lunes, 26 de marzo de 2012

La educación pública es un derecho y no se negocia


Año 5. Edición número 201. Domingo 25 de marzo de 2012

Somos familias que tenemos hijos e hijas en edad escolar y queremos garantizar su derecho a la educación.
Pensamos que el Estado debe sostener las condiciones adecuadas para una educación pública, gratuita, de calidad, con igualdad de oportunidades.
También hemos comprobado que está en nosotros, ciudadanos, organizaciones, instituciones, participar ofreciendo nuestras opiniones y voluntades para esa construcción.
En ese sentido, Familias por la Escuela Pública, nuestra organización autoconvocada y autogestionada, viene desarrollando desde hace tres años una serie de acciones. Somos muchas familias, de muchos distritos escolares distintos, y nos organizamos.
Uno de nuestros ejes es la autoeducación, es decir: educarnos acerca de lo que hace falta entender para poder participar. Hemos estudiado la política pública educativa, los presupuestos que se votan anualmente; hemos seguido (y en algunos casos logrado parar) los desvíos de fondos inadecuados; nos hemos informado sobre normas, leyes y decretos para poder peticionar adecuadamente; hemos estado presentes en las veredas, en los abrazos, en las calles, cuando hace falta expresar con la voz la potencia de la acción conjunta.
De toda esa autoeducación han ido surgiendo, mes a mes, semana a semana, una variedad de acciones y logros, desde marzo de 2009 hasta hoy. Y continuamos: mañana, pasado mañana, el año que viene. El futuro es hoy, entendemos, y se hace cada día.
Esas acciones se han dado además vinculándonos siempre con otros grupos, organizaciones, instituciones y personas. La articulación se produce por una razón simple: todos acordamos en que sin justicia, no hay paz. Y aquí usamos la idea de paz como sinónimo de construcción amplia para una sociedad que garantice los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, educativos, para toda la población.
Confiamos entonces en un tejido permanente entre sectores que estamos convencidos de lo mismo. Hoy nos convoca como tema más acuciante el cierre de grados.
Puntualmente existe una Disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cierra más de 220 grados y/o cursos de escuelas públicas primarias y secundarias.
Rechazamos esta medida.
En primer término, nuestro razonamiento como organización de familias es que cualquier modificación que impacte en personas (niños, jóvenes, docentes, directivos) debe realizarse en un proceso de trabajo abierto y democrático, con consulta previa a todos los involucrados. En esta misma línea, los supervisores de Materias Especiales y Bibliotecas de Primaria, han sostenido, desde nuestro punto de vista correctamente, “que el número de los grados y cursos propuestos para su cierre (221) en esta primera etapa, así como el anuncio en la misma disposición de futuros nuevos cierres, amerita la consideración de la medida no como una salida administrativa a una situación aislada de un grado o escuela, sino como un respuesta política del estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”.
Nuestra propuesta concreta al respecto, que está siendo reclamada en conjunto con otros sectores y organizaciones, es:
- la inmediata anulación de la Disposición Nº DI-2012-15-DGEGE (en referencia al Expte. Nº 342.848/12);
- la renuncia del director general de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, por considerar que su gestión no toma en cuenta las normas fundamentales democráticas y ataca los derechos de las familias de toda la Ciudad de Buenos Aires.
En segundo término, entendemos que es necesario proponer un enfoque que nos ayude a entender. Así planteamos que la medida del cierre de grados es una más en la estrategia de esta gestión de gobierno de desfinanciar y atacar lo que es público.
Esa estrategia, en su forma y en su contenido, va contra lo que la Ciudad de Buenos Aires ha votado en la Constitución del 96 y otras normas concurrentes: una política pública construida participativamente, con acento en la democracia directa y el acceso para toda la ciudadanía, sostenida con el fruto del trabajo de toda la población.
Señalamos entonces que este tipo de medidas de la gestión actual, sin consulta y de corte autoritario, van contra lo dispuesto legalmente. A pesar de ese abuso de su poder, la gestión actual sabe que, aunque con una demora de muchísimos años, han comenzado este año a funcionar los Consejos Consultivos Comunales. Y que en muchos de ellos, estas semanas, se han tomado pronunciamientos concretos contra la política educativa de la actual gestión de gobierno. Destacamos entonces que, a pesar de que la forma de hacer política de la gestión actual es autoritaria, existe una corriente en otro sentido: democrático, directo y con capacidad de tomar de decisiones. Está presente y continuamos conformándola.
Subrayamos también que los contenidos de las normas de este gobierno de la Caba van directamente en contra de lo público, lo que es de uso común y que todos financiamos, impositivamente, con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestra inteligencia y corazón cotidianamente. La medida del cierre de grados hoy va en el mismo sentido que el recorte para la formación permanente de los docentes y directivos. Que la censura a textos con visiones de la historia que la caracterizan como situaciones de discusión de ideas y proyectos. Que las normas que financian más a la educación privada que a la pública (como dato: el aporte a la educación privada fue en el año 2007 de $412,4 millones; hoy, 5 años después, se le destinan a dicho sector $1332,8 millones. Estos datos deben además conjugarse con estos otros: mientras que el presupuesto para la educación pública fue sub-ejecutado y al término de cada año intentó ser desviado para otros usos, el de educación privada para el año 2011ha sido sobreejecutado en un 24% de su asignación original).
Las formas y contenidos de la educación las hacemos todos los días. Tomemos opinión y cuerpo en estos temas. Participemos.

MIRADAS AL SUR

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