EL GOBIERNO PORTEÑO CIERRA UN INSTITUTO PUBLICO DE NIVEL TERCIARIO PARA DARSELO A BARRIONUEVO
Unos 120 alumnos que cursaban Hotelería y Turismo en Caballito deberán trasladarse a la sede de Gastronómicos, en Constitución. La rectora del nuevo instituto participó en una financiera vinculada con los hijos de Emilio Massera.
Por Eduardo Videla
Estudiantes y docentes del IFTS Nº1 de Caballito reclamaron anoche la reapertura de la escuela.
El Ministerio de Educación porteño cerró una sede del Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) Nº1, un establecimiento público de nivel terciario, en el barrio de Caballito, donde unos 120 alumnos siguen las carreras de Hotelería y Turismo. Y dispuso el traslado de los estudiantes y docentes a un nuevo establecimiento, el IFTS Nº 23, creado mediante un convenio con la Unión de Trabajadores Gastronómicos, en la sede del gremio que conduce Luis Barrionuevo, en Constitución. Los docentes ya fueron reunidos por la flamante rectora del nuevo instituto, la ex legisladora macrista Fernanda Ferrero, cuyos antecedentes más recordados son haber presidido la Comisión Legislativa Investigadora de la tragedia de Cromañón y una denuncia judicial por su participación en una financiera vinculada a los hijos del represor Emilio Massera. El área Educación de la Defensoría del Pueblo pidió informes al ministerio, que aun no fueron respondidos.
El cierre del IFTS Nº1 se suma a una serie de medidas que el Ministerio de Educación porteño dio en llamar “integración” de cursos, que consiste en “fusionar” grados o divisiones “con menos de 15 alumnos” (ver nota aparte). Pero en el caso del instituto de Caballito no se trata de una “fusión”, sino de un traslado compulsivo a un edificio distante a unos cinco kilómetros, en Salta 1301. Sólo una parte de los alumnos del colegio cerrado tendrán la posibilidad de inscribirse en otro IFTS, el Nº 20, en Gurruchaga 739, en Villa Crespo.
“Que los aspirantes que se inscriben a primer año vayan a otras sedes, puede ser. Pero nosotros, que hace dos años cursamos en Caballito, tenemos derecho a terminar nuestros estudios aquí”, dijo a Página/12 Juan Aleksander, uno de los estudiantes que reclaman contra el cierre del instituto. Parte de ellos, con el apoyo de docentes y administrativos, hicieron anoche una asamblea y cortaron la avenida Rivadavia al 4900, donde funcionaba el extinto establecimiento.
Voceros del Ministerio de Educación informaron, ante una consulta de este diario, que la relocalización se hizo “debido a cuestiones de mejoras en el funcionamiento del IFTS”, Aseguraron además que “las relocalizaciones se realizan de común acuerdo con las comunidades educativas”. Sin embargo, estudiantes y docentes coinciden en afirmar que el cierre no sólo no fue consensuado sino que, incluso, les fue notificado de manera informal en octubre del año pasado.
El acuerdo con Luis Barrionuevo para eliminar una sede educativa y trasladarla a su sindicato fue decidido por el entonces director de Formación Técnica Superior, Raúl Arribas, quien renunció después de que Página/12 revelara que él se había nombrado a sí mismo como asesor.
El área Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Lesbegueris, realizó el 30 de noviembre el primer pedido de informes al ministerio. Lo reiteró el 3 de enero, ante la falta de respuestas. Luego consultó al supervisor de Institutos de Formación Técnica Superior, Mario Orlando, quien admitió que “fue anoticiado (del cierre) por alumnos de dicho Instituto” y no por las autoridades educativas. Consultado acerca de si ese establecimiento se está cerrando o trasladando, Orlando manifestó que a su entender “está ocurriendo una transferencia de servicios del sector público al sector privado, aconteciendo un cierre velado del espacio educativo”. El supervisor agregó, en enero último, que hasta ese momento no había acto administrativo que respalde la acción.
En una resolución del 24 de enero, la Defensoría reclama “garantizar a los estudiantes que iniciaron su cursada con antelación al cierre, las mismas condiciones acordadas al momento de la matriculación”. Es decir, que se les permita finalizar sus estudios en la sede de Caballito.
“En lo personal, no quiero trabajar en un gremio como Gastronómicos, donde hay un enorme cartel con la foto de Graciela Camaño. A mí no me convence ese tipo de sindicalismo”, dijo a Página/12 Mito Djanikian, docente interino de la materia Etica y Deontología Profesional. “Pueden abrir todas las escuelas que quieran, lo que no pueden hacer es cerrarlas”, se quejó.
Djanikian, junto a otros docentes del ex IFTS de Caballito, fue convocado a una reunión en la sede de Gastronómicos, el 17 de febrero último, en la que fue presentada la flamante rectora, Fernanda Berdinelli de Ferrero. Algunos memoriosos recordaron que, en 2005, Página/12 publicó una denuncia en que la entonces legisladora macrista aparecía como socia fundadora, junto a su marido, Guillermo Ferrero, de la financiera Vanexva, creada en diciembre de 1983. De acuerdo con una investigación de la periodista Susana Viau –quien por entonces trabajaba en este diario–, la dirección que Ferrero declaró como sede social de la financiera es la misma que dio Eduardo Enrique Massera –hijo del represor– al presentarse en Tribunales en 1988. En 2005, Ferrero negó vinculaciones con el ex almirante y aseguró que entre 1988 y 1992 solo había sido “relacionista pública” de Vanexva.
Ahora, en la Defensoría del Pueblo quieren saber si Ferrero fue nombrada por concurso, como corresponde a un cargo público..
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