La escolarización en el primer ciclo de la educación secundaria alcanza a un 82,5 por ciento. Se corrobora así el notable avance que ha tenido el país al promover la continuidad de los estudios para quienes egresan del nivel primario.
En estos días, la Unesco ha difundido su Compendio Mundial 2011 en el que se destaca que la Argentina ocupa el primer lugar en cuanto a la demanda de educación secundaria entre los países de Latinoamérica y el Caribe. El informe también señala que nuestro país se ubica entre los primeros de la región en el nivel de escolarización alcanzado en la escuela media. Y ello aun cuando el dato de escolarización que se ofrece (80%) corresponde a los valores registrados para el año 2008, en base a proyecciones de población.
Datos más actuales, fundados en el censo de población 2010, revelan que la escolarización en el primer ciclo de la educación secundaria es aun mayor, alcanzando a un 82,5% de la población. Se corrobora así el notable avance que ha tenido el país al promover la continuidad de los estudios para quienes egresan del nivel primario, desde 2003 a la fecha y, particularmente, desde la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075), sancionada en diciembre de 2005.
Esta ley –que ha permitido que, a través del esfuerzo conjunto de la Nación y las provincias, el presupuesto asignado a la educación alcance hoy el 6,4% del PBI– lleva la impronta del cambio social, económico y político que el entonces presidente Néstor Kirchner nos propuso a todos los argentinos como un desafío de los tiempos, y que hoy se profundiza con las políticas llevadas adelante por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
Porque es justo decir que la Ley 26.075 no sólo plasmó la necesidad de incrementar la inversión educativa: también plasmó el espíritu de hacer de la educación un derecho universal, tal como se desprende de la lectura de las metas a las que asigna ese incremento.
Al mandato de avanzar en la universalización del nivel medio deben sumársele otras acciones que han permitido que nuestro sistema educativo sea más inclusivo y de mayor calidad.
Hoy prácticamente todos los niños y niñas de cinco años asisten al jardín de infantes. Asimismo, mientras que en el año 2003, la mitad de los niños y niñas de cuatro años no asistía al jardín, en la actualidad el 76% de los niños y niñas de esa edad están incorporados en la educación inicial.
En el nivel primario, la ley propone el desafío de mejorar la trayectoria educativa de los alumnos: en ese marco, la repitencia se ha reducido de un 6,6% (2005) al 4,7% actual y la tasa de promoción del nivel ha alcanzado el 94 por ciento. La consolidación de este camino redundará en que, en pocos años más, todos nuestros niños y niñas ingresen al secundario en mejores condiciones para completar su educación obligatoria.
Por otra parte, nuestros alumnos tienen la posibilidad de abordar, en y desde la escuela, temáticas ética y socialmente significativas, como la educación sexual integral y la educación en Derechos Humanos.
Las 3,5 millones de netbooks que se distribuirán hasta 2012 son una potentísima respuesta al objetivo de expandir el uso de las tecnologías de la información y la comunicación determinado por la ley.
Con relación al fortalecimiento de la educación técnico-profesional propuesto en la ley vale señalar que, de los magros 6,7 millones de pesos asignados para la modalidad en 2003, el presupuesto supera hoy los 800 millones. En ese mismo período, la matrícula se incrementó en un 12 por ciento.
La disminución del 2,6% al 1,9% de la tasa de analfabetismo puesta en evidencia por el último censo nacional de población y los más de 300 mil jóvenes y adultos que han completado su educación secundaria a través del Plan FinES son también una expresión incontrastable de una política que concibe a la educación como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado.
Ciertamente, las políticas implementadas favorecieron una mayor inclusión y una mayor igualdad de oportunidades para quienes están en la escuela y para quienes no lo estaban y de la mano de estrategias como la Asignación Universal por Hijo pudieron volver.
En síntesis, y en el marco de la institucionalidad creciente que vive el país, las normas en la Argentina han dejado de ser una mera expresión de deseo: las leyes están para ser cumplidas. En estos años, Nación y provincias han cumplido y están cumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo; que no ha caducado, como algunos señalan. Las leyes caducan sólo cuando sus objetivos están plenamente alcanzados.
En educación, como en otras áreas, sabemos que los logros obtenidos no deben impedirnos ver lo que falta. El año próximo todos los alumnos de la Argentina tendrán un calendario escolar de 190 días de clases y es una excelente noticia. A su vez, trabajaremos para que no sólo haya más días de clases sino para incrementar las horas que los chicos permanecen en la escuela. La jornada extendida en la educación primaria, para los sectores de menores recursos, es un desafío de los próximos años. Universalizar la oferta de jardín de infantes para los niños y niñas de cuatro años es también un reto que deben encarar el Estado nacional y los estados provinciales.
Entonces, no será un mal ejercicio, que tomemos debida nota de los reconocimientos que la política educativa argentina ha tenido en estos últimos tiempos. Pero por sobre todas las cosas, es imprescindible que, como lo señalara el ministro Sileoni, ante la 36ª Conferencia General de ese organismo de Naciones Unidas, tengamos presente que en la Argentina de hoy todo debate en lo educativo es válido si partimos de la premisa de que la educación es un derecho inalienable del pueblo.
TIEMPO ARGENTINO
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