Discrepancias entre Vidal y Lemus por la continuidad de un programa
En marzo, Salud desarticuló un prestigioso programa de atención a chicos con patologías mentales severas. Pero la vicejefa de Gobierno pidió que se lo restablezca. Lemus anuló su resolución pero no reincorporó a las coordinadoras desafectadas.
Por Pedro Lipcovich
La medida trasladaba el programa a un centro de internación, el hospital Tobar García.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuló –pero no anuló– la resolución que había desarticulado el Programa de Atención Comunitaria de Niños y Adolescentes (PAC), destinado a la atención de patologías mentales severas que evitaba internaciones por razones sociales. La anuló, porque emitió otra resolución que cancela los efectos de la primera. Pero no la anuló, porque las ex coordinadoras del PAC no fueron reincorporadas y porque el desmontaje del organismo ya se viene produciendo. Esta confusa situación se puede examinar desde dos niveles. Un nivel trata del conflicto entre funcionarios: la resolución que desarticulaba el PAC –firmada en marzo por Jorge Lemus, ministro de Salud– había sido promovida por la directora de Salud Mental, María Grosso, pero María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno, se opuso a la caída del Programa y promovió la segunda resolución, que el propio Lemus firmó pero no implementó. El segundo nivel en que debe entenderse el tema es la dificultad para desbaratar un programa que, por la naturaleza misma de su acción, tenía anclajes en muy diversas instituciones vinculadas con la Ciudad: si la actual vicejefa procuró defenderlo (y hasta ahora fracasó en el intento), fue a partir de su propia experiencia como ministra de Desarrollo Social, área que registra una historia de trabajo fructífero con el PAC.
El 13 de marzo, el ministro Lemus firmó la resolución 347, que trasladaba el PAC al Hospital Tobar García y reemplazaba a sus coordinadoras y equipo. María Grosso notificó personalmente y por escrito del desplazamiento a las coordinadoras, Alejandra Barcala y Patricia Alvarez Zunino. Sin embargo, en mayo, el ministro Lemus firmó otra resolución: “Suspéndanse las designaciones de coordinadora y equipo de trabajo interdisciplinario” que había fijado la resolución anterior. Los fundamentos de la suspensión aluden a que “se están articulando acciones conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad”. Página/12 tuvo acceso a esta resolución, que no fue dada a conocer ni comunicada a los interesados. Una fuente del Ministerio de Salud de la Ciudad aseguró, no obstante, que “esta resolución anula la anterior, y todo queda como estaba antes”. Este diario intentó en vano consultar a María Eugenia Vidal.
Según contó a este diario María Elena Naddeo –diputada de la Ciudad, titular de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental–, “María Eugenia Vidal me aseguró que las autoridades históricas del PAC vuelven a estar en funciones, como efecto de la última resolución firmada por el ministro de Salud. El propio Lemus me dijo lo mismo el 7 de junio. La intervención de la vicejefa de Gobierno se debe a que, cuando fue ministra de Desarrollo Social, registró la experiencia positiva con el PAC en relación con los hogares de niños a cargo de ese ministerio –subrayó Naddeo–. Pero los efectos de la última resolución deberían haber sido comunicados oficialmente desde el Ministerio de Salud. Se ha creado una situación de incertidumbre y de grave confusión institucional”.
Alejandra Barcala, ex coordinadora general del PAC, señaló que “el 27 de marzo la directora de Salud Mental, María Grosso, nos presentó a la nueva coordinadora del PAC y nos notificó por escrito; ese mismo día, María Eugenia Vidal se reunió con padres de pacientes a los que les aseguró que el programa iba a seguir con el mismo equipo. Nunca más tuvimos novedades, hasta que nos enteramos de esta resolución, que no nos fue notificada, que es inespecífica y no nos permite volver a instalar el programa como tal”.
Tal como informó Página/12 en su edición del 29 de marzo, el PAC obtuvo diversos premios académicos y de entidades profesionales, y fue reconocido por instituciones como el Consejo de Derechos de Niños y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad. Siempre había funcionado en el Centro de Salud Mental Nº 1, conducido por psicólogas. La resolución ministerial luego suspendida las reemplazaba por un médico, gremialista de la Asociación de Médicos Municipales con experticia en internaciones psiquiátricas.
Barcala contó ayer que a “los pacientes que atendíamos los hemos derivado a efectores de la red que habíamos constituido; fuimos suspendiendo las actividades culturales y los talleres para chicos con dificultades y discapacidades psicosociales; avisamos que este año no podíamos recibir a los residentes médicos y psicólogos para capacitarlos; con cada uno de los hogares con los que trabajábamos hicimos un cierre para que no hicieran más derivaciones. Con los chicos de los talleres de malabares, de plástica, de restauración de edificios, de radio, hicimos un ‘festejo de cierre’. Cierto que la fiesta más importante la hacíamos todos los años el Día del Niño, en el Zoológico: juntábamos más de 500 chicos con distintas discapacidades: era una fiesta donde se trabajaba la aceptación de las diferencias y la inclusión para todos”.
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