Política educativa porteña
La disolución de las Juntas de Clasificación y Disciplina –que constituyen hasta cierto punto un órgano de cogobierno de la educación– se inscribe en una lógica privatizadora y tecnocrática.
La embestida del Poder Ejecutivo de la Ciudad contra las Juntas de Clasificación y Disciplina intenta legitimarse en la presunta ineficiencia de esos organismos, de los cuales el propio Estado forma parte. Y frente a deficiencias presuntas o reales de su funcionamiento, el macrismo propone la salida tecnocrática a través de una Oficina Única de Clasificación Docente.
El ministro de Educación Esteban Bullrich, a contramano de su discurso aparentemente conciliador y dialoguista, procedió a imponer esa propuesta y, frente a la reacción masiva de los trabajadores de la educación, responde con la amenaza de descontar los días de paro en una clara violación a los derechos constitucionales de expresión, de petición y de huelga.
El Foro por la Educación Pública de la Ciudad exige el cese de esta política de atropellos por parte de un gobierno cuyo sustento ideológico se expresa en concepciones mercantilistas y autoritarias. Un recorrido por las medidas de sus tres ministros de educación permite vislumbrar la orientación de esta política pública: la prohibición por parte de Narodowsky de que los docentes se expresen por medios de comunicación, la reducción presupuestaria, así como la subejecución de las partidas destinadas al gasto social, el incremento sostenido (este sí, plenamente ejecutado) de las transferencias de fondos públicos a las instituciones educativas privadas, el incumplimiento de los compromisos de obras en edificios muy deteriorados por la desidia oficial, la persecución judicial frente al conflicto, la elaboración de listas negras, la prohibición de circulación de materiales didácticos –como ocurrió con los del Bicentenario–, entre otros lamentables etcéteras que marcan una indisimulable tendencia que marcha a contramano de los vientos de cambio que soplan en Nuestra América.
La disolución de las Juntas de Clasificación y Disciplina –que constituyen hasta cierto punto un órgano de cogobierno de la educación– se inscribe en la misma lógica privatizadora y tecnocrática. Cuando se miran los resultados de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, a contrapelo de sus discursos, no se vislumbran grandes mejoras ni en la vida cotidiana de la población, ni en aquellas esferas que hacen a la garantía de derechos –salud, vivienda, educación, cultura–, ni en la resolución de problemas heredados del neoliberalismo como la inadmisible brecha de la desigualdad entre el norte y el sur.
Para nosotros, la eficiencia en la gestión supone más democracia, más participación, más igualdad, más justicia, ampliación de los derechos, eliminación de la desigualdad social como horizonte. Nada de esto puede verse con la política pública macrista.
¿Qué modelos educativos están en disputa? Se reedita en la Ciudad de Buenos Aires un fenómeno curioso del neoliberal-conservadurismo: la idea de que la derecha de aires noventistas es la portadora del cambio.
Bullrich encarnaría una propuesta modernizadora, que no sólo se expresa en la disolución de las Juntas, sino en la propuesta de “evaluación docente” y la concepción subyacente de “calidad educativa” como resultado de la medición de exámenes estandarizados que distribuyan premios y castigos, sobre la base de la competencia, la meritocracia, y, tan luego, la injusticia. Tenemos con Bullrich un punto en común: es preciso cambiar la educación.
Pero el cambio que proponemos es opuesto al que sugiere el ministro del empresario Mauricio Macri. No queremos formar meros repetidores sino personas con autonomía de pensamiento; no pensamos en formar trabajadores dóciles sino en productores que gobiernen la producción, que conozcan la historia de las luchas de los trabajadores, que tengan dominios sobre sus derechos y responsabilidades.
Claro que este proyecto pedagógico requiere cambiar la política educativa, requiere cambiar la escuela, requiere revisar el modelo de trabajo docente y sus modos de formación, tanto inicial como continua. Pero esa educación liberadora que imaginamos no propone esgrimir la sanción contra los maestros que no forman repetidores, sino asegurar dispositivos para que todos los docentes sean buenos educadores. Ligar la educación y la vida, promover la democratización del acceso, del saber y del poder constituyen las guías para una buena educación, tan distinta de la “calidad educativa” que impulsa Bullrich.
Es por esto que nos oponemos a la propuesta del Ejecutivo. Más aun, lejos de oponernos al cambio, lo impulsamos. Pero no cualquier cambio, porque el modelo ministerial es el que está fracasando estruendosamente en Chile. Instamos a los legisladores a cumplir su función de defender la educación pública.
El primer paso es rechazar esta propuesta cuya implementación va a redundar en un empeoramiento de las condiciones laborales docentes, sin garantizar la accesibilidad equitativa y transparente a los cargos. Pero este es apenas el punto de partida, pues está vacante un proyecto pedagógico capaz de formar hombres y mujeres libres para hacer de esta Ciudad un proyecto colectivo, digno de ser vivido. El Foro por la Educación Pública de la Ciudad se compromete con esta tarea, que es de todas y todos quienes defendemos una pedagogía emancipadora.
TIEMPO ARGENTINO
No hay comentarios:
Publicar un comentario