Muerte, corrupción y silencio: la historia que Macri quiso ocultar
Publicado el 24 de Julio de 2011
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Ocurrió en la Secretaría de Comunicación Social que depende directamente de la jefatura de gobierno porteño: manejos turbios en los fondos públicos, privilegios a empresas privadas cautivas, espionaje y persecusión.
Siete meses pasaron de aquel domingo 19 de diciembre, en el que caía la tarde en San Isidro. Para muchos, como siempre. Para Gregorio Centurión, no. El hombre de confianza de Mauricio Macri en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño no tenía ganas de salir. Su mujer lo había invitado a caminar, como de costumbre, pero él no quería. Tenía otros planes.
Se quedó solo, vestido con ropa deportiva y en pantuflas. Su mujer se fue, salió por la puerta de dos hojas de la casa de dos pisos de Montevideo al 2300, a la vuelta del San Isidro Club, agobiada, tal vez, por la depresión que hundía a su marido en una persona a la que ya no reconocía. Los autos de alta gama quedaron estacionados en el caminito empedrado y circular de la vereda que recorre el frente de la casa, alejados unos metros de la calle. A Centurión no le importó. Ya no había nada que le importara. Nada.
Buscó la escopeta calibre 16, de dos caños no yuxtapuestos, de caza con perdigón, labrada en partes metálicas, antigua, muy bien conservada. “De esas que habitualmente pasan de generación, en generación”, especuló pocos minutos después uno de los peritos policiales al que Centurión no conocería jamás.
Su decisión estaba tomada. Cargó dos perdigones, dejó el resto prolijamente guardado en la caja, apoyó el caño en la barbilla derecha y disparó.
“Hay un hecho de sangre”, fue la frase que eligió el policía de la comisaría de Boulogne, a unas diez cuadras de la casa de Centurión, para advertirles a sus jefes del suicidio. Salieron enseguida, pero faltaban unos minutos para las 19, cuando llegó el servicio de urgencias, antes que ellos a la casa, enviado desde el 911. Más tarde lo hicieron la policía científica, la médica de policía y el secretario de la fiscalía.
“Ni bien se entra en la casa, el parquet reluce, la cocina se ve hacia la izquierda, más atrás el living con una puerta balcón y a la derecha la habitación en la que estaba”, recordó uno de los policías en diálogo con Tiempo Argentino. “Tenía las manos bien cuidadas, el pelo lacio y largo, casi sin canas, con la apariencia de un hombre más joven que los 54 años que tenía”, agregó.
Al lado de la puerta, según quedó registro, se veía el escritorio con la caja de cartuchos de 25 unidades, con sólo 23. “El número 24 estaría intacto en el cuerpo, que había quedado como en diagonal, en la habitación rectangular, boca abajo”, dedujo el policía. El otro, en la escopeta. Y así fue.
La pared revelaba más hipótesis de lo que había pasado. La propia fuerza de la escopeta, al salir el disparo, la había empujado hacia atrás, había golpeado la pared y, en ese golpe, había roto la culata. Esa culata voló hacia el sillón cama y la escopeta quedó tirada, debajo de la cortina. La precisión es importante, porque los policías y peritos buscaban determinar si Centurión se había suicidado o lo habían matado.
Aunque no había ninguna carta, a nadie le quedaron dudas, ni a la Policía Científica, Balística y Rastros, ni a la médica de policía ni al secretario de la fiscalía. No había indicios de que hubiera sido un asesinato. No había signos de lucha, ni puertas violentadas, precisaron.
Sacaron las fotos, embolsaron las manos para corroborar con más estudios las hipótesis tejidas en el lugar y la bolsa negra tapó todo. Todo, menos el dolor de los familiares que sólo atinaron a explicar que ese era el cuarto del único varón de entre sus hijos, que hacía dos o tres días el chico se había ido de viaje, que el hombre de la casa llevaba un tiempo como callado, recluido, tomando antidepresivos y nada más. Nada dijeron sobre su condición de funcionario público. Ni sobre la denuncia judicial que lo preocupaba.
Los avisos fúnebres del diario La Nación tampoco dieron cuenta de eso, sino del “profundo pesar”, “del triste momento”, “del cariño en el dolor”, “de la profunda tristeza por la despedida a un gran amigo y a una gran persona”. Sólo aparece un atisbo de su condición de político en la oración pedida en su memoria por el bloque PRO de diputados nacionales.
Sin embargo, Centurión había formado parte del núcleo duro del macrismo, desde sus orígenes. Lo conocía a Macri desde la época de estudiante en el Cardenal Newman y lo conoció mejor trabajando en SOCMA, donde manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel. Lo del PRO fue después, pero con la misma intensidad. Incluso, se le atribuye formar parte del equipo creativo que ideó la sigla para el partido y hasta el uso del color amarillo como distintivo.
Fue el Decreto 2074 el que lo convirtió en funcionario público el 10 de diciembre de 2007. Macri lo nombró al frente de la Secretaría de Comunicación Social bajo sus órdenes directas. Su nuevo puesto de trabajo, en el edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en avenida de Mayo al 500, no le resultaba imponente, las escaleras de mármol tampoco. Estaba acostumbrado al lujo.
Sus empleados, no. Por lo menos, Lorena Salvatori, Natalia Vicente, Agustina Rodríguez y Paz Busquet, cuatro chicas de no más de 25 años, sentían que tenían un trabajo importante cada vez que subían hasta las oficinas del primer piso. A medida que caminaban hacia su puesto de trabajo, veían el despacho de Iván Pavlovsky, vocero histórico de Macri; el del propio Centurión, más adelante el de Rubén Azcárate, a cargo de la Dirección de Planeamiento de Medios, y el de la contadora Alejandra Suárez, todos sus jefes con distinta jerarquía. También la oficina del jefe de gobierno porteño quedaba ante su mirada, crédula y confiada, de estudiantes de Comunicación Social, de Odontología de la UBA o simplemente de inglés. Estrenaban las ilusiones típicas en un primer puesto de trabajo.
Lo que no veían y ni siquiera podían sospechar es que pocos días después de empezar a trabajar para la gestión PRO, a mediados del año pasado, serían testigos de manejos turbios en la asignación de pauta oficial, maniobras para ocultar documentación en un allanamiento judicial, la depresión y posterior suicidio de su jefe y hasta la muerte de una de ellas, Lorena, sin que nadie llamara a su familia para lamentar lo ocurrido, sin que pudiera contar con una obra social para afrontar la operación a la que no sobrevivió, porque no estaba contratada como le habían dicho, ni ella ni ninguna de las tres chicas.
El sueño que había empezado a mediados del año pasado fue resquebrajándose de a poco, dejando al descubierto un complejo andamiaje legislativo construido por el jefe de gobierno y un sistema de empresas privadas vinculadas entre sí y con algunos de los funcionarios de confianza de Macri, que asignaban cifras millonarias de pauta oficial, sin el control público necesario. Tiempo accedió a documentación clave que demuestra, por ejemplo, que la empresa Bernini Medios, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y con 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado.
Los testimonios inéditos de Natalia Vicente y Agustina Rodríguez a este diario describen la situación sin eufemismos: “Era impresionante la plata que se facturaba ahí adentro. Cualquiera se daba cuenta de que había algo raro, porque no podía ser, tantas órdenes de unas empresas y tan pocas de otras. Lo sabían todos”, contó Natalia Vicente. “Ellos ya estaban avisados de los allanamientos, mágicamente me desaparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar después del allanamiento”, agregó. “Habían alquilado dos fotocopiadoras y teníamos que fotocopiar todas las carpetas de las empresas más importantes, como Central Media. Esto fue antes del allanamiento”, se sinceró su compañera, Agustina. “Llegaba a casa con miedo, estábamos todos con un miedo terrible. Y con la muerte de Lore, fue un desastre”, se lamentó.
Esta historia aún no resuelta, que cuenta con un funcionario público suicidado, una empleada fallecida sin el reconocimiento que corresponde, y un expediente judicial pero ningún procesado, empezó con la gestión PRO, no sólo al nombrar a Centurión como secretario, sino también a su segundo, Rubén Héctor Azcárate, frente a la Dirección de Planeamiento de Medios y a Alejandra Beatriz Suárez, como asesora contable.
Pocos meses después de sus nombramientos, Macri empezó a tejer la compleja trama que permitió manejos irregulares durante su gestión. Lo hizo con la firma del Decreto 611/08 de apenas cuatro artículos, pero con la contundencia suficiente como para “fijar pautas para la contratación de espacios publicitarios y de producción de material publicitario”. Estableció que se podía contratar publicidad oficial de manera directa hasta la suma de 150 mil pesos, en casos de urgencia, especialidad y exclusividad. Y le otorgó a la Secretaría de Comunicación la potestad en la elección del proveedor, ya que especificaba que “será suficiente para concretar la contratación, la calificación que efectúe la Secretaría”. Todo el poder quedó concentrado así en “la calificación” de la secretaría, que terminó por eludir el mecanismo más transparente para la contratación pública: la licitación. Y omitió informar públicamente en base a qué planeamiento le otorgó, a qué medios de comunicación qué montos específicos y por qué publicidades.
El decreto macrista permitió eludir la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad (número 2095), que explica en el primer párrafo del artículo 25 la regla general: “la selección del contratista (…) es por regla general mediante licitación pública o concurso público”. Y gracias al articulado que determina el procedimiento excepcional de la contratación directa, por “razones de urgencia”, por ejemplo, se disfrazaron de excepciones situaciones habituales.
A este marco administrativo a medida de los intereses del PRO se le sumó un complejo entramado societario, que les permitió a los mismos funcionarios públicos favorecer a empresas con las que tenían vínculo. Consistía en contratar a empresas privadas, intermediarias, “bolseras” como se las conoce en la jerga, para colocar la pauta, es decir que no contrataban directamente al medio, sino a estas empresas que después de cobrar su comisión, hacían la contratación con el medio.
Así fue como cuatro empresas empezaron a repetirse sospechosamente. Aunque sus nombres son diferentes, funcionan en la misma dirección, Avenida Córdoba 323, 3º piso y tienen similares composiciones societarias, que las vinculan entre sí. Se trata de Media Strategy SA, Central Media SA, Fio Fio SA y Devicom SA. Veamos en detalle:
MEDIA STRATEGY SA: En el paquete accionario figuraba el propio Rubén Azcárate, segundo en la jerarquía de la secretaría del PRO. Se fundó el 6 de mayo de 2003 y, además de Azcárate como director suplente, la integraron Hugo Daniel Martino, como presidente; Abel Luis Tosoni, como fundador; Jorge Sampedro; como director suplente; y Gustavo Héctor Novillo, como vicepresidente.
CENTRAL MEDIA SA: Fue fundada el 13 de noviembre de 2008, con sede en la misma dirección que Media Strategy, y con por lo menos tres integrantes idénticos: Hugo Daniel Martino (presidente), Gustavo Oscar Novillo (vice), Jorge Sampedro (director Titular), todos ellos vinculados con Azcárate; sumándole a Claudio Alfredo Soengas (director titular), Fernando Roberto Falcón (director titular) y Diego Muñiz (director suplente).
DEVICOM: Publicada el 10 de mayo de 2001, también compartió con Media Strategy y Central Media a su presidente Hugo Daniel Martino, su vice, Gustavo Oscar Novillo y Jorge Sampedro (director titular), relacionado con Azcárate en Media Strategy. Además, esta empresa es dueña del 50% de Radio El Mundo, AM 1070.
FIO FIO: Comparte con Media Estrategy, Central Media y Devicom, un integrante: Gustavo Oscar Novillo (quien a su vez tiene domicilio especial en Avenida Córdoba 323, 3º piso, desde su publicación en Boletín Oficial el 25 de marzo de 2010, la misma de Central Media y Media Strategy). Además en el Boletín Oficial figura Mariano Suez, como director suplente, con quien compraron esta empresa a la familia Fiorini, el 19 de noviembre de 2008. A su vez, Fio Fio, junto con Devicom controlan la radio AM El Mundo, ya que el nombre Radiodifusora 1070 SA le pertenecía.
DVCM Mediagroup: Fue creada el 17 de septiembre de 2008 para hacer inversiones y actuar como financiera. Comparte socios con Devicom, Central Media y Media Strategy, de la que fue socio Azcárate. En el Boletín Oficial figura Hugo Daniel Martino, como presidente, Gustavo Oscar Novillo, como director suplente, y Luis Moisés Suez, como vicepresidente. También está radicada en Avenida Córdoba 323, 3º piso.
BERNINI MEDIOS SA: Creada el 8 de agosto de 2007 por Luis Ernesto Bernini padre e hijo. El 2 de junio de 2008 trasladaron la sede social a Avenida Del Libertador 5683, 5º piso. El 12 de junio de ese año se aceptó la renuncia de ambos y se designó a Walter Marcelo Constanzo como presidente y a Walter Gustavo Constanzo como vice. Walter Marcelo Constanzo, quien figura como presidente, con el cargo además de gerente comercial, es el marido de Alejandra Suárez, la contadora de la Secretaría de Comunicación PRO.
De acuerdo con la documentación a la que accedió Tiempo de manera exclusiva, la empresa Bernini Medios, como se especificó, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con la facturación de 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y de 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado (ver facsímiles pág. 3).
El punto es que lejos de mantenerse año tras año estable, el presupuesto de la Secretaría aumentó de manera vertiginosa. Para el año 2008 se asignaron 57.243.000 pesos. Para el año 2009, se delinearon 69.370.884 pesos en la Ley de Presupuesto, pero terminaron gastando 111.379.304 pesos, lo que representó un aumento del 62,28% ese mismo año y del 94,57% con respecto al año anterior.
Para el año 2010, de acuerdo con el presupuesto, debería haber recibido 95.900.697 de pesos. Pero en los primeros seis meses se ejecutó el 88% de lo asignado y después se otorgaron 12 millones más. Finalmente la suma ascendió a 136.685.013. Y para este año, el presupuesto todavía es mayor, trepando a 137.109.188 pesos.
Estas cifras millonarias no pasaban inadvertidas para los empleados de la Secretaría. Al contrario, Natalia, que empezó a trabajar en junio del año pasado y Agustina que ingresó poco después, lo tenían claro. Así lo contaron a Tiempo Argentino:
Natalia: –Era impresionante la plata que se facturaba ahí. Cualquiera se daba cuenta de que había algo raro, porque no podía ser, tantas órdenes de Central Media y tan pocas de otras. Lo sabían todos.
Agustina: –Lo que llamaba la atención era cómo nos apuraban con esas carpetas.
Natalia: –Eran prioridad.
–¿Las de Central Media?
Natalia: –Y las de Bernini también.
Agustina: –Las de Bernini, ponele, venían a mi oficina y yo tenía que ponerles número de Resolución o hacerle los pases o foliarlos. Me las traían y me decían: “estas son urgentes, a estas otras ponelas a esperar”. Y siempre eran las mismas.
Natalia: –Yo tenía un bibliorato con Central Media y otro con Bernini, porque eran tantas las órdenes, que tenía un bibliorato grande para cada una. En un mismo bibliorato ponía todas las demás.
–¿Quién pedía que algunos expedientes salieran antes?
Agustina: –Se sabía, era así. Llegaba una de esas empresas, y había que sacarlo rápido. En los últimos tiempos, después de las denuncias, venían las de Bernini, urgentísimas, y no estaba firmadas. Yo, al ponerle resolución, no podía ponerlo si no estaban firmadas. Pero qué pasaba, como eran de ellos y eran urgentes, se podía hacer una excepción y ponerle el número de resolución sin la firma.
Natalia: –Ellos me entregaban eso y yo, además, entregaba los partes, que era lo que ellos llevaban a Contaduría y podían cobrar la publicidad. Y los de Central Media no los podía poner con todos los demás, por abecedario en el cajón, los tenía que dejar aparte, arriba. No sé, eran como 30 por día. Querían sacar todo rápido.
De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario, por ejemplo, el 8 de diciembre del año pasado por lo menos figuran diez publicidades asignadas a Central Media sólo durante ese día, en el rubro Televisión por Cable (también se asignan publicidades en Gráfica, Radio, Cine). Es por un monto de 221.137 pesos, es decir que, en un solo día, por un único rubro, podía facturar casi un cuarto de millón de pesos.
Mientras que Natalia y Agustina veían cómo algunas empresas vinculadas con la Secretaría tenían un trato preferencial y facturaban cifras importantes (como Bernini Medios, que el 10 de marzo del año pasado por “difusión de diversas actividades, en el Seminario Internacional de Management Logístico”, se le pagaría 147.620,00); ellas no cobraban su salario: “estabas tres meses sin cobrar, yo lo sabía, hasta que después te pagaban todo junto, pero pasó el tiempo y la cosa ni siquiera fue así”, explicó Natalia. “Todos los días preguntábamos en Recursos Humanos qué pasaba con el sueldo, cuándo cobraba. Me decían: ‘ya vas a cobrar, quedate tranquila, tenemos los papeles, traé tus documento porque en cualquier momento cobrás’. Yo les decía, por favor, necesito la plata”, recordó.
-¿Cómo trabajaban sin cobrar?
Natalia: –Sí. Un día me calenté y les dije: “yo no vengo a laburar porque me gusta, vengo porque necesito la plata, quiero mi plata”. Entonces Rubén Azcárate me citó a su oficina y me dio 3000 pesos de adelanto en efectivo.
-¿Te lo dio en la mano, de su bolsillo?
Natalia: –Lo sacó del bolsillo, literalmente. Me dijo, todavía no sé qué va a pasar con lo tuyo, cuando vos cobres, me lo das. Me los dio como para callarme la boca, hasta ese momento pensé que iba a cobrar. Esto era para fines de noviembre, principio de diciembre, dije: “Bueno, voy a cobrar con el presupuesto 2011, en enero”.
Pero no ocurrió. Los desmanejos con el personal no eran la excepción. La secretaría en la que trabajaban Natalia y Agustina estaba habilitada para realizar una “compulsa bimestral de precios” para la contratación de publicidad, en la que se usaba un tarifario de medios y el proveedor que conseguía el precio más bajo, es decir descuentos al valor del tarifario, ganaba la compulsa. Al revisar el sitio web de la secretaría surge que, durante 2009 y 2010, por ejemplo, no se habían hecho licitaciones públicas para contratar los medios.
Las únicas planillas de compulsas que allí se publican generan más dudas aún, porque por ejemplo, al ver el listado de empresas que participan en el bimestre enero-febrero 2011 en el rubro Televisión, se cuentan 20, lo que da idea de diversidad, pero cuando se profundiza sobre quiénes son los propietarios, consultando el Boletín Oficial, surge por ejemplo que tienen composición societaria similar y figuran en el mismo domicilio. Así las empresas que en la lista figuran como Xesalud Sociedad Anónima (Planet Network) y Xes Planet SRL, comparten integrantes, como Carlos Kohlhuber y Jorge Nazareno Cesari. En Planet Network se repite Cesari, pero junto a otros propietarios. Y ambas empresas, Xes Planet y Xesalud, figuran en el mismo domicilio, Burela 1229, Ciudad de Buenos Aires.
También llama la atención que suelan repetirse situaciones, como que cada vez que compulsa la empresa Central Media con Xesalud y Xes Planet, siempre gana Central Media. Por lo menos, eso ocurrió las 37 veces en las que esta empresa participó de la compulsa con las otras dos, en el bimestre enero-febrero de este año. Además de que resulta imposible saber por cuánto dinero se contrató la publicidad a través del sistema de compulsa, ya que ese ítem no existe.
Ante la falta de transparencia en el sistema, hubo varios intentos legislativos por reglamentar el otorgamiento de pauta oficial, hasta que a fines de 2009, se sancionó la Ley 3391 sobre Publicidad Oficial de toda la administración pública, con el fin de “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial”. Los diputados Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, del Encuentro Popular para la Victoria, lograron encabezar la iniciativa legislativa que, por unanimidad, se sancionó el 3 de diciembre.
Duró poco. Menos de dos meses después, el 25 de enero del año pasado, Mauricio Macri vetó parcialmente la ley, mediante el Decreto 122/10. Y devolvió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley para refrendar el veto o insistir en el articulado original, pero el expediente todavía se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde el bloque oficialista impide que se trate en el recinto, de acuerdo con la denuncia realizada a Tiempo por los legisladores de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, y de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova.
Por las cifras millonarias que se manejan, uno de los problemas fundamentales es que no hay control, seguimiento y fiscalización; por lo menos como lo hubiera deseado la actual mayoría de la Legislatura. Porque el veto de Macri eliminó todo el articulado que permitía ese control, como el 15 o el 6, que establecía que se debía enviar a la Legislatura “en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante” con los “objetivos de las principales campañas y los costos”.
La maniobra de Macri también dejó de lado el artículo que prohibía confundir actos de gobierno con actos de partido. Vetó el artículo 8, inciso a y b, que impedía: “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios”, al igual que “incluir frases, símbolos, logos, color que induzcan a la confusión con partidos”.
Es decir que, de estar en plena vigencia la ley promovida por todos los partidos y bloques legislativos sobre el manejo de la publicidad oficial, el PRO no hubiera podido hacer la mayoría de las campañas que hizo y sería controlado, al punto de impedir que sus funcionarios aprovechen su posición dominante y desregulada.
La diputada Sánchez Andía fue la primera en advertir las irregularidades y presentó un pedido de informes, el 23 de julio del año pasado, pero no obtuvo ningún resultado. Lo reiteró el 8 de septiembre. Quería saber cuál era “el criterio utilizado para la asignación de la pauta oficial” y en qué forma se hacía “la planificación”. Pero Gregorio Centurión, a cargo de la Secretaría, eligió el silencio.
Para esa misma fecha en la que le exigían explicaciones, el cuadro depresivo que lo volvía más ermitaño que de costumbre fue evidente para su entorno. Su mujer le cuestionaba una y otra vez que el alto nivel de estrés lo afectaba y no podía seguir así. La presión recrudeció cuando la diputada presentó una denuncia judicial. Recayó, el 4 de octubre de 2010, en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 6, a cargo del juez Gustavo Pierretti, pero impactó verdaderamente en la Secretaría y el resto del gobierno PRO.
“Esa denuncia se comentó en todo el gobierno –recordó Natalia–. El clima era de mierda. La gente no podía creer que hubiera salido a la luz y se armó un quilombo bárbaro”, agregó.
–¿Hubo alguna consecuencia para quienes trabajaban ahí?
Natalia: –Empezaron a buscar culpables, a echar gente pensando que alguien de ahí los había botoneado. Nos espiaban. A una chica le hackearon el mail y mandaron desde su casilla un mail a todas las casillas de gobierno, diciendo que había sido ella la que había hecho la denuncia y la que había tramado todo. Era obvio que no había sido ella, la chica es diabética y le agarró una descompensación, tuvo que venir el SAME, porque todo el edificio estaba hablando de ese mail. Decía: “Tal me ayudó a buscar información”, como que involucraba a más gente que ya no estaba. Era obvio que no había sido ella, lo que supusimos todos era que habían sido ellos mismos.
Agustina: –Después de la denuncia, a mí me llamó Alejandra Suárez para ir a hacer un trabajo en su oficina. Habían alquilado dos fotocopiadoras, y con una compañera teníamos que fotocopiar todas las carpetas de diferentes empresas, las empresas más importantes, con las que más se trabajaba, como Central Media. Fotocopiamos todo. Pilas y pilas. Fue un trabajo de una semana o dos enteras ahí, las siete horas. Sabían lo que se venía.
Natalia: –Era un desastre, y después se descontroló todo más. Hasta hubo una amenaza de bomba.
Agustina: –Recibíamos mails con amenazas, para que nos callemos. Nos decían que debíamos temer. Era un infierno. Llegaba a casa con miedo, indignada. Lo que hicieron con esta chica, de hackearle la casilla, hacerse pasar por ella y mandar mails desde ahí haciéndose cargo de la denuncia... Estábamos todos con un miedo terrible. Porque no sabíamos hasta dónde son capaces de llegar.
El 25 de noviembre, la situación empeoró. Una brigada de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal se presentó en el edificio: tenían una orden judicial para allanar. Natalia y Agustina fueron testigos:
Natalia: –Me suena el teléfono, y una mina me dice: “Estamos abajo, vamos a hacer un allanamiento, ¿vos también me vas a cortar?” Yo no entendía nada, le digo: “Soy una empleada.” “¿Podemos subir?”, me pregunta. “Sí, qué sé yo”, le digo. “Bueno, vamos a subir igual”, me contestó y me cortó. Cuando vuelvo a mi oficina, estaban los biblioratos pero con nada adentro, ni los de Central Media ni los de Bernini. Y el programa de la computadora donde yo trabajaba que cargaba órdenes y demás no anduvo por una semana. Vinieron a mi oficina, los del allanamiento con Rubén (Azcárate), nos preguntaban qué hacíamos, cómo se hacían los partes. La cara de Rubén (Azcárate) era increíble, la cara de pelotudo que ponía. Obvio que habían escondido todo.
–¿Al otro día siguió todo igual?
Natalia: –Al otro día volví y estaban los biblioratos de vuelta. Mágicamente me aparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar de vuelta. Ellos ya estaban avisados del allanamiento; si no, no van a tener tiempo para sacar todo. Me juego la vida por eso. Yo llegaba a la mañana y ya no estaban los papeles.
Agustina: –Lo veían venir. Hubo un tiempo entre la denuncia y el allanamiento. Y las fotocopias las tuve que hacer en ese momento.
La situación parecía no tener retorno. El escándalo estaba contenido, pero sabían que tarde o temprano estallaría. Tal vez por eso la depresión de Centurión se incrementaba día tras día, al punto que dejó de ir a la oficina.
Ni su ausencia detuvo la maquinaria de facturación. Por lo menos así lo recuerda Agustina: “En los últimos tiempos, Centurión ya estaba tan mal que no iba a trabajar, se quedaba en la casa, entonces, eso retrasaba todo. Yo les ponía el número de Resolución y le mandaban las carpetas a la casa, él firmaba todo y los volvía a mandar. Eso demuestra qué tan urgente era, porque lo mandaban a la casa.
–¿Cuánto tardaba el trámite?
–Natalia: –Bastante. Lo mínimo, dos meses para poder cobrar la publicidad. Entre que presentan la certificación, se le hace la carpeta, pasa a Control, después revisan por si hay algo mal... eran muy estrictos, si no tenía ningún problema, le hacían todos los documentos, partes, después a la firma de Centurión, después a la oficina de ella, hacía los remitos, volvía a mi oficina y tardaban dos meses.
–¿Y si eran de Central Media o Bernini cuánto demoraban?
Natalia: –Dos semanas.
En la Secretaría no quería perder ni una sola oportunidad, aunque Centurión, en su fuero íntimo, sentía que las había perdido todas. Y si es que alguien no lo había notado, terminó por comprenderlo de la peor manera posible cuando se suicidó. “Fue la muerte que rebasó el vaso”, aseguró Natalia.
–¿Qué pasó después?
Agustina: –Las Resoluciones siempre las firmaba Centurión y una vez que él fallece, seguían llegando Resoluciones con la firma de él, y nosotras lógicamente no le podíamos poner una fecha después de que falleció, le seguíamos poniendo la fecha de la última Resolución que teníamos firmada por él antes de morir. Era enero, y yo todavía seguía poniendo fechas de diciembre.
–Pero eso es irregular. ¿Por qué tenían que cambiar la fecha?
Agustina: –Porque si no, no cobraban.
Nada los detuvo. Ni la muerte de Centurión, ni la de Lorena, la compañera de trabajo y amiga de Natalia y Agustina. En medio del caos general, Lorena tuvo que ausentarse de su trabajo para operarse de la vesícula y la necesidad de esa intervención quirúrgica dejó en evidencia que no estaba contratada porque no tenía la obra social de rigor. Tal vez fue lo de menos, el 15 de enero de este año, cuando una complicación posoperatoria terminó con la vida de Lorena, la chica de 24 años que estaba a punto de egresar de la carreta de Comunicación Social de la UBA. Con el paso de los días, la bronca creció, porque nadie se hizo cargo de nada. “Después de la muerte de Lore, nadie llamó a su casa, para hablar con los familiares o lo que sea. Fueron los peores días de nuestra vida. Nos sentimos basureadas”, sintetizó Natalia. “Yo lloré. Y con la muerte de Lore, fue un desastre”, dice Agustina.
La muerte de Centurión primero y la de Lorena Salvatori después terminaron de desnudar una realidad difícil de digerir. Desde la propia gestión de gobierno se había creado una ingeniería para otorgar publicidad oficial sin control, privilegiando a empresas con las que se tenía vínculo. Ninguna de las cuatro chicas estaba contratada. Aunque cumplían horario y tenían tareas asignadas, trabajaban de manera no registrada, sin saberlo, y ni siquiera llegaron a cobrar. “Un día nos comunicaron que no teníamos que ir más”, explicó Natalia.
Agustina: –Nos trataron mal, a mí me dijeron que era una cualquiera, que entraba a la oficina y tocaba información pública, y que si no me iba, me iban a levantar un acta. Y nos fuimos. Ahí quizá debimos habernos quedado, pero no lo pensamos, nos queríamos ir ya mismo. Y no volvimos a pisar el edificio. Mandamos una carta documento, pero no la contestaron. Mandamos otras dos, la misma a la Secretaría y a Gobierno. No nos contestaron.
–¿Al Ministerio de Trabajo no fueron a hacer la denuncia?
Agustina: –Fuimos a la AFIP para denunciar el trabajo en negro, el mismo día que mandamos la primera carta documento.
–¿Alguien les respondió algo?
Las dos: –No, nadie.
Silencio. Creyeron que así lograrían ocultar la historia. Y lo lograron, hasta hoy.
Rubén Azcárate trabajó hasta el 28 de febrero de este año. Natalia, Agustina y los familiares de Lorena siguen esperando una respuesta. También la diputada Sánchez Andía y la ONG Asociación por los Derechos Civiles, que el 31 de mayo pasado hizo un pedido de informes ante la secretaría para conocer “la totalidad de los fondos públicos destinados por medio de comunicación” para este año. Como no tuvieron respuesta, el 15 de julio presentaron un recurso de amparo ante la justicia.
Este diario también quiso saber ¿con qué criterio, por qué monto y en qué medios distribuyen los millones de pesos destinados a la publicidad oficial? ¿Por qué algunas empresas vinculadas con funcionarios fueron privilegiadas? ¿Por qué tienen trabajadores en negro y sin pagarles? ¿Con qué derecho ocultaron documentación y espiaron a los empleados? Por toda respuesta hubo silencio.
TIEMPO ARGENTINO
Siete meses pasaron de aquel domingo 19 de diciembre, en el que caía la tarde en San Isidro. Para muchos, como siempre. Para Gregorio Centurión, no. El hombre de confianza de Mauricio Macri en la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño no tenía ganas de salir. Su mujer lo había invitado a caminar, como de costumbre, pero él no quería. Tenía otros planes.
Se quedó solo, vestido con ropa deportiva y en pantuflas. Su mujer se fue, salió por la puerta de dos hojas de la casa de dos pisos de Montevideo al 2300, a la vuelta del San Isidro Club, agobiada, tal vez, por la depresión que hundía a su marido en una persona a la que ya no reconocía. Los autos de alta gama quedaron estacionados en el caminito empedrado y circular de la vereda que recorre el frente de la casa, alejados unos metros de la calle. A Centurión no le importó. Ya no había nada que le importara. Nada.
Buscó la escopeta calibre 16, de dos caños no yuxtapuestos, de caza con perdigón, labrada en partes metálicas, antigua, muy bien conservada. “De esas que habitualmente pasan de generación, en generación”, especuló pocos minutos después uno de los peritos policiales al que Centurión no conocería jamás.
Su decisión estaba tomada. Cargó dos perdigones, dejó el resto prolijamente guardado en la caja, apoyó el caño en la barbilla derecha y disparó.
“Hay un hecho de sangre”, fue la frase que eligió el policía de la comisaría de Boulogne, a unas diez cuadras de la casa de Centurión, para advertirles a sus jefes del suicidio. Salieron enseguida, pero faltaban unos minutos para las 19, cuando llegó el servicio de urgencias, antes que ellos a la casa, enviado desde el 911. Más tarde lo hicieron la policía científica, la médica de policía y el secretario de la fiscalía.
“Ni bien se entra en la casa, el parquet reluce, la cocina se ve hacia la izquierda, más atrás el living con una puerta balcón y a la derecha la habitación en la que estaba”, recordó uno de los policías en diálogo con Tiempo Argentino. “Tenía las manos bien cuidadas, el pelo lacio y largo, casi sin canas, con la apariencia de un hombre más joven que los 54 años que tenía”, agregó.
Al lado de la puerta, según quedó registro, se veía el escritorio con la caja de cartuchos de 25 unidades, con sólo 23. “El número 24 estaría intacto en el cuerpo, que había quedado como en diagonal, en la habitación rectangular, boca abajo”, dedujo el policía. El otro, en la escopeta. Y así fue.
La pared revelaba más hipótesis de lo que había pasado. La propia fuerza de la escopeta, al salir el disparo, la había empujado hacia atrás, había golpeado la pared y, en ese golpe, había roto la culata. Esa culata voló hacia el sillón cama y la escopeta quedó tirada, debajo de la cortina. La precisión es importante, porque los policías y peritos buscaban determinar si Centurión se había suicidado o lo habían matado.
Aunque no había ninguna carta, a nadie le quedaron dudas, ni a la Policía Científica, Balística y Rastros, ni a la médica de policía ni al secretario de la fiscalía. No había indicios de que hubiera sido un asesinato. No había signos de lucha, ni puertas violentadas, precisaron.
Sacaron las fotos, embolsaron las manos para corroborar con más estudios las hipótesis tejidas en el lugar y la bolsa negra tapó todo. Todo, menos el dolor de los familiares que sólo atinaron a explicar que ese era el cuarto del único varón de entre sus hijos, que hacía dos o tres días el chico se había ido de viaje, que el hombre de la casa llevaba un tiempo como callado, recluido, tomando antidepresivos y nada más. Nada dijeron sobre su condición de funcionario público. Ni sobre la denuncia judicial que lo preocupaba.
Los avisos fúnebres del diario La Nación tampoco dieron cuenta de eso, sino del “profundo pesar”, “del triste momento”, “del cariño en el dolor”, “de la profunda tristeza por la despedida a un gran amigo y a una gran persona”. Sólo aparece un atisbo de su condición de político en la oración pedida en su memoria por el bloque PRO de diputados nacionales.
Sin embargo, Centurión había formado parte del núcleo duro del macrismo, desde sus orígenes. Lo conocía a Macri desde la época de estudiante en el Cardenal Newman y lo conoció mejor trabajando en SOCMA, donde manejó la publicidad del Correo Argentino y Sevel. Lo del PRO fue después, pero con la misma intensidad. Incluso, se le atribuye formar parte del equipo creativo que ideó la sigla para el partido y hasta el uso del color amarillo como distintivo.
Fue el Decreto 2074 el que lo convirtió en funcionario público el 10 de diciembre de 2007. Macri lo nombró al frente de la Secretaría de Comunicación Social bajo sus órdenes directas. Su nuevo puesto de trabajo, en el edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en avenida de Mayo al 500, no le resultaba imponente, las escaleras de mármol tampoco. Estaba acostumbrado al lujo.
Sus empleados, no. Por lo menos, Lorena Salvatori, Natalia Vicente, Agustina Rodríguez y Paz Busquet, cuatro chicas de no más de 25 años, sentían que tenían un trabajo importante cada vez que subían hasta las oficinas del primer piso. A medida que caminaban hacia su puesto de trabajo, veían el despacho de Iván Pavlovsky, vocero histórico de Macri; el del propio Centurión, más adelante el de Rubén Azcárate, a cargo de la Dirección de Planeamiento de Medios, y el de la contadora Alejandra Suárez, todos sus jefes con distinta jerarquía. También la oficina del jefe de gobierno porteño quedaba ante su mirada, crédula y confiada, de estudiantes de Comunicación Social, de Odontología de la UBA o simplemente de inglés. Estrenaban las ilusiones típicas en un primer puesto de trabajo.
Lo que no veían y ni siquiera podían sospechar es que pocos días después de empezar a trabajar para la gestión PRO, a mediados del año pasado, serían testigos de manejos turbios en la asignación de pauta oficial, maniobras para ocultar documentación en un allanamiento judicial, la depresión y posterior suicidio de su jefe y hasta la muerte de una de ellas, Lorena, sin que nadie llamara a su familia para lamentar lo ocurrido, sin que pudiera contar con una obra social para afrontar la operación a la que no sobrevivió, porque no estaba contratada como le habían dicho, ni ella ni ninguna de las tres chicas.
El sueño que había empezado a mediados del año pasado fue resquebrajándose de a poco, dejando al descubierto un complejo andamiaje legislativo construido por el jefe de gobierno y un sistema de empresas privadas vinculadas entre sí y con algunos de los funcionarios de confianza de Macri, que asignaban cifras millonarias de pauta oficial, sin el control público necesario. Tiempo accedió a documentación clave que demuestra, por ejemplo, que la empresa Bernini Medios, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y con 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado.
Los testimonios inéditos de Natalia Vicente y Agustina Rodríguez a este diario describen la situación sin eufemismos: “Era impresionante la plata que se facturaba ahí adentro. Cualquiera se daba cuenta de que había algo raro, porque no podía ser, tantas órdenes de unas empresas y tan pocas de otras. Lo sabían todos”, contó Natalia Vicente. “Ellos ya estaban avisados de los allanamientos, mágicamente me desaparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar después del allanamiento”, agregó. “Habían alquilado dos fotocopiadoras y teníamos que fotocopiar todas las carpetas de las empresas más importantes, como Central Media. Esto fue antes del allanamiento”, se sinceró su compañera, Agustina. “Llegaba a casa con miedo, estábamos todos con un miedo terrible. Y con la muerte de Lore, fue un desastre”, se lamentó.
Esta historia aún no resuelta, que cuenta con un funcionario público suicidado, una empleada fallecida sin el reconocimiento que corresponde, y un expediente judicial pero ningún procesado, empezó con la gestión PRO, no sólo al nombrar a Centurión como secretario, sino también a su segundo, Rubén Héctor Azcárate, frente a la Dirección de Planeamiento de Medios y a Alejandra Beatriz Suárez, como asesora contable.
Pocos meses después de sus nombramientos, Macri empezó a tejer la compleja trama que permitió manejos irregulares durante su gestión. Lo hizo con la firma del Decreto 611/08 de apenas cuatro artículos, pero con la contundencia suficiente como para “fijar pautas para la contratación de espacios publicitarios y de producción de material publicitario”. Estableció que se podía contratar publicidad oficial de manera directa hasta la suma de 150 mil pesos, en casos de urgencia, especialidad y exclusividad. Y le otorgó a la Secretaría de Comunicación la potestad en la elección del proveedor, ya que especificaba que “será suficiente para concretar la contratación, la calificación que efectúe la Secretaría”. Todo el poder quedó concentrado así en “la calificación” de la secretaría, que terminó por eludir el mecanismo más transparente para la contratación pública: la licitación. Y omitió informar públicamente en base a qué planeamiento le otorgó, a qué medios de comunicación qué montos específicos y por qué publicidades.
El decreto macrista permitió eludir la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad (número 2095), que explica en el primer párrafo del artículo 25 la regla general: “la selección del contratista (…) es por regla general mediante licitación pública o concurso público”. Y gracias al articulado que determina el procedimiento excepcional de la contratación directa, por “razones de urgencia”, por ejemplo, se disfrazaron de excepciones situaciones habituales.
A este marco administrativo a medida de los intereses del PRO se le sumó un complejo entramado societario, que les permitió a los mismos funcionarios públicos favorecer a empresas con las que tenían vínculo. Consistía en contratar a empresas privadas, intermediarias, “bolseras” como se las conoce en la jerga, para colocar la pauta, es decir que no contrataban directamente al medio, sino a estas empresas que después de cobrar su comisión, hacían la contratación con el medio.
Así fue como cuatro empresas empezaron a repetirse sospechosamente. Aunque sus nombres son diferentes, funcionan en la misma dirección, Avenida Córdoba 323, 3º piso y tienen similares composiciones societarias, que las vinculan entre sí. Se trata de Media Strategy SA, Central Media SA, Fio Fio SA y Devicom SA. Veamos en detalle:
MEDIA STRATEGY SA: En el paquete accionario figuraba el propio Rubén Azcárate, segundo en la jerarquía de la secretaría del PRO. Se fundó el 6 de mayo de 2003 y, además de Azcárate como director suplente, la integraron Hugo Daniel Martino, como presidente; Abel Luis Tosoni, como fundador; Jorge Sampedro; como director suplente; y Gustavo Héctor Novillo, como vicepresidente.
CENTRAL MEDIA SA: Fue fundada el 13 de noviembre de 2008, con sede en la misma dirección que Media Strategy, y con por lo menos tres integrantes idénticos: Hugo Daniel Martino (presidente), Gustavo Oscar Novillo (vice), Jorge Sampedro (director Titular), todos ellos vinculados con Azcárate; sumándole a Claudio Alfredo Soengas (director titular), Fernando Roberto Falcón (director titular) y Diego Muñiz (director suplente).
DEVICOM: Publicada el 10 de mayo de 2001, también compartió con Media Strategy y Central Media a su presidente Hugo Daniel Martino, su vice, Gustavo Oscar Novillo y Jorge Sampedro (director titular), relacionado con Azcárate en Media Strategy. Además, esta empresa es dueña del 50% de Radio El Mundo, AM 1070.
FIO FIO: Comparte con Media Estrategy, Central Media y Devicom, un integrante: Gustavo Oscar Novillo (quien a su vez tiene domicilio especial en Avenida Córdoba 323, 3º piso, desde su publicación en Boletín Oficial el 25 de marzo de 2010, la misma de Central Media y Media Strategy). Además en el Boletín Oficial figura Mariano Suez, como director suplente, con quien compraron esta empresa a la familia Fiorini, el 19 de noviembre de 2008. A su vez, Fio Fio, junto con Devicom controlan la radio AM El Mundo, ya que el nombre Radiodifusora 1070 SA le pertenecía.
DVCM Mediagroup: Fue creada el 17 de septiembre de 2008 para hacer inversiones y actuar como financiera. Comparte socios con Devicom, Central Media y Media Strategy, de la que fue socio Azcárate. En el Boletín Oficial figura Hugo Daniel Martino, como presidente, Gustavo Oscar Novillo, como director suplente, y Luis Moisés Suez, como vicepresidente. También está radicada en Avenida Córdoba 323, 3º piso.
BERNINI MEDIOS SA: Creada el 8 de agosto de 2007 por Luis Ernesto Bernini padre e hijo. El 2 de junio de 2008 trasladaron la sede social a Avenida Del Libertador 5683, 5º piso. El 12 de junio de ese año se aceptó la renuncia de ambos y se designó a Walter Marcelo Constanzo como presidente y a Walter Gustavo Constanzo como vice. Walter Marcelo Constanzo, quien figura como presidente, con el cargo además de gerente comercial, es el marido de Alejandra Suárez, la contadora de la Secretaría de Comunicación PRO.
De acuerdo con la documentación a la que accedió Tiempo de manera exclusiva, la empresa Bernini Medios, como se especificó, manejada entre otros por el marido de la contadora Alejandra Suárez mientras era funcionaria pública, fue beneficiada con la facturación de 2.113.221,40 pesos, entre abril y diciembre de 2009, y de 4.528.806,45 pesos entre enero y agosto del año pasado (ver facsímiles pág. 3).
El punto es que lejos de mantenerse año tras año estable, el presupuesto de la Secretaría aumentó de manera vertiginosa. Para el año 2008 se asignaron 57.243.000 pesos. Para el año 2009, se delinearon 69.370.884 pesos en la Ley de Presupuesto, pero terminaron gastando 111.379.304 pesos, lo que representó un aumento del 62,28% ese mismo año y del 94,57% con respecto al año anterior.
Para el año 2010, de acuerdo con el presupuesto, debería haber recibido 95.900.697 de pesos. Pero en los primeros seis meses se ejecutó el 88% de lo asignado y después se otorgaron 12 millones más. Finalmente la suma ascendió a 136.685.013. Y para este año, el presupuesto todavía es mayor, trepando a 137.109.188 pesos.
Estas cifras millonarias no pasaban inadvertidas para los empleados de la Secretaría. Al contrario, Natalia, que empezó a trabajar en junio del año pasado y Agustina que ingresó poco después, lo tenían claro. Así lo contaron a Tiempo Argentino:
Natalia: –Era impresionante la plata que se facturaba ahí. Cualquiera se daba cuenta de que había algo raro, porque no podía ser, tantas órdenes de Central Media y tan pocas de otras. Lo sabían todos.
Agustina: –Lo que llamaba la atención era cómo nos apuraban con esas carpetas.
Natalia: –Eran prioridad.
–¿Las de Central Media?
Natalia: –Y las de Bernini también.
Agustina: –Las de Bernini, ponele, venían a mi oficina y yo tenía que ponerles número de Resolución o hacerle los pases o foliarlos. Me las traían y me decían: “estas son urgentes, a estas otras ponelas a esperar”. Y siempre eran las mismas.
Natalia: –Yo tenía un bibliorato con Central Media y otro con Bernini, porque eran tantas las órdenes, que tenía un bibliorato grande para cada una. En un mismo bibliorato ponía todas las demás.
–¿Quién pedía que algunos expedientes salieran antes?
Agustina: –Se sabía, era así. Llegaba una de esas empresas, y había que sacarlo rápido. En los últimos tiempos, después de las denuncias, venían las de Bernini, urgentísimas, y no estaba firmadas. Yo, al ponerle resolución, no podía ponerlo si no estaban firmadas. Pero qué pasaba, como eran de ellos y eran urgentes, se podía hacer una excepción y ponerle el número de resolución sin la firma.
Natalia: –Ellos me entregaban eso y yo, además, entregaba los partes, que era lo que ellos llevaban a Contaduría y podían cobrar la publicidad. Y los de Central Media no los podía poner con todos los demás, por abecedario en el cajón, los tenía que dejar aparte, arriba. No sé, eran como 30 por día. Querían sacar todo rápido.
De acuerdo con la documentación a la que accedió este diario, por ejemplo, el 8 de diciembre del año pasado por lo menos figuran diez publicidades asignadas a Central Media sólo durante ese día, en el rubro Televisión por Cable (también se asignan publicidades en Gráfica, Radio, Cine). Es por un monto de 221.137 pesos, es decir que, en un solo día, por un único rubro, podía facturar casi un cuarto de millón de pesos.
Mientras que Natalia y Agustina veían cómo algunas empresas vinculadas con la Secretaría tenían un trato preferencial y facturaban cifras importantes (como Bernini Medios, que el 10 de marzo del año pasado por “difusión de diversas actividades, en el Seminario Internacional de Management Logístico”, se le pagaría 147.620,00); ellas no cobraban su salario: “estabas tres meses sin cobrar, yo lo sabía, hasta que después te pagaban todo junto, pero pasó el tiempo y la cosa ni siquiera fue así”, explicó Natalia. “Todos los días preguntábamos en Recursos Humanos qué pasaba con el sueldo, cuándo cobraba. Me decían: ‘ya vas a cobrar, quedate tranquila, tenemos los papeles, traé tus documento porque en cualquier momento cobrás’. Yo les decía, por favor, necesito la plata”, recordó.
-¿Cómo trabajaban sin cobrar?
Natalia: –Sí. Un día me calenté y les dije: “yo no vengo a laburar porque me gusta, vengo porque necesito la plata, quiero mi plata”. Entonces Rubén Azcárate me citó a su oficina y me dio 3000 pesos de adelanto en efectivo.
-¿Te lo dio en la mano, de su bolsillo?
Natalia: –Lo sacó del bolsillo, literalmente. Me dijo, todavía no sé qué va a pasar con lo tuyo, cuando vos cobres, me lo das. Me los dio como para callarme la boca, hasta ese momento pensé que iba a cobrar. Esto era para fines de noviembre, principio de diciembre, dije: “Bueno, voy a cobrar con el presupuesto 2011, en enero”.
Pero no ocurrió. Los desmanejos con el personal no eran la excepción. La secretaría en la que trabajaban Natalia y Agustina estaba habilitada para realizar una “compulsa bimestral de precios” para la contratación de publicidad, en la que se usaba un tarifario de medios y el proveedor que conseguía el precio más bajo, es decir descuentos al valor del tarifario, ganaba la compulsa. Al revisar el sitio web de la secretaría surge que, durante 2009 y 2010, por ejemplo, no se habían hecho licitaciones públicas para contratar los medios.
Las únicas planillas de compulsas que allí se publican generan más dudas aún, porque por ejemplo, al ver el listado de empresas que participan en el bimestre enero-febrero 2011 en el rubro Televisión, se cuentan 20, lo que da idea de diversidad, pero cuando se profundiza sobre quiénes son los propietarios, consultando el Boletín Oficial, surge por ejemplo que tienen composición societaria similar y figuran en el mismo domicilio. Así las empresas que en la lista figuran como Xesalud Sociedad Anónima (Planet Network) y Xes Planet SRL, comparten integrantes, como Carlos Kohlhuber y Jorge Nazareno Cesari. En Planet Network se repite Cesari, pero junto a otros propietarios. Y ambas empresas, Xes Planet y Xesalud, figuran en el mismo domicilio, Burela 1229, Ciudad de Buenos Aires.
También llama la atención que suelan repetirse situaciones, como que cada vez que compulsa la empresa Central Media con Xesalud y Xes Planet, siempre gana Central Media. Por lo menos, eso ocurrió las 37 veces en las que esta empresa participó de la compulsa con las otras dos, en el bimestre enero-febrero de este año. Además de que resulta imposible saber por cuánto dinero se contrató la publicidad a través del sistema de compulsa, ya que ese ítem no existe.
Ante la falta de transparencia en el sistema, hubo varios intentos legislativos por reglamentar el otorgamiento de pauta oficial, hasta que a fines de 2009, se sancionó la Ley 3391 sobre Publicidad Oficial de toda la administración pública, con el fin de “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la publicidad oficial”. Los diputados Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, del Encuentro Popular para la Victoria, lograron encabezar la iniciativa legislativa que, por unanimidad, se sancionó el 3 de diciembre.
Duró poco. Menos de dos meses después, el 25 de enero del año pasado, Mauricio Macri vetó parcialmente la ley, mediante el Decreto 122/10. Y devolvió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley para refrendar el veto o insistir en el articulado original, pero el expediente todavía se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde el bloque oficialista impide que se trate en el recinto, de acuerdo con la denuncia realizada a Tiempo por los legisladores de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, y de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova.
Por las cifras millonarias que se manejan, uno de los problemas fundamentales es que no hay control, seguimiento y fiscalización; por lo menos como lo hubiera deseado la actual mayoría de la Legislatura. Porque el veto de Macri eliminó todo el articulado que permitía ese control, como el 15 o el 6, que establecía que se debía enviar a la Legislatura “en forma anual, un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante” con los “objetivos de las principales campañas y los costos”.
La maniobra de Macri también dejó de lado el artículo que prohibía confundir actos de gobierno con actos de partido. Vetó el artículo 8, inciso a y b, que impedía: “incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios”, al igual que “incluir frases, símbolos, logos, color que induzcan a la confusión con partidos”.
Es decir que, de estar en plena vigencia la ley promovida por todos los partidos y bloques legislativos sobre el manejo de la publicidad oficial, el PRO no hubiera podido hacer la mayoría de las campañas que hizo y sería controlado, al punto de impedir que sus funcionarios aprovechen su posición dominante y desregulada.
La diputada Sánchez Andía fue la primera en advertir las irregularidades y presentó un pedido de informes, el 23 de julio del año pasado, pero no obtuvo ningún resultado. Lo reiteró el 8 de septiembre. Quería saber cuál era “el criterio utilizado para la asignación de la pauta oficial” y en qué forma se hacía “la planificación”. Pero Gregorio Centurión, a cargo de la Secretaría, eligió el silencio.
Para esa misma fecha en la que le exigían explicaciones, el cuadro depresivo que lo volvía más ermitaño que de costumbre fue evidente para su entorno. Su mujer le cuestionaba una y otra vez que el alto nivel de estrés lo afectaba y no podía seguir así. La presión recrudeció cuando la diputada presentó una denuncia judicial. Recayó, el 4 de octubre de 2010, en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 6, a cargo del juez Gustavo Pierretti, pero impactó verdaderamente en la Secretaría y el resto del gobierno PRO.
“Esa denuncia se comentó en todo el gobierno –recordó Natalia–. El clima era de mierda. La gente no podía creer que hubiera salido a la luz y se armó un quilombo bárbaro”, agregó.
–¿Hubo alguna consecuencia para quienes trabajaban ahí?
Natalia: –Empezaron a buscar culpables, a echar gente pensando que alguien de ahí los había botoneado. Nos espiaban. A una chica le hackearon el mail y mandaron desde su casilla un mail a todas las casillas de gobierno, diciendo que había sido ella la que había hecho la denuncia y la que había tramado todo. Era obvio que no había sido ella, la chica es diabética y le agarró una descompensación, tuvo que venir el SAME, porque todo el edificio estaba hablando de ese mail. Decía: “Tal me ayudó a buscar información”, como que involucraba a más gente que ya no estaba. Era obvio que no había sido ella, lo que supusimos todos era que habían sido ellos mismos.
Agustina: –Después de la denuncia, a mí me llamó Alejandra Suárez para ir a hacer un trabajo en su oficina. Habían alquilado dos fotocopiadoras, y con una compañera teníamos que fotocopiar todas las carpetas de diferentes empresas, las empresas más importantes, con las que más se trabajaba, como Central Media. Fotocopiamos todo. Pilas y pilas. Fue un trabajo de una semana o dos enteras ahí, las siete horas. Sabían lo que se venía.
Natalia: –Era un desastre, y después se descontroló todo más. Hasta hubo una amenaza de bomba.
Agustina: –Recibíamos mails con amenazas, para que nos callemos. Nos decían que debíamos temer. Era un infierno. Llegaba a casa con miedo, indignada. Lo que hicieron con esta chica, de hackearle la casilla, hacerse pasar por ella y mandar mails desde ahí haciéndose cargo de la denuncia... Estábamos todos con un miedo terrible. Porque no sabíamos hasta dónde son capaces de llegar.
El 25 de noviembre, la situación empeoró. Una brigada de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal se presentó en el edificio: tenían una orden judicial para allanar. Natalia y Agustina fueron testigos:
Natalia: –Me suena el teléfono, y una mina me dice: “Estamos abajo, vamos a hacer un allanamiento, ¿vos también me vas a cortar?” Yo no entendía nada, le digo: “Soy una empleada.” “¿Podemos subir?”, me pregunta. “Sí, qué sé yo”, le digo. “Bueno, vamos a subir igual”, me contestó y me cortó. Cuando vuelvo a mi oficina, estaban los biblioratos pero con nada adentro, ni los de Central Media ni los de Bernini. Y el programa de la computadora donde yo trabajaba que cargaba órdenes y demás no anduvo por una semana. Vinieron a mi oficina, los del allanamiento con Rubén (Azcárate), nos preguntaban qué hacíamos, cómo se hacían los partes. La cara de Rubén (Azcárate) era increíble, la cara de pelotudo que ponía. Obvio que habían escondido todo.
–¿Al otro día siguió todo igual?
Natalia: –Al otro día volví y estaban los biblioratos de vuelta. Mágicamente me aparecían las cosas y mágicamente volvían a su lugar de vuelta. Ellos ya estaban avisados del allanamiento; si no, no van a tener tiempo para sacar todo. Me juego la vida por eso. Yo llegaba a la mañana y ya no estaban los papeles.
Agustina: –Lo veían venir. Hubo un tiempo entre la denuncia y el allanamiento. Y las fotocopias las tuve que hacer en ese momento.
La situación parecía no tener retorno. El escándalo estaba contenido, pero sabían que tarde o temprano estallaría. Tal vez por eso la depresión de Centurión se incrementaba día tras día, al punto que dejó de ir a la oficina.
Ni su ausencia detuvo la maquinaria de facturación. Por lo menos así lo recuerda Agustina: “En los últimos tiempos, Centurión ya estaba tan mal que no iba a trabajar, se quedaba en la casa, entonces, eso retrasaba todo. Yo les ponía el número de Resolución y le mandaban las carpetas a la casa, él firmaba todo y los volvía a mandar. Eso demuestra qué tan urgente era, porque lo mandaban a la casa.
–¿Cuánto tardaba el trámite?
–Natalia: –Bastante. Lo mínimo, dos meses para poder cobrar la publicidad. Entre que presentan la certificación, se le hace la carpeta, pasa a Control, después revisan por si hay algo mal... eran muy estrictos, si no tenía ningún problema, le hacían todos los documentos, partes, después a la firma de Centurión, después a la oficina de ella, hacía los remitos, volvía a mi oficina y tardaban dos meses.
–¿Y si eran de Central Media o Bernini cuánto demoraban?
Natalia: –Dos semanas.
En la Secretaría no quería perder ni una sola oportunidad, aunque Centurión, en su fuero íntimo, sentía que las había perdido todas. Y si es que alguien no lo había notado, terminó por comprenderlo de la peor manera posible cuando se suicidó. “Fue la muerte que rebasó el vaso”, aseguró Natalia.
–¿Qué pasó después?
Agustina: –Las Resoluciones siempre las firmaba Centurión y una vez que él fallece, seguían llegando Resoluciones con la firma de él, y nosotras lógicamente no le podíamos poner una fecha después de que falleció, le seguíamos poniendo la fecha de la última Resolución que teníamos firmada por él antes de morir. Era enero, y yo todavía seguía poniendo fechas de diciembre.
–Pero eso es irregular. ¿Por qué tenían que cambiar la fecha?
Agustina: –Porque si no, no cobraban.
Nada los detuvo. Ni la muerte de Centurión, ni la de Lorena, la compañera de trabajo y amiga de Natalia y Agustina. En medio del caos general, Lorena tuvo que ausentarse de su trabajo para operarse de la vesícula y la necesidad de esa intervención quirúrgica dejó en evidencia que no estaba contratada porque no tenía la obra social de rigor. Tal vez fue lo de menos, el 15 de enero de este año, cuando una complicación posoperatoria terminó con la vida de Lorena, la chica de 24 años que estaba a punto de egresar de la carreta de Comunicación Social de la UBA. Con el paso de los días, la bronca creció, porque nadie se hizo cargo de nada. “Después de la muerte de Lore, nadie llamó a su casa, para hablar con los familiares o lo que sea. Fueron los peores días de nuestra vida. Nos sentimos basureadas”, sintetizó Natalia. “Yo lloré. Y con la muerte de Lore, fue un desastre”, dice Agustina.
La muerte de Centurión primero y la de Lorena Salvatori después terminaron de desnudar una realidad difícil de digerir. Desde la propia gestión de gobierno se había creado una ingeniería para otorgar publicidad oficial sin control, privilegiando a empresas con las que se tenía vínculo. Ninguna de las cuatro chicas estaba contratada. Aunque cumplían horario y tenían tareas asignadas, trabajaban de manera no registrada, sin saberlo, y ni siquiera llegaron a cobrar. “Un día nos comunicaron que no teníamos que ir más”, explicó Natalia.
Agustina: –Nos trataron mal, a mí me dijeron que era una cualquiera, que entraba a la oficina y tocaba información pública, y que si no me iba, me iban a levantar un acta. Y nos fuimos. Ahí quizá debimos habernos quedado, pero no lo pensamos, nos queríamos ir ya mismo. Y no volvimos a pisar el edificio. Mandamos una carta documento, pero no la contestaron. Mandamos otras dos, la misma a la Secretaría y a Gobierno. No nos contestaron.
–¿Al Ministerio de Trabajo no fueron a hacer la denuncia?
Agustina: –Fuimos a la AFIP para denunciar el trabajo en negro, el mismo día que mandamos la primera carta documento.
–¿Alguien les respondió algo?
Las dos: –No, nadie.
Silencio. Creyeron que así lograrían ocultar la historia. Y lo lograron, hasta hoy.
Rubén Azcárate trabajó hasta el 28 de febrero de este año. Natalia, Agustina y los familiares de Lorena siguen esperando una respuesta. También la diputada Sánchez Andía y la ONG Asociación por los Derechos Civiles, que el 31 de mayo pasado hizo un pedido de informes ante la secretaría para conocer “la totalidad de los fondos públicos destinados por medio de comunicación” para este año. Como no tuvieron respuesta, el 15 de julio presentaron un recurso de amparo ante la justicia.
Este diario también quiso saber ¿con qué criterio, por qué monto y en qué medios distribuyen los millones de pesos destinados a la publicidad oficial? ¿Por qué algunas empresas vinculadas con funcionarios fueron privilegiadas? ¿Por qué tienen trabajadores en negro y sin pagarles? ¿Con qué derecho ocultaron documentación y espiaron a los empleados? Por toda respuesta hubo silencio.
TIEMPO ARGENTINO
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