Mano dura en las escuelas de gestión estatal

El funcionario de Macri que cierra cursos en escuelas públicas viene de la educación privada católica y trabajó para Grassi

Maximiliano Gulmanelli es director general de Educación de Gestión Estatal. Además de haber cerrado 221 cursos, negó dos micros escolares a chicos de la Villa 31. Su pasado en la educación católica y en la fundación del cura Grassi.

Por Carlos Rodríguez

 

Vecinos de la Villa 31 cortaron la Illia el 9 de marzo último para reclamar dos micros escolares: críticas a Gulmanelli.

Maximiliano Gulmanelli es, desde hace tres meses, director general de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación porteño. Es un hombre de larga trayectoria en la escuela privada y de fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, al punto de que es fundador de una organización político-social cristiana que tiene como inspirador a Alcide De Gasperi, un dirigente italiano que se destacó por ser un fervoroso anticomunista. Gulmanelli es hoy quien impulsa el cierre de grados en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que “demuestra que trabaja para la educación privada y que perjudica a la educación pública”, le dijo a Página/12 Eduardo López, secretario general de UTE-Ctera. La entidad gremial inició un plan de lucha contra la resolución de Gulmanelli de disponer el cierre de 221 grados en escuelas primarias, secundarias y técnicas de la Ciudad. En el currículum oficial de Gulmanelli, que puede ser consultado en sus páginas de Facebook o Twitter, hay un dato importante que es mantenido oculto: durante años fue coordinador general de Hogares de la Fundación Felices los Niños, conducida por el cura Julio César Grassi, hoy con prisión domiciliaria por estar condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Gulmanelli es además el hombre que les negó dos micros a chicos de la Villa 31 para que pudieran viajar a la escuela.
En 2003, cuando Grassi ya había sido señalado por tres chicos que estaban a su cuidado y que denunciaron abusos sexuales, Gulmanelli y el conductor televisivo Raúl Portal salían en los medios para reclamar subsidios del Estado –que hoy niega la administración macrista a la escuela pública– para solventar a la fundación del cura luego condenado por pedofilia.
Según Maximiliano Gulmanelli, entonces coordinador general de Hogares de Felices los Niños, “al pegarle a la fundación” desde que se hicieron públicas las denuncias contra el sacerdote, “comenzó una debacle para los beneficiarios de esa obra: 6400 niños a los que se asiste en 21 localidades del país con comida, abrigo, educación, techo y formación espiritual en 52 obras”.
Las citas textuales corresponden a una nota publicada por el diario La Nación el 22 de julio de 2003, nueve meses después de la denuncia por corrupción de menores formulada contra Grassi durante una emisión del programa Telenoche Investiga. “La situación actual de los hogares no es de carencia; cambió el menú, se come mucha menos carne (...) no se cerró ninguna obra y el número de chicos asistidos siguió aumentando”, decía Gulmanelli en declaraciones al matutino de los Mitre.
En esa misma nota, Raúl Portal, que había asumido la titularidad de la fundación al ser inhibido Grassi de esa función, afirmaba que todos estaban “aguantando” como podían y se quejaba porque el Gobierno nacional, según sus dichos, había aprobado “subsidios por 1.918.535 pesos”, pero sólo habían recibido “500 mil pesos”. La preocupación de Gulmanelli y Portal se debía a que, tras el escándalo que siguió a las denuncias contra Grassi, muchas organizaciones internacionales y locales habían retaceado su apoyo a la fundación. Grassi siempre había tenido buenos contactos a nivel político, lo que le permitió recibir fondos y bienes del Estado por los que nunca tuvo que presentar rendición alguna.
El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, le habían donado 67 hectáreas de tierras públicas en Hurlingham, donde está la sede de la fundación, y 5 millones de dólares en efectivo del presupuesto nacional. También tuvo estrecha relación y beneficios de parte del ex intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, y de políticos como Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde, quien le cedió al cura, en comodato, la quinta Don Torcuato, de San Vicente, donde funcionó un hogar cuyo vicedirector, Oscar Ernesto Jara, fue denunciado también por abuso sexual de chicas que se encontraban alojadas allí.
Todos estos antecedentes de la fundación conducida por Grassi son sin duda la razón por la cual Gulmanelli prefiere mantener oculta su vinculación anterior con una entidad que ha sido denunciada también por supuesta malversación de fondos, dado que se sospecha que algunas de las donaciones para la Fundación Felices los Niños habrían sido desviadas para solventar los gastos del largo juicio que tuvo que afrontar Grassi, hoy condenado en primera instancia por el Tribunal Oral Nº 1 de Morón y en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal bonaerense.
El caso está ahora en la Suprema Corte provincial y el cura, desde hace apenas dos semanas, está con prisión domiciliaria.
El dirigente de UTE-Ctera, Eduardo López, resaltó que la vinculación de Maximiliano Gulmanelli con la fundación de Grassi “no aparece en su currículum”. También lo recalcó la diputada porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti: “Este señor, que es un hombre del Episcopado, es el que cierra los cursos de las escuelas públicas mientras suben los subsidios a las privadas. Es miembro fundador de la Red Luján, red de dirigentes políticos cristianos, y fue docente en el asesor del padre Grassi y coordinador general de Hogares de la Fundación Felices los Niños; paradójicamente, estos datos los omite en su currículum”.
El funcionario sí reconoce su estrecho vínculo con la escuela privada y con la Iglesia, dado que fue docente en el Consudec, director del Instituto Ceferino Namuncurá, rector del Instituto Parroquial Madre de los Inmigrantes, director de Estudios del Instituto Parroquial Nuestra Señora de las Nieves, secretario del Departamento de Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Buenos Aires y vicerrector del Colegio San Antonio. Todo esto indica una nula experiencia en lo que respecta a la escuela pública.
Como funcionario, su primera aproximación fue durante la toma de escuelas secundarias, en el año 2010. En esa ocasión se animó a debatir personalmente con los alumnos que se habían movilizado hasta la sede del Ministerio de Educación porteño. Gulmanelli, quien entonces estaba al frente de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, aseguró que el gobierno porteño había cumplido con las becas y con la entrega de viandas, pero no le creyeron. La reunión terminó muy mal para él, porque fue desmentido y abucheado por los estudiantes. En este mes de marzo de 2012, el funcionario tuvo otro contacto directo, esta vez con los vecinos de las villas 31 y 31 Bis.
Los recibió para tratar de zanjar las diferencias surgidas a partir del reclamo de los vecinos para que el gobierno de Macri disponga de micros escolares gratuitos para los chicos de la villa que concurren a escuelas alejadas de su lugar de residencia. Gulmanelli fue escoltado, durante esa reunión en la sede del ministerio, por un grupo numeroso de agentes de la Policía Metropolitana. “Fue un momento feo, porque nos trataron como si fuéramos delincuentes. Nos vigilaban, nos miraban, sólo faltó que nos olfatearan o que nos palparan de armas”, le contó a Página/12 una de las madres que participó de ese encuentro.
Además de su experiencia en la escuela privada, Gulmanelli participa en la Fundación Fragua, que busca “servir al bien común mediante la participación política y la vivencia de valores cívicos y republicanos”. También fue fundador de la Red Luján, integrada por “dirigentes políticos cristianos” que se declaran seguidores del italiano Alcide De Gasperi. Este político, que estuvo preso durante la época de Mussolini, luego se convirtió en líder de la Democracia Cristiana y combatió desde ese lugar al Partido Comunista italiano. En la Legislatura porteña, Gulmanelli fue asesor de Santiago de Estrada, jefe de la bancada del PRO y ex interventor en el PAMI durante la dictadura militar, entre otros cargos.

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