La medida afecta a 29 plantas de la Ciudad y más de 2000 trabajadores.
Seis días después del décimo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, decidió anular la ley porteña que protegía a uno de los principales protagonistas de aquella crisis inédita. Según el Boletín Oficial 3818, publicado ayer, un día antes de Nochebuena, Macri dejó sin efecto la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad que, desde fines de los ’90, ocuparon sus puestos de trabajo para evitar que los patrones vaciaran las plantas fabriles, vendieran sus maquinarias y los dejaran en la calle.
Esas fábricas, que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los últimos años del menemismo, fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública” para expropiarlas con fondos públicos. La norma, promulgada en septiembre de ese año por un recién llegado alcalde Aníbal Ibarra, ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura. Eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2004, cuando los ediles sancionaron la Ley 1529 y prorrogaron ese plazo hasta 2008, el año en que una nueva Legislatura votó la Ley 2970 y extendió los plazos hasta 2011. La protección legal fue ratificada por cuarta vez hace un mes, cuando faltaban menos de 30 días para que Macri asumiera su segundo mandato como jefe comunal. Allí, los diputados porteños volvieron a extender los plazos hasta 2017, con la sanción de la Ley 4008. Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando Macri cumplió la primera semana de su nuevo mandato, la norma quedó sin efecto, gracias a un decreto firmado por el magnate, junto a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El veto transforma a esta ley de protección para las fábricas recuperadas, en la norma número 84 anulada durante la gestión PRO desde el 10 de diciembre de 2007, cuando Macri estrenó su facultad con el veto a la ley que creaba una fábrica pública de medicamentos genéricos en la Ciudad. Antes del veto publicado ayer, la prórroga duró casi doce años, “pero en todo ese tiempo, el Estado porteño se presentó sólo en dos quiebras y pagó las expropiaciones, pero jamás se presentó en los casos de 29 fábricas que la Ciudad debía comprar”, explicó a Tiempo Argentino, Eduardo Montes, trabajador de Gráfica Patricios y vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), el organismo que reúne a 15 fábricas gestionadas por sus trabajadores. “Con el veto de Macri, todos los procesos de quiebra se pueden volver en nuestra contra, y ahora, los vaciadores que se fugaron hace diez años, podrán reclamar, sin ningún impedimento legal, que nos quiten todo, y nos dejen en la calle”, contó con preocupación el obrero gráfico que hace diez años, en ese mismo lugar, se atrincheró junto a sus compañeros, dentro de los enormes talleres gráficos que alguna vez imprimieron la edición argentina del matutino madrileño El País. Una década después, más de 2000 trabajadores volvieron a vivir el fantasma de la crisis de 2001. Esta vez no fue Fernando de la Rúa, sino Mauricio Macri, el alcalde que desde la semana próxima deberá enfrentar a centenares de trabajadores que no esperarán los posibles desalojos con los brazos cruzados.
TIEMPO ARGENTINO
No hay comentarios:
Publicar un comentario