Una ONG acusó a Macri de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”
La justicia en lo Contencioso Administrativo porteña resolverá entre mañana y el jueves las medidas cautelares que buscan frenar el incremento de la tarifa del servicio. Ayer, los gremios volvieron a abrir los molinetes en horas pico.
La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolverá probablemente entre mañana y el jueves la suerte de tres acciones de amparo con pedido de medida cautelar urgente para frenar el aumento de la tarifa de los subtes de 1,10 a 2,50 pesos. Ayer se completaron los pasos formales para las acciones intentadas por la ONG Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, el primero en radicar una presentación contra el incremento tarifario. Mangiocalda formuló, además, una denuncia penal por presunto “abuso de autoridad” contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que recayó en un juzgado en lo Correccional porteño. La segunda presentación judicial, realizada por las organizaciones de defensa de los ciudadanos Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y la Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), con el apoyo de los legisladores Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn, Delia Bisutti, María Elena Naddeo y Susana Rinaldi, entre otros, llegó ayer después del mediodía al despacho del juez Fernando Juan Lima (Juan Lima es apellido compuesto, según explicaron fuentes judiciales) derivado por su colega Elena Liberatori, quien ya habilitó la feria judicial para su tratamiento.
La tercera presentación ingresó ayer por la mañana y también quedó radicada ante el juzgado de Juan Lima. Se trata de una presentación del legislador porteño Alejandro Bodart y la ex diputada Vilma Ripoll. Si bien las tres acciones judiciales persiguen, básicamente, el mismo objetivo de frenar la suba de las tarifas argumentando que no se cumplió con el paso previo y obligatorio de la audiencia pública, el juez podría emitir resoluciones por separado. Los tres recursos coinciden que se ha “resuelto en forma antijurídica, irrazonable, ilegal, arbitraria y manifiesta mediante el citado decreto la suba de valor del boleto de subterráneo, violando de forma manifiesta los derechos y garantías constitucionales de los usuarios de las líneas de subte en todos sus ramales”. Pero “aunque apuntan a un mismo objeto procesal, por las características de cada una de ellas tal vez sea más oportuno tratarlas por separado e ir resolviéndolas específicamente de acuerdo con lo que plantea cada una”, analizaron en cercanías del magistrado.
Los tres expedientes serán remitidos a la fiscalía a cargo de Federico Andrés Villalba Díaz, uno de los representantes del Ministerio Público que permanece trabajando durante la feria. Él será el encargado de dictaminar sobre la procedencia o no de la medida cautelar, aunque su dictamen no es de cumplimiento obligatorio para el juez
Las cuestiones burocráticas y de procedimiento parecen tornar difícil que el magistrado emita una resolución antes del jueves. Y en ese caso se tratará de una medida provisoria que, sea cual fuere su tenor (esto es si suspende o no el aumento) resultará apelable ante la Cámara de Feria, por lo que el fallo del juez podría resultar de aplicación efímera.
Más allá de la medida cautelar, la validez constitucional del aumento tarifario a partir de una interpretación generosa de una audiencia pública realizada hace casi 12 años, en otro contexto político y económico, será finalmente resuelta por la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario numero 14, Nidia Carina Cicero, cuando se reintegre a sus tareas, tras la feria judicial.
La disputa en tribunales por el aumento de las tarifas del subte sumó ayer un capítulo penal. El abogado Mangiocalda impulsó la causa 651/2012, en la que imputó a Macri, en su calidad de jefe de gobierno, los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia es una suerte de complemento de la acción administrativa y por lo pronto no se insinúa como uno de los expedientes en condiciones de promover la apertura de la feria judicial para su tratamiento.
TIEMPO ARGENTINO
La justicia en lo Contencioso Administrativo porteña resolverá entre mañana y el jueves las medidas cautelares que buscan frenar el incremento de la tarifa del servicio. Ayer, los gremios volvieron a abrir los molinetes en horas pico.
La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires resolverá probablemente entre mañana y el jueves la suerte de tres acciones de amparo con pedido de medida cautelar urgente para frenar el aumento de la tarifa de los subtes de 1,10 a 2,50 pesos. Ayer se completaron los pasos formales para las acciones intentadas por la ONG Ciudadanos Libres, que encabeza el abogado José Mangiocalda, el primero en radicar una presentación contra el incremento tarifario. Mangiocalda formuló, además, una denuncia penal por presunto “abuso de autoridad” contra el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que recayó en un juzgado en lo Correccional porteño. La segunda presentación judicial, realizada por las organizaciones de defensa de los ciudadanos Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y la Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), con el apoyo de los legisladores Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn, Delia Bisutti, María Elena Naddeo y Susana Rinaldi, entre otros, llegó ayer después del mediodía al despacho del juez Fernando Juan Lima (Juan Lima es apellido compuesto, según explicaron fuentes judiciales) derivado por su colega Elena Liberatori, quien ya habilitó la feria judicial para su tratamiento.
La tercera presentación ingresó ayer por la mañana y también quedó radicada ante el juzgado de Juan Lima. Se trata de una presentación del legislador porteño Alejandro Bodart y la ex diputada Vilma Ripoll. Si bien las tres acciones judiciales persiguen, básicamente, el mismo objetivo de frenar la suba de las tarifas argumentando que no se cumplió con el paso previo y obligatorio de la audiencia pública, el juez podría emitir resoluciones por separado. Los tres recursos coinciden que se ha “resuelto en forma antijurídica, irrazonable, ilegal, arbitraria y manifiesta mediante el citado decreto la suba de valor del boleto de subterráneo, violando de forma manifiesta los derechos y garantías constitucionales de los usuarios de las líneas de subte en todos sus ramales”. Pero “aunque apuntan a un mismo objeto procesal, por las características de cada una de ellas tal vez sea más oportuno tratarlas por separado e ir resolviéndolas específicamente de acuerdo con lo que plantea cada una”, analizaron en cercanías del magistrado.
Los tres expedientes serán remitidos a la fiscalía a cargo de Federico Andrés Villalba Díaz, uno de los representantes del Ministerio Público que permanece trabajando durante la feria. Él será el encargado de dictaminar sobre la procedencia o no de la medida cautelar, aunque su dictamen no es de cumplimiento obligatorio para el juez
Las cuestiones burocráticas y de procedimiento parecen tornar difícil que el magistrado emita una resolución antes del jueves. Y en ese caso se tratará de una medida provisoria que, sea cual fuere su tenor (esto es si suspende o no el aumento) resultará apelable ante la Cámara de Feria, por lo que el fallo del juez podría resultar de aplicación efímera.
Más allá de la medida cautelar, la validez constitucional del aumento tarifario a partir de una interpretación generosa de una audiencia pública realizada hace casi 12 años, en otro contexto político y económico, será finalmente resuelta por la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario numero 14, Nidia Carina Cicero, cuando se reintegre a sus tareas, tras la feria judicial.
La disputa en tribunales por el aumento de las tarifas del subte sumó ayer un capítulo penal. El abogado Mangiocalda impulsó la causa 651/2012, en la que imputó a Macri, en su calidad de jefe de gobierno, los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia es una suerte de complemento de la acción administrativa y por lo pronto no se insinúa como uno de los expedientes en condiciones de promover la apertura de la feria judicial para su tratamiento.
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