el derecho de opinar, participar y decidir.

No podemos dejar en soledad a tantos educadores comprometidos con su oficio y son considerados igual que aquellos que con su conducta desvalorizan nuestro maravilloso trabajo.

No estoy diciendo que no sea parte del rol de los gremios, en este caso docentes, exigir el mejor aumento salarial posible para sus representados, pero también es cierto que estas demandas deben tener en cuenta el contexto nacional e internacional en el cual se realizan.

Siento profundamente que haya sido Cristina la que puso el cuerpo una vez más para abrir temas y debates ya que su gobierno como el de Néstor no recurrió a palabras ni promesas menos a endulzar oídos, la que una vez mas se intente denostar.

*Coordinadora del Movimiento por Una Educación Nacional Popular y Democrática.

Desde ese lugar

Por Eduardo Aliverti

El sábado que pasó hice mi programa de radio en el Centro Cultural Haroldo Conti de la (ex) ESMA. Necesito compartir sensaciones y convicciones. Y en tanto ello, hay en estas líneas mucho uso de la primera persona de singular y plural que, como se sabe o más o menos conoce, no es periodísticamente recomendable.

Sentado en ese lugar para conducir las tres horas de Marca de radio, con tanto invitado que compartió mesa y tanta sensación de libertad justo ahí, nada menos que ahí, en lo que fue el más terrorífico de los 364 campos de concentración de la dictadura; sentado en ese lugar frente a tanta gente que habrá ido porque es lindo ver un programa de radio en vivo, pero además porque se trataba de vivir un compromiso ideológico básico; sentado en este lugar, a 36 años exactos de comenzar la tragedia más horrorosa de nuestra historia, cabe ante todo una confesión personal. Siempre tuve dudas, prejuicios, contradicciones, con el hecho de que se llenara de tanta vida el lugar que fue atalaya de la muerte. Siempre me terminaba pareciendo que era la muerte, exclusivamente la muerte, lo que debía enseñorearse allí por los tiempos de los tiempos, como símbolo del nunca más. Siempre concluía en que la intocabilidad de los espacios y caracteres de esa muerte, de las torturas más indescriptibles, de la expresión más acabada de cómo imaginar el infierno, era lo mejor para que fuese imposible esquivar la mirada. En síntesis, siempre creí que no había que modificar ni un centímetro de la ESMA. Muchos pensaron y pensarán lo mismo. Fuertes debates dieron testimonio de eso. Y es por eso que, lejos de lo autorreferencial, admitir esos sentimientos sólo persigue dar cuenta de lo difícil que es la “administración” de estar en ese lugar. En lo que fue ese lugar. Primera vez que lo visitaba para una actividad de este tipo. Y resulta que me sentí cómodo. Tal vez feliz. Seguramente con algo o mucho de placer vengativo en nombre de tantos, haciendo una columna como ésta en una tarima apenas sobreelevada del piso donde hasta hace poco —demasiado poco, visto en su escala– circularon los asesinos. Queda implícita, entonces, otra confesión. La de creer, finalmente, que está bien que se le ponga vida, reflexiones, poética, música, a un lugar así. A una parte, por lo menos.
A la vez, se me ocurre articular esa percepción con algo que escribí para el suplemento de este diario en el aniversario del año pasado. El punto era, es, lo inadecuado de seguir hablando del golpe, únicamente, como la instancia más trágica de la historia argentina. Atrevernos a opinar que en algunos o varios aspectos pasamos a ganar. Y, caramba con la obviedad, no confundir esa apreciación con los juicios de quienes estiman que ya están podridos de que (les) hablen de la dictadura. Porque se trata justo de lo contrario. Lo que destacábamos hace un año, lo que ahora reforzamos, es la bestialidad de lo parido en 1976 como lo precisamente resaltable de algún aspecto de la actualidad. Uno se pasó la mayor parte de estas tres décadas largas, en casi cada una de estas fechas, dedicando sus artículos a advertir más que nada sobre la sobrevivencia de lo que la dictadura dejó. La destrucción del aparato industrial; el ninguneo masivo a participar o comprometerse en política, por fuera de aquella primavera o veranito alfonsinista; la profundización del desprecio ideológico hacia la actividad sindical y ante los desesperados llamados de atención de los excluidos; la discursividad facha de vasta clase media; el deterioro de la movilidad social ascendente, extinguidas las fantasías patéticas del uno a uno de la rata; la precarización laboral. Puesto en el orden que se quiera, ésos y otros componentes son inescindibles del punto de inflexión que significó la dictadura. Aun hoy, cabe o cabría la certidumbre de que en el ámbito educativo en general, por las fallas objetivas y subjetivas que fueren, permanece potente –en el mejor de los casos– la idea y traslación de que hace 36 años aparecieron, desde la nada misma, criminales lunáticos y capaces de esparcir una de las carnicerías humanas más alucinantes del siglo XX. ¿Cuántos y cómo son hoy los docentes (y comunicadores y periodistas y referentes “culturales” y etcéteras) que no saben o no quieren explicar que el mayor espanto argentino fue producto de la necesidad y vocación de la clase dominante, para acabar por medio del terror y de raíz –creyeron– con todo signo de rebeldía que anidara en las entrañas y militancia activa de una porción de esta sociedad?
Esa bestialidad de los mandantes de los milicos, de los grandes grupos económicos que pusieron todo el gabinete del golpe y toda la jerarquía eclesiástica para bendecir las torturas y toda la complicidad directa de los emporios de prensa (que viene a ser todo lo mismo), obliga a animarse no solamente a la pregunta de cuánto de aquello sigue vivo, sino, por fin, a la de cómo fue y es probable que tenga tanto de muerto. Y la respuesta directa es que apareció una normalidad, o anomalía, susceptible de sacar de quicio a quienes se acostumbraron a la victoria final e inevitable de sus intereses. De sus ganancias fáciles de país agroexportador y listo. De sus estratagemas comunicacionales. De su seguridad de tenerla más larga, invariablemente. Nadie dice que al final (¿qué es el final?) no vuelvan a tener la razón de la fuerza. Pero por lo pronto, alguien, algo, les metió una baza después de tanto tiempo. Habrá sido que se les fue la mano en su canibalismo de clase parasitaria, en su impericia dirigencial para heredarse, en su exceso de confianza. En no darse cuenta de que había espacio para la aparición de un outsider que leyera la realidad mejor que ellos. Como sea, algo (les) pasó como para que, a nada más que 36 años, lo persistente del golpe que dieron conviva casi en desventaja con lo que cambió.
Esos milicos que ya no son la última reserva de la Patria. Tantos pibes sin miedo, “militando” como sea en la esfera de lo político. Tanto que los otros dependen de unos medios y unos periodistas en los que se cree cada vez menos. Tanto que el enamoramiento de las astronómicas tasas de interés de la etapa neoliberal empieza a compartir novia con un modelo que privilegia el mercado interno, al punto de quebrarles varios de sus frentes corporativos. Tanto problema para encontrar dirigentes políticos que les obren de gerentes, que los tienen, pero no convencen a nadie. También dispondrían de caudillos sindicales del viejo o vigente aparato burocrático que se resiste a morir, pero que carece del peso de otrora. Y tanto boludo ideológico, por ser en extremo suaves, que dice que todo eso que cambió, o va cambiando, compele a dejar de hablar de la dictadura. Tanto boludo que dice eso, cuando justamente se trata de hablar más que nunca para tener noción de por qué cambian las cosas. Esto que decíamos el año anterior lo repasé con alguna lupa pretendidamente fina –o gruesa, da igual– en torno de sucesos o signos del presente. El modo en que un jefe sindical, el más connotado, se corre del apoyo al Gobierno por la única razón de los resentimientos personales. Estar discutiéndose –o incluso apenas amagando– con la estatización de YPF, a apenas unos años de que el paradigma de la derecha situara a un tema así como herejía. Los avances hacia la legalización del aborto. El registro de que la ley de medios está más bien paralizada, pero con conciencia de que hay una nueva y que la plataforma de discusión es a partir de ahí, no desde una democracia impotente para desmontar la de la dictadura. La forma, a veces orgánica (y otras a los tumbos, no importa) en que se avanza hacia la integración latinoamericana, con Argentina en rol preponderante. Pensemos en cómo todo eso, y tanto más, era sencillamente una fantasía irresponsable durante y a la vuelta de la dictadura, y de su continuación en el menemato.
Pensemos en eso y en el riesgo de perderlo de vista.

página12

La educación pública es un derecho y no se negocia

Año 5. Edición número 201. Domingo 25 de marzo de 2012

Por 

Colectivo “Familias por la escuela pública” contacto@familiasxlaescuela.org.ar

Somos familias que tenemos hijos e hijas en edad escolar y queremos garantizar su derecho a la educación.
Pensamos que el Estado debe sostener las condiciones adecuadas para una educación pública, gratuita, de calidad, con igualdad de oportunidades.
También hemos comprobado que está en nosotros, ciudadanos, organizaciones, instituciones, participar ofreciendo nuestras opiniones y voluntades para esa construcción.
En ese sentido, Familias por la Escuela Pública, nuestra organización autoconvocada y autogestionada, viene desarrollando desde hace tres años una serie de acciones. Somos muchas familias, de muchos distritos escolares distintos, y nos organizamos.
Uno de nuestros ejes es la autoeducación, es decir: educarnos acerca de lo que hace falta entender para poder participar. Hemos estudiado la política pública educativa, los presupuestos que se votan anualmente; hemos seguido (y en algunos casos logrado parar) los desvíos de fondos inadecuados; nos hemos informado sobre normas, leyes y decretos para poder peticionar adecuadamente; hemos estado presentes en las veredas, en los abrazos, en las calles, cuando hace falta expresar con la voz la potencia de la acción conjunta.
De toda esa autoeducación han ido surgiendo, mes a mes, semana a semana, una variedad de acciones y logros, desde marzo de 2009 hasta hoy. Y continuamos: mañana, pasado mañana, el año que viene. El futuro es hoy, entendemos, y se hace cada día.
Esas acciones se han dado además vinculándonos siempre con otros grupos, organizaciones, instituciones y personas. La articulación se produce por una razón simple: todos acordamos en que sin justicia, no hay paz. Y aquí usamos la idea de paz como sinónimo de construcción amplia para una sociedad que garantice los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, educativos, para toda la población.
Confiamos entonces en un tejido permanente entre sectores que estamos convencidos de lo mismo. Hoy nos convoca como tema más acuciante el cierre de grados.
Puntualmente existe una Disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cierra más de 220 grados y/o cursos de escuelas públicas primarias y secundarias.
Rechazamos esta medida.
En primer término, nuestro razonamiento como organización de familias es que cualquier modificación que impacte en personas (niños, jóvenes, docentes, directivos) debe realizarse en un proceso de trabajo abierto y democrático, con consulta previa a todos los involucrados. En esta misma línea, los supervisores de Materias Especiales y Bibliotecas de Primaria, han sostenido, desde nuestro punto de vista correctamente, “que el número de los grados y cursos propuestos para su cierre (221) en esta primera etapa, así como el anuncio en la misma disposición de futuros nuevos cierres, amerita la consideración de la medida no como una salida administrativa a una situación aislada de un grado o escuela, sino como un respuesta política del estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”.
Nuestra propuesta concreta al respecto, que está siendo reclamada en conjunto con otros sectores y organizaciones, es:
- la inmediata anulación de la Disposición Nº DI-2012-15-DGEGE (en referencia al Expte. Nº 342.848/12);
- la renuncia del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, por considerar que su gestión no toma en cuenta las normas fundamentales democráticas y ataca los derechos de las familias de toda la Ciudad de Buenos Aires.
En segundo término, entendemos que es necesario proponer un enfoque que nos ayude a entender. Así planteamos que la medida del cierre de grados es una más en la estrategia de esta gestión de gobierno de desfinanciar y atacar lo que es público.
Esa estrategia, en su forma y en su contenido, va contra lo que la Ciudad de Buenos Aires ha votado en la Constitución del 96 y otras normas concurrentes: una política pública construida participativamente, con acento en la democracia directa y el acceso para toda la ciudadanía, sostenida con el fruto del trabajo de toda la población.
Señalamos entonces que este tipo de medidas de la gestión actual, sin consulta y de corte autoritario, van contra lo dispuesto legalmente. A pesar de ese abuso de su poder, la gestión actual sabe que, aunque con una demora de muchísimos años, han comenzado este año a funcionar los Consejos Consultivos Comunales. Y que en muchos de ellos, estas semanas, se han tomado pronunciamientos concretos contra la política educativa de la actual gestión de gobierno. Destacamos entonces que, a pesar de que la forma de hacer política de la gestión actual es autoritaria, existe una corriente en otro sentido: democrático, directo y con capacidad de tomar de decisiones. Está presente y continuamos conformándola.
Subrayamos también que los contenidos de las normas de este gobierno de la Caba van directamente en contra de lo público, lo que es de uso común y que todos financiamos, impositivamente, con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra inteligencia y corazón cotidianamente. La medida del cierre de grados hoy va en el mismo sentido que el recorte para la formación permanente de los docentes y directivos. Que la censura a textos con visiones de la historia que la caracterizan como situaciones de discusión de ideas y proyectos. Que las normas que financian más a la educación privada que a la pública (como dato: el aporte a la educación privada fue en el año 2007 de $412,4 millones; hoy, 5 años después, se le destinan a dicho sector $1332,8 millones. Estos datos deben además conjugarse con estos otros: mientras que el presupuesto para la educación pública fue sub-ejecutado y al término de cada año intentó ser desviado para otros usos, el de educación privada para el año 2011ha sido sobreejecutado en un 24% de su asignación original).
Las formas y contenidos de la educación las hacemos todos los días. Tomemos opinión y cuerpo en estos temas. Participemos.

MIRADAS AL SUR

Mientras Macri achica, la Nación subió la inversión social en la Ciudad

El debate por las prioridades en el gasto presupuestario

 En 2011, el gobierno nacional desembolsó en territorio $ 2962 millones, con una ejecución del 133 por ciento. Por el contrario, Ciudad subejecuta la mayoría de las partidas presupuestarias dirigidas a mejorar la realidad social del distrito.

Por NICOLÁS FURFARO

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sostuvo más de una vez que Nación “discrimina” y “abandona” a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Sin embargo, cuando sus palabras se enfrentan a los datos duros la victimización se queda sin argumentos y desarma el relato que quiere instalar al líder del PRO como la principal contrafigura del kirchnerismo. 

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) al que tuvo acceso Tiempo Argentino evidencia que el gasto social de la administración pública nacional en 2011 le dio una gran importancia a la capital del país y en repetidas situaciones volcó recursos muy por encima de lo que la densidad poblacional de la CABA presuponía en teoría. 

Para comenzar el recorrido se pueden observar las asignaciones familiares destinadas a jóvenes de entre 0 y 19 años. 

La distribución entre las provincias benefició a la Ciudad, ya que su participación en el total del programa (23,75%) superó largamente su influencia en la estructura porcentual de la población a la que se destinan los fondos (4,65%). El presupuesto invertido en suelo porteño sumó $ 2962 millones, con una ejecución del 133 por ciento. 

En particular la Asignación Universal por Hijo, que tuvo una ejecución del 97% a nivel nacional, mostró en la CABA una sobreejecución de más del 200%. 

El distrito liderado por Mauricio Macri recibió $ 828 millones, sólo por debajo de la provincia de Buenos Aires.

Esta situación se repitió, por ejemplo, en las prestaciones previsionales, ítem en el que los porteños fueron beneficiados por una sobreejecución del 150% hasta alcanzar los $ 31.107 millones. Nuevamente la CABA participó de los beneficios totales (27,41%) por encima de su influencia en la población total (10,94%).

En tanto, el programa Acciones de Empleo, que durante el año 2011 gastó $ 1630 millones en áreas como “empleo transitorio”, “incentivos para la reinserción laboral”, “acciones de capacitación laboral” y “asistencia financiera a jóvenes desocupados”, tuvo una distribución por provincia que, una vez más, colocó a la Ciudad de Buenos Aires a la cabeza de las ejecuciones con un 149% de lo aprobado.

Otro ejemplo se encuentra en el área de Ingreso Social con Trabajo, programa que se implementa en 13 provincias pero alcanza un 90% sólo en tres: Buenos Aires (70%), CABA (12%) y Tucumán (9%). 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria también significó un importante aporte a la CABA, que recibió $ 544 millones (ejecución del 121%) convirtiéndose en el distrito más beneficiado en el área.

 

PRESUPUESTO PRO. La política social del PRO en términos presupuestarios no sobrevive a un análisis exhaustivo con la misma suerte. 

Los cuatro primeros años macristas estuvieron caracterizados por la pérdida de terreno de lo social y el crecimiento de la inversión en lo cosmético. 

Durante 2011, el principal programa del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, “Ciudadanía Porteña”, creció un 23,7% interanual y estuvo muy por debajo del aumento promedio, a pesar de que es un eje fundamental para el sostenimiento de miles de habitantes de la Ciudad en condiciones de pobreza o indigencia. 

El gobierno porteño no supo aprovechar el incremento del alcance de la Asignación Universal por Hijo que le sacó peso de la espalda al producir la migración de hogares beneficiarios y una consecuente menor demanda. 

A la hora de responder las críticas, el PRO recurre a la evolución interanaual y sostiene que contra lo que apuntan las acusaciones el gasto social aumentó. 

Sin embargo, para observar de forma completa el panorama se debe medir la evolución general del aumento presupuestario, método que sirve para concluir que cuando un ítem crece por debajo del promedio su influencia disminuye en términos absolutos. 

A esto se suma, además, que durante los tres primeros años de gestión la subejecución en áreas sociales fue profunda.

“El gasto social está orientado a desmantelar la red de contención que existía. El objetivo es que la Ciudad no sea atractiva para los pobres que ven que las posibilidades de progreso y la ayuda del Estado disminuyen”, opinó Rafael Gentili, legislador porteño por Proyecto Sur e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña.

Al ser consultado por Tiempo, Gentili resaltó que la actitud macrista se evidencia en “la inexistencia de construcción de vivienda, la caída de los planes para la familia, la falta de elaboración de nuevos programas sociales, la baja oferta de apoyo para la tercera edad y la niñez, y la tercerización de funciones del Estado.”

En este escenario, el área de Publicidad y Propaganda mostró un crecimiento del 81,1% y se sumó al peso ideológico de las transferencias a colegios privados, que crecieron un 35% y alcanzaron los $ 1232 millones. Mientras tanto, las Becas de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación sólo contabilizaron $ 147,3 millones. 

En Infraestructura y Mantenimiento escolar también se denotó una falta de interés, ya que la ejecución fue del 64% de lo que estaba presupuestado. En esta línea se anotó además el gasto en agua potable y alcantarillado, que de los $ 655,5 millones con los que contaba sólo ejecutó $ 482 millones, es decir un 73,6 por ciento.

“El comportamiento de Macri es sistemático, no se hace cargo de derechos básicos como la vivienda, la salud y la educación. La falta de inversión en estas áreas mientras crece la influencia de la propaganda y el márketing es un hecho político que refleja las prioridades del gobierno porteño”, apuntó Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña de la Coalición Cívica. La jurisdicción con la mayor subejecución de la CABA durante el año pasado fue la Jefatura de Gobierno, que alcanzó a devengar el 71% de los $ 1249,2 millones que conformaban su crédito aprobado. Fue determinante para esta ineficacia la baja ejecución del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que apenas alcanzó el 49% de lo proyectado (ver aparte). <

 

La clave

PROPAGANDA. El área de Propaganda de la Ciudad de Buenos Aires y la transferencia a los colegios privados han ido engordando el presupuesto en detrimento de las becas que otorga el Ministerio de Educación de Mauricio Macri, que quedaron congeladas.

 

 

Ejecuciones del gasto social de la Nacion en la CABA

133% Asignaciones familiares

150% Prestaciones previsionales

243,29% Asignación Universal por Hijo

121,16% Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

 

TIEMPO ARGENTINO