DOCUMENTO DE TRABAJO

Encuentro Educativo B.A.

Documento de trabajo

Esta convocatoria surge del interés por el futuro de la Ciudad de Buenos Aires, y aspira a transformarse en un espacio de diálogo e intercambio, de definición y elaboración conjunta de un proyecto político educativo compartido por profesionales y trabajadores de este campo. Partimos de la firme convicción de que la educación es un derecho social y que el Estado tiene el deber indelegable de garantizarlo. Por ello, afirmamos que es necesario que éste asuma la responsabilidad y se constituya en un actor protagónico capaz de diseñar y llevar a cabo políticas públicas que garanticen el acceso a la educación al conjunto de la población.

            La elaboración de este proyecto no puede eludir el cuestionamiento profundo y crítico del contexto en el que se enmarca. Esta construcción está vinculada a un escenario local, nacional e incluso internacional, que tiene como “coordenadas” ciertos factores sociales, económicos, políticos, culturales.  Por eso, para trabajar hoy en pos de la educación en la ciudad de Buenos Aires es necesario referirse, muy brevemente,  a los profundos cambios ocurridos en nuestro país durante las últimas décadas.  

Todos podemos recordar sin dificultad la década de los 90: años en que se implementaron políticas de claro corte neoliberal en nuestro país, basadas en la exacerbación de la lógica de mercado y en este último como principal regulador de la economía. Este modelo, basado fundamentalmente en la actividad financiera y en el impulso al sector servicios provocó, entre otras cosas, la desaparición de las industrias nacionales, la introducción de nuevas formas de vínculos laborales y la consecuente necesidad de las personas de adaptarse a los procesos de flexibilización en el mercado de trabajo. Todo esto, sumado a una inexorable transformación de las funciones asignadas al Estado (evidenciada, por ejemplo, en el desmantelamiento sistemático de la infraestructura pública), trajo aparejado un profundo proceso de precarización y desprotección social que fue padecido por la mayor parte de la sociedad.

Sabemos que lejos de ese “dejar hacer” al libre juego de la oferta y la demanda, el Estado no dejó de intervenir en favor de ciertos sectores ni en detrimento de otros. Mientras se asumía una postura aparentemente pasiva frente a los efectos de esas políticas, se produjeron importantes cambios en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Al tiempo que se celebraban los valores de individualismo extremo y del éxito a cualquier precio, se produjo el debilitamiento de las instituciones y de las instancias que posibilitan el afianzamiento de  los lazos sociales. La crisis de 2001 marcó un punto cúlmine en este proceso.

Si un aprendizaje dejó la década de los ‘90, es que cuando el Estado se debilita, la distribución social de la riqueza material y simbólica no puede ser sino desigual e injusta. El desarrollo de un modelo de país productivo, y al mismo tiempo con mayores niveles de inclusión y justicia social, necesita del Estado.

Paralelamente, la desigualdad y la injusticia se reproducen en la distribución social del conocimiento. Esto implica que los sectores sociales privilegiados tienen mayores y mejores posibilidades de acceso que los sectores menos favorecidos. Pero sabemos sobradamente que, si dejamos librados estos procesos a la dinámica propia de las sociedades capitalistas, esa distribución social del conocimiento profundizará aún más dichos rasgos. Es por ello que para quienes concebimos a la educación como derecho, el rol del Estado es una cuestión fundamental. La educación no es una mercancía que podremos consumir en mayor o menor grado según nuestro poder adquisitivo en el mercado. Es un bien público y es un derecho social. Y ello obliga al Estado, y a quienes nos sentimos parte de él, a dotarlo de herramientas que permitan concretar en acciones sus políticas para el sector.

            En 2003 se abrió lo que hoy, desde los avances logrados, podemos ver como una etapa distinta. A lo largo de estos siete años no faltaron aciertos y errores, pero para nosotros es evidente que la Argentina se propuso recuperar y fortalecer el Estado, con el objetivo de llevar adelante un proyecto de país que apuesta al desarrollo con inclusión y con justicia social. En este proceso se afectaron intereses corporativos, lo que generó una polarización creciente del debate político, del que no queremos estar ausentes.

     En contraste con el proyecto nacional, vemos con preocupación que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se impulsan políticas que vuelven a restringir el rol del Estado y entienden a la educación como un “asunto de gestión” (gestión que, paradójicamente, no se nota). La inquietud se agudiza cuando percibimos, además, que esta variante del neoliberalismo asume rasgos autoritarios y ni siquiera está “matizada” por los ribetes populistas que tuviera en los 90, a través de las llamadas políticas compensatorias. 

 En estrecha relación con ello, cobra actualidad el debate entre dos modos de concebir la educación: como derecho o como servicio. Las políticas implementadas en la ciudad muestran el intento permanente de desregular la oferta educativa para facilitar iniciativas empresariales, el interés por subsumir la oferta educativa a una lógica de negocios, en la que el Estado termina por transformarse en un actor más en competencia (más aún: termina por funcionar como un competidor “desleal” por ofrecer el servicio gratuitamente, y peor aún si lo hace con calidad). En este marco, la educación es una mercancía o servicio que se puede consumir más o menos, mejor o peor, de acuerdo con la capacidad de demanda del usuario. Bajo este paradigma, se procura mostrar al gobierno como capaz de gestionar “con eficiencia”.  

Veamos varios ejemplos, sólo por mencionar algunos de los que venimos observando los últimos dos años:

·        la tendencia sostenida al recorte presupuestario en materia de Infraestructura Educativa y la subejecución de los recursos en un contexto de emergencia edilicia (reconocida por el propio gobierno),

·        el intento de reducción del otorgamiento de las becas escolares y el proyecto piloto para que una Fundación las otorgue y monitoree.

·        la suspensión de entrega de materiales didácticos y libros,

·        el intento de cierre de espacios educativos destinados a niños y jóvenes de sectores vulnerables,

·        la nula inversión en construcción y ampliación de escuelas en la zona sur de la ciudad,

·        el aumento del 114% de la transferencia a la educación privada hasta 2009.

·        la suspensión de las jornadas de reflexión y  las jornadas con padres y

·        la prohibición a los directivos y docentes de hablar con los medios, entre otras medidas que generaron un creciente malestar de la comunidad educativa.

La actual gestión de la ciudad muestra que aquel modelo de los ‘90 no sólo no está vencido, sino que aspira a ganar espacios de poder y parece estar mutando hacia versiones más oscuras que las que conocimos. 

Encuentro Educativo BA procurará ser un espacio que discuta activamente con la idea de que el rol del Estado se limita a proveer financiamiento y recursos materiales. Y al mismo tiempo, esperamos ser capaces de generar propuestas que contribuyan a concretar el derecho humano y social a la educación. Para eso es necesario trabajar intensamente desde lo mejor que cada uno de nosotros tiene para aportar a ese proyecto.

Celebramos que esta convocatoria ya ha interpelado a muchos compañeros y colegas; nos disponemos a crecer y a poner nuestra experiencia al servicio de un proyecto político-educativo  popular para nuestra Ciudad de Buenos Aires.