miércoles, 13 de junio de 2012

Carta abierta a un arzobispo



Por Hernán Patiño Mayer *
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Buenos Aires, 11 de junio de 2012
Monseñor Alfonso Delgado
Arzobispo de San Juan
He leído su réplica (1) dirigida a la presidenta de la Nación con motivo de la sanción que las autoridades de un colegio dependiente de la Universidad Católica de Cuyo aplicara a la alumna Micaela Lisola. Déjeme decirle antes de continuar que es como miembro de la misma comunidad de creyentes que escribo estas líneas. Dejé pasar un tiempo prudencial a la espera de alguna corrección o desmentida de su parte. No las hubo. Según se informa, la alumna habría sido sancionada por intentar, al hablar en un acto escolar, referirse al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora todos los 24 de marzo, en cumplimiento de la ley nacional 25.633, del 2 de agosto de 2002. Usted niega que ése haya sido el motivo de la sanción “sino que hubo una cuestión de tinte disciplinario”. Al no aclarar cuál es la “cuestión”, su negativa se desdibuja. Bien podría ser que la indisciplina fuera que la alumna desobedeció la orden de no hablar de ese tema en dicho acto y por eso fue sancionada. Si no fue así, sería importante que aclarara usted la razón de la sanción. Pero vayamos ahora, monseñor, al resto de sus declaraciones. Permítame decirle, con similar respeto al que dice tener por la señora Presidenta, que no creo que su preocupación sea cómo “llegar a fin de mes”. Gracias a la ley 21.950, firmada por Videla y Martínez de Hoz, los arzobispos y obispos con jurisdicción gozan de una asignación mensual estatal que asciende al 80 por ciento del sueldo de un juez nacional de primera instancia. Al mes de febrero de este año, esa canonjía era aproximadamente de $ 13.900, equivalente a unos seis salarios mínimos. Siendo soltero sin hijos, si esa suma no le alcanza, monseñor, usted tiene un serio problema de administración personal o lleva una vida poco acorde con la austeridad evangélica. Pero, además, usted ni siquiera debe ahorrar para su vejez. Por la ley 21.540, firmada también por Videla, una vez que cese usted en sus funciones o –Dios no lo permita– se vea incapacitado para ejercerlas, recibirá de manera vitalicia una suma equivalente al 70 por ciento del sueldo de los magistrados, lo que significa al mismo mes de febrero un ingreso mensual aproximado a los $ 11.000, equivalente a más de seis jubilaciones mínimas. Estos cuestionables privilegios son de carácter móvil y se satisfacen con los impuestos que pagamos todos los argentinos, católicos o no. Monseñor, si con todo esto a usted le preocupa cómo llegar a fin de mes, me permito sugerirle la relectura del Evangelio de Nuestro Señor (Mt. 6; 25,34) donde, entre otras recomendaciones, Jesús nos dice “que por todas esas cosas (sus preocupaciones, monseñor) se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura”. Y si pese a esto su preocupación persiste, vaya a Mateo 19,29 y lea: “Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna”. Dice usted, después, que cualquiera que haya ejercido la función pública durante el último medio siglo puede aparecer en una foto con alguien “con gorra o sin gorra”. Debe usted haberse expresado mal, porque es obvio que casi todos tenemos una foto con gente sin gorra. Ahora bien, sólo algunos tienen fotos con gente con gorra –supongo que se refiere a militares– que, además, están condenados a perpetuidad por secuestros, torturas, asesinato, desaparición de personas, robo de bebés y que ejercían, cuando fueron retratadas, la conducción de una sangrienta tiranía. Parece algo más que casualidad que la misma persona, la rectora Larrauri, tres décadas después sea protagonista del episodio que nos ocupa. Esto sí, monseñor, debería ser motivo de su preocupación. Y finalmente le voy a decir algo que como Iglesia me preocupa a mí. Me refiero a las acusaciones que formuló su sobrina política Gisela Busaniche por Radio Continental (2), referidas a su conducta frente al secuestro y desaparición, en 1977, de la pareja conformada por su hermano Pedro Delgado y Graciela Busaniche, quien se encontraba embarazada de tres meses. Atentamente.
(1) Envié una carta de lectores a La Nación, que aún no fue publicada.
(2) En La mañana, que conduce Víctor Hugo Morales (8 de junio).

* Ex embajador argentino en Uruguay y en la OEA.

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