Las razones de Macri para vetar
Año 5. Edición número 192. Domingo 22 de enero de 2012
El uso sistemático de este instrumento le sirve para quitar subsidios, consolidar su base social y distraer a la oposición.
Esquizofrenia política. De las 97 normas vetadas, 90 fueron aprobadas por el PRO. (TELAM)
El miércoles a la tarde, varios actores, músicos y escritores comenzaron a llamarse por teléfono sorprendidos. El Boletín Oficial de ese día consignaba que el proyecto que había obtenido 45 votos a favor, cero en contra y cero abstención, había sido vetado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri. Lo que más llamó la atención de los artistas es que se trataba de un subsidio mensual y vitalicio para ganadores de diversas distinciones que el propio Ejecutivo habitualmente otorga.
Dos días después, nueve proyectos aprobados durante la maratónica última sesión de 2011 también fueron vetados. Chau a los tratamientos de fertilización asistida para los afiliados a Obsba (la obra social de los empleados municipales); adiós a la regulación para comercializar precursores químicos; hasta siempre a la creación del Centro de Documentación del Bicentenario; bye bye al Congreso Pedagógico de este año; minga a destinar el edificio de Gascón 123 como vivienda social; alpiste para la Asociación de Síndrome de Down, que esperaba unos fondos extra; ni ahí a la creación de un fondo fiduciario para pymes; sigan participando para la empresa recuperada Cefomar, que quería quedar amparada por la ley de expropiación; olvídense de los subsidios anuales a la Junta de Estudios Históricos de diferentes barrios de la ciudad.
Estos nueve, más los dos que se habían conocido previamente, elevaron la cifra de vetos a 97, por lo menos hasta el cierre de esta edición, según habían contabilizado en el despacho de Daniel Filmus. De esos 97, hasta ahora se publicaron 92 en el Boletín Oficial. La cifra total abarca los cuatro años de gestión del Ingeniero. Más allá de los números, el empleo de los vetos no es indiscriminado y al analizarlos en conjunto se hace evidente el sentido político que los motiva, más allá de la aparente debilidad irrefrenable, casi compulsiva, por vetar.
Dos días después, nueve proyectos aprobados durante la maratónica última sesión de 2011 también fueron vetados. Chau a los tratamientos de fertilización asistida para los afiliados a Obsba (la obra social de los empleados municipales); adiós a la regulación para comercializar precursores químicos; hasta siempre a la creación del Centro de Documentación del Bicentenario; bye bye al Congreso Pedagógico de este año; minga a destinar el edificio de Gascón 123 como vivienda social; alpiste para la Asociación de Síndrome de Down, que esperaba unos fondos extra; ni ahí a la creación de un fondo fiduciario para pymes; sigan participando para la empresa recuperada Cefomar, que quería quedar amparada por la ley de expropiación; olvídense de los subsidios anuales a la Junta de Estudios Históricos de diferentes barrios de la ciudad.
Estos nueve, más los dos que se habían conocido previamente, elevaron la cifra de vetos a 97, por lo menos hasta el cierre de esta edición, según habían contabilizado en el despacho de Daniel Filmus. De esos 97, hasta ahora se publicaron 92 en el Boletín Oficial. La cifra total abarca los cuatro años de gestión del Ingeniero. Más allá de los números, el empleo de los vetos no es indiscriminado y al analizarlos en conjunto se hace evidente el sentido político que los motiva, más allá de la aparente debilidad irrefrenable, casi compulsiva, por vetar.
Los peones y el Rey. Un primer análisis tiene que ver con su metodología política. El verano es, como todos los veranos desde que Macri asumió, el momento propicio para vetar. Ya es rutina y tiene causas políticas. A fin de año, la oposición y el oficialismo negocian –rosquean– varios proyectos. Se hacen acuerdos, se va al recinto y se vota. Pero después se veta y se caen las negociaciones hechas. Con lo que el macrismo logra hacer pasar “sus” leyes y voltear las de la oposición. La utilización de este recurso exaspera a los opositores ya que no es “uso y costumbre” negociar durante meses –a veces, años– y que después se caiga todo mediante los vetos. No es una conducta típicamente política. Quizá sea una lógica de negociación empresarial.
La gimnasia de negociar-votar-vetar explica por qué de los 97 vetos que el Ingeniero impuso a otros tantos proyectos, 90 habían sido aprobados por el oficialismo en el recinto y que, objetivamente, ubicarían al PRO como una suerte de bloque opositor al macrismo. Sólo en siete casos de los vetos hubo coincidencia de pensamiento y acción entre los ediles y su rey.
Los legisladores del oficialismo asumen ese costo, ya que los números que demuestran la mecánica de votar a fin de año y vetar a principios del siguiente son contundentes: en 2012 ya se vetaron diez proyectos. Durante 2011, el 70 por ciento de lo vetado se realizó durante el verano. En 2010, entre enero y febrero, se derribaron 23 iniciativas sobre un total de 36 anuales. En 2009, casi el 50 por ciento de lo vetado fue con altas temperaturas y en 2008 una cifra similar. La coincidencia en el tiempo demuestra que hay una conducta previamente pautada. La mecánica de negociar-votar-vetar se va incrementando, lo que evidencia que para Macri es una herramienta bastante cómoda. Habría que esperar para las próximas semanas nuevos vetos que superen récords si se tiene en cuenta el peso político simbólico que le brinda el 64 por ciento obtenido en las elecciones.
Al mismo tiempo –interpretan operadores de la legislatura consultados–, Macri sabe que gracias a esos vetos, cuando se reanuden las sesiones, buena parte de la oposición dedicará tiempo y energía para insistir con las ideas rechazadas. De manera indirecta, logra embarullarlos con pequeños conflictos que individualmente no cobran trascendencia y cuyo costo político es mínimo.
Sin embargo, la compulsión por el veto tiene implicancias más estratégicas que el muñequeo en el palacio legislativo y que nítidamente evidencia la concepción ideológica del jefe de Gobierno.
La gimnasia de negociar-votar-vetar explica por qué de los 97 vetos que el Ingeniero impuso a otros tantos proyectos, 90 habían sido aprobados por el oficialismo en el recinto y que, objetivamente, ubicarían al PRO como una suerte de bloque opositor al macrismo. Sólo en siete casos de los vetos hubo coincidencia de pensamiento y acción entre los ediles y su rey.
Los legisladores del oficialismo asumen ese costo, ya que los números que demuestran la mecánica de votar a fin de año y vetar a principios del siguiente son contundentes: en 2012 ya se vetaron diez proyectos. Durante 2011, el 70 por ciento de lo vetado se realizó durante el verano. En 2010, entre enero y febrero, se derribaron 23 iniciativas sobre un total de 36 anuales. En 2009, casi el 50 por ciento de lo vetado fue con altas temperaturas y en 2008 una cifra similar. La coincidencia en el tiempo demuestra que hay una conducta previamente pautada. La mecánica de negociar-votar-vetar se va incrementando, lo que evidencia que para Macri es una herramienta bastante cómoda. Habría que esperar para las próximas semanas nuevos vetos que superen récords si se tiene en cuenta el peso político simbólico que le brinda el 64 por ciento obtenido en las elecciones.
Al mismo tiempo –interpretan operadores de la legislatura consultados–, Macri sabe que gracias a esos vetos, cuando se reanuden las sesiones, buena parte de la oposición dedicará tiempo y energía para insistir con las ideas rechazadas. De manera indirecta, logra embarullarlos con pequeños conflictos que individualmente no cobran trascendencia y cuyo costo político es mínimo.
Sin embargo, la compulsión por el veto tiene implicancias más estratégicas que el muñequeo en el palacio legislativo y que nítidamente evidencia la concepción ideológica del jefe de Gobierno.
Los contenidos de la lapicera. ¿Es cierto que Macri veta todo lo que tenga que ver con equiparación de derechos o cuestiones vinculadas con lo social? No, no es cierto. Sólo veta lo que se vincula con cuestiones sociales si representan gastos del presupuesto, así sean unos pocos pesos. Las quitas de los subsidios a la Apdh del 13 de enero de 2010, la anulación de ayudas habitacionales una semana antes o la derogación de aportes financieros a la Asociación de Síndrome de Down del jueves pasado son montos mínimos para el presupuesto anual de 32.700 millones de pesos. Sin embargo, sirven como medida “ejemplificadora” y demostrativa de que supuestamente no hay recursos. Aquí se ubica en sintonía con buena parte de su base social que considera injusto usar –gastar– plata en rubros vinculados a la equidad social. Quitarles subsidios a las empresas recuperadas, rechazar la constitución de foros de seguridad pública, vetar una ley que daba recursos a las comunas, intentar que caiga la construcción de una escuela en lo que fue la Mansión Seré o rechazar la creación de un Comité Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, tiene como víctimas a sectores con los que él nunca va a congraciarse. Esos vetos no tienen ningún costo político, y si para colmo hay que “darles plata” para que lo critiquen, entonces carece de sentido en la lógica de la actual administración.
Por la negativa, también se puede ver cómo los vetos apuntan generalmente a las leyes sociales que generan gastos, y no “molestan” si son declaratorias de derechos.
Por citar un solo ejemplo, el Ingeniero civil no vetó la ley marco que presentó la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti y que crea un Sistema Único de Garantía de Derechos Sociales. Una norma que articula y ayuda a coordinar diversos sectores de la administración pública referida a la ayuda social.
Macri es consciente de que quienes se opongan a sus vetos serán sectores cuya queja y reclamo ayudará a darle más consistencia con su base social porteña y reconocerse en ella.
Por la negativa, también se puede ver cómo los vetos apuntan generalmente a las leyes sociales que generan gastos, y no “molestan” si son declaratorias de derechos.
Por citar un solo ejemplo, el Ingeniero civil no vetó la ley marco que presentó la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti y que crea un Sistema Único de Garantía de Derechos Sociales. Una norma que articula y ayuda a coordinar diversos sectores de la administración pública referida a la ayuda social.
Macri es consciente de que quienes se opongan a sus vetos serán sectores cuya queja y reclamo ayudará a darle más consistencia con su base social porteña y reconocerse en ella.
Flojos de papeles. Hay que señalar que algunos vetos obedecen a que las iniciativas sancionadas tienen vicios de forma. Hay casos en que el articulado es impreciso, tiene contradicciones o directamente es inaplicable. Las flaquezas de un proyecto sirvieron como excusas para que el jefe de Gobierno usase su lapicera. Pese a esto, “todo es cuestión de voluntad política ya que se aprobaron normas de una imprecisión asombrosa”, dice la secretaria parlamentaria de un jefe de bloque opositor.
Pasar en limpio los rubros por donde anda la lapicera del veto arroja como resultado que el principal aspecto que le preocupa al jefe de Gobierno es el espacio público, luego los derechos humanos, defensa del consumidor, comunicación social, trabajo, vivienda y planeamiento urbano.
Pasar en limpio los rubros por donde anda la lapicera del veto arroja como resultado que el principal aspecto que le preocupa al jefe de Gobierno es el espacio público, luego los derechos humanos, defensa del consumidor, comunicación social, trabajo, vivienda y planeamiento urbano.
Laboratorio legislativo
El veto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. No tiene efectos jurídicos concretos ya que no hay aún una ley, “no anula” como sí
es el caso de la derogación. Un proyecto sancionado cobra fuerza de ley cuando es promulgado por el Ejecutivo. Cuando la iniciativa es votada en la Legislatura, hay 10 días hábiles para que sea enviada al despacho del jefe de Gobierno. Si el alcalde la veta vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura. Si se quiere insistir en su sanción definitiva, deberá contar con una mayoría de dos tercios, algo casi imposible para la oposición.
es el caso de la derogación. Un proyecto sancionado cobra fuerza de ley cuando es promulgado por el Ejecutivo. Cuando la iniciativa es votada en la Legislatura, hay 10 días hábiles para que sea enviada al despacho del jefe de Gobierno. Si el alcalde la veta vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura. Si se quiere insistir en su sanción definitiva, deberá contar con una mayoría de dos tercios, algo casi imposible para la oposición.
MIRADAS AL SUR
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