Por Adriana Clemente*
El 22 de marzo se publicó en diarios de amplio alcance como La Nación y Clarín sendas notas referidas a los resultados alcanzados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) en materia de reingreso de niños y jóvenes en la enseñanza primaria y secundaria.
El artículo apoyado en los resultados de un informe presentado por el Observatorio de la Educación Básica Argentina concluye de manera contundente en que la AUH “ha fracasado como política socio educativa”.
El Observatorio, según consignan los artículos publicados, es una iniciativa de la Fundación Centro de Estudios para las Políticas Públicas (CEPP), la UBA y el Banco Santander.
Por el carácter contundente y descalificador de esta afirmación se hace necesario revisar de manera crítica tanto la fuente y su rigurosidad, como su intencionalidad.
En el campo de la investigación social ha sido largamente superada la hipótesis de “neutralidad” de corte positivista que se le atribuye al investigador y su práctica. Sin embargo, aun persiste en muchos casos la pretensión de imponer “verdades” bajo formatos aparentemente científicos.
De manera breve repasamos el carácter de los dichos sobre la AUH que se le atribuyen al informe en cuestión, sobre las base de tres argumentos: la consistencia de la afirmación, el modo de legitimación que busca el informe y en base a esos dos aspectos, su posible intencionalidad final.
Sobre la consistencia metodológica del estudio podemos observar, según lo que se consigna en el diario, por lo menos dos cuestiones. Primero, la imposibilidad de constatar los dichos publicados sobre los resultados de la AUH en materia de reingreso de niños y jóvenes al sistema. Sorprendentemente el informe que citan los diarios Clarín y La Nación que sí está colgado en la
página de la Fundación CEPP nada dice sobre la AUH en sus más de 22 páginas.
Muy por el contrario, en varias de sus páginas, comparte observaciones auspiciosas por parte de los más de 1.500 directivos, docentes y celadores consultados respecto a las mejoras que tuvo el sistema en estos años, principalmente equipamiento pedagógico e infraestructura.
Curiosamente de esto no se habla en los artículos publicados. ¿Será que hay dos informes?
En cuanto a las fuentes, desde el punto de vista metodológico se espera que un estudio basado en testimonios consigne sus conclusiones recordando que se trata justamente de "percepciones",
entonces se utiliza el consabido según “creen”, “opinan”, “perciben” las personas consultadas.
Se trata de una formalidad de rigor en este tipo de trabajo, especialmente cuando no diversifican y triangulan sus fuentes de información.
Esta omisión se agrava cuando el director del estudio, Gustavo Laies, director del CEPP y ex secretario de Educación Básica de la Nación (1999/2001) dice que los porcentajes presentados por el ministro de Educación Alberto Sileoni en el 2010 -respecto a más de un 30% de incremento de la matrícula de 2009-, no se corresponden con los resultados de su relevamiento.
El estudio de Laies atribuye, siempre en base a percepciones, a un aumento del 13% en el nivel primario y de 23% en el secundario, lo que en un promedio ponderado nos acercaría al 20%
que anunció el ministro.
Recordemos que los datos que presenta el ministro se basan en las estadísticas que brindan los establecimientos de los que también forman parte los 1.800 docentes y directivos consultados por el CEPP.
Respecto de la búsqueda de legitimación de las conclusiones presentadas por CEPP el artículo cita al Banco Santander y a la Universidad de Buenos Aires (UBA) reunidos bajo la figura del
Observatorio de la Educación Básica Argentina.
También se cita al Ministerio de Educación de la Nación, quien debió aclarar que, como en tantos otros casos que le es solicitado, brindó al CEPP una muestra de escuelas seleccionadas al azar.
Otro aspecto cuestionable, es que el informe que se hizo público que contó con la presencia del rector de la UBA no coincide con las declaraciones realizadas por el director del proyecto a los diarios.
Esta incongruencia se constituye por parte del responsable del Observatorio en una falta grave de ética. En este punto, nos queda pendiente reflexionar sobre los programas de cooperación
interinstitucional y el alcance que una institución pública y prestigiosa como la UBA debe darse como parte de sus políticas de cooperación, en especial por el carácter legitimador que tiene su sello institucional.
Finalmente nos referimos a un aspecto sustantivo como es el enfoque que subyace en la construcción y difusión de estas conclusiones. El hecho de deslegitimar por falta de una supuesta
eficacia una de las principales medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, responde más a un imperativo ideológico que una genuina preocupación por la evolución de una política pública que hoy llega a más de 3.200.000 de niños y jóvenes.
El carácter fuertemente redistributivo de la AUH para los sectores más conservadores merece un lugar especial en su cruzada moralizadora. De ahí que en los artículos publicados por Clarín y
La Nación hay más preocupación por la falta de sanciones a los beneficiarios de la AUH, que (en caso de ser válidas sus observaciones) por la complejidad que adquiere la problemática
educativa entre los jóvenes que pasaron su infancia rodeados de privaciones por efecto de políticas erráticas del Estado.
Quizás Gustavo Laies que hace este análisis dilapidario sobre los resultados de la AUH en materia educativa, pueda también preguntarse por su paso por el Ministerio de Educación (primero como subsecretario y luego como secretario) durante el gobierno de Fernando de la Rúa donde, entre otras cosas, se propuso arancelar la universidad.
Del mismo modo que un ministro de Salud en la provincia de Corrientes supone que las jóvenes se embarazan para cobrar la AUH, este estudio, en la misma sintonía, pide “controles y sanciones” para los pobres que no pueden cumplir satisfactoriamente las condicionalidades.
En un lenguaje popular diríamos “otra vez sopa”.
*Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA
TELAM
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