La denuncia por la salida de los presos choca contra la esencia del sistema correccional: la readaptación social. Expertos señalan que el debate puede reabrir interesantes discusiones sobre los derechos que tienen quienes están privados de su libertad.
El affaire del Vatayón Militante podría convertirse, para quienes con malicia lo dispararon, en un tiro por la culata. “No está mal que se hable de esto, aunque el debate sea argumentalmente muy pobre, peor es que no se hable, quizás”, resume Alberto Volpi, apoderado de la Procuración Penitenciaria de la Nación y mano derecha de Francisco Mugnolo, titular de ese organismo, en diálogo con Miradas al Sur. Para Volpi, la controversia por la salida de internos, paradójicamente, podría redundar en el tratamiento “de la ley que regule el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Porque es una deuda argentina desde 2007: hay un proyecto que tiene media sanción por unanimidad de Diputados, se trató en el Senado a fines del año pasado y hubo unanimidad, pero no se aprobó por cuestiones de agenda parlamentaria”.
–¿No cree que puede promover la restricción de derechos de los detenidos en lugar de consolidarlos?
–No me parece que resulte un retroceso porque en ese punto los consensos de los operadores del sistema son muy fuertes, incluso dentro de la familia judicial y algunos fiscales de ejecución, que son el eslabón más conservador del sistema. También tiene aceptación en el Poder Ejecutivo, los defensores públicos, la Procuración Penitenciaria, la sociedad civil y un largo etcétera.
–¿Usted ve también en la sociedad civil ese consenso?
–Quise decir en las organizaciones de la sociedad civil. Por ahí me expresé mal. En la sociedad civil hay pocos consensos, justamente porque el debate es muy pobre. Sí puede haber sentimientos compartidos. Y uno de ellos es que la cárcel es un horror adentro. Eso es algo que la gente no duda.
–¿No cree que puede promover la restricción de derechos de los detenidos en lugar de consolidarlos?
–No me parece que resulte un retroceso porque en ese punto los consensos de los operadores del sistema son muy fuertes, incluso dentro de la familia judicial y algunos fiscales de ejecución, que son el eslabón más conservador del sistema. También tiene aceptación en el Poder Ejecutivo, los defensores públicos, la Procuración Penitenciaria, la sociedad civil y un largo etcétera.
–¿Usted ve también en la sociedad civil ese consenso?
–Quise decir en las organizaciones de la sociedad civil. Por ahí me expresé mal. En la sociedad civil hay pocos consensos, justamente porque el debate es muy pobre. Sí puede haber sentimientos compartidos. Y uno de ellos es que la cárcel es un horror adentro. Eso es algo que la gente no duda.
Telón de fondo. El domingo pasado, el diario Clarín publicó una investigación de “varias semanas” en la que denunciaba que Eduardo Vásquez –el baterista de Callejeros y homicida de Wanda Taddei, su pareja– y otros internos del Servicio Penitenciario Federal salían para participar de “actos políticos”. El periodista debió hacer un cuidadoso equilibrio y machacó en la simbología política del evento cultural, para no terminar por atacar frontalmente el precepto de la resocialización, consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 y en el ámbito doméstico por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que en su primer artículo consagra la reinserción –y no el castigo– como el espíritu de la aventura carcelaria. Cinco días de intenso bombardeo mediático, sin embargo, bastaron para que el instinto más conservador de una parte de la sociedad volviera a circular como discurso y como lugar común: que se pudran en la cárcel. Miradas al Sur recogió testimonios de funcionarios, personalidades académicas y ONG dedicadas hace tiempo al tema carcelario, para hablar sobre las condiciones ideales para la reinserción en la sociedad de un hombre o una mujer que ha cometido un delito.
“Todo programa o actividad que tienda a la reinserción o la resocialización, nosotros por principio estamos a favor. Que salgan a una actividad cultural, incluso si fuera netamente política –el límite es muy delgado–, nos parece que está bien y lo apoyamos”, dice Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura bonaerense, que vela desde hace una década por la dignidad de los presos y denuncia las aberraciones que suceden intramuros en las cárceles provinciales. “Lo que sí advertimos es que el derecho de salir tiene que ser el mismo para todos los internos bajo el Servicio Penitenciario. Hay gente que está con menos años, tiene buena conducta, pide salir y no lo llevan”, advierte Cipriano.
“La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad tiene antecedentes en la ley de España, y su espíritu dicta que se va de la más reja a la menos reja”, grafica Alfredo Ossorio, director de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Lanús. Para Ossorio, una de las claves de la resocialización es la transformación del Servicio Penitenciario. En el ciclo de complementación curricular de la materia, donde concurren agentes penitenciarios porque obtienen el título de técnicos además del de Licenciado, se los somete a un “cambio de paradigma”, según Ossorio: los instruyen sobre adicciones, funcionamiento del Estado, teoría y resolución de conflictos, derechos humanos y criminalística. “En la cabeza de los alumnos se hace una revolución. Pero si no se hace en los mandos superiores no sirve de mucho”, se lamenta. “La lucha por la resocialización de los presos es una medida preventiva que está muy ligada a la Seguridad Ciudadana. Ésta no termina en el momento de la detención. Porque si no ese hombre va a volver a la sociedad y va a hacer lo mismo que hizo antes. Y para eso hay que dar oportunidades”, concluye Ossorio.
El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) es un organismo muy respetado por su trabajo desde hace tiempo en el ámbito carcelario. “La cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad. Todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido”, dice el comunicado firmado por la criminóloga Claudia Cesaroni, aunque advierte que no todas las ONG tienen la facilidad de acceso del Vatayón Militante, y discrepa –como el resto de los entrevistados– en que el Servicio Penitenciario Federal sea una “institución modelo” en América latina.
Una defensora oficial del conurbano, que prefirió el anonimato, reflexionó sobre el tema: “El escándalo se monta por la acepción negativa que se le da al acto político. Politizar a un preso, aún si aquello hubiera sido un acto político, también es devolverle la autoestima. Ese tipo, cuando salga, quizá no se mande mucha de las cagadas. ¿No contribuye eso a la resocialización?”. La funcionaria fue una de las pioneras en las visitas sorpresa a las unidades carcelarias para auditar las condiciones de detención de los internos y agrega: “El lavado de cabeza en el que los sumergen los evangelistas a los pibes es terrible. Yo los he visto revolcarse en el piso, convulsionar. Pero muchas veces es eficaz para neutralizar la adicción al alcohol o a las drogas. ¿Por qué aquello sería mejor que esto?”.
“Todo programa o actividad que tienda a la reinserción o la resocialización, nosotros por principio estamos a favor. Que salgan a una actividad cultural, incluso si fuera netamente política –el límite es muy delgado–, nos parece que está bien y lo apoyamos”, dice Roberto Cipriano García, coordinador del Comité Contra la Tortura bonaerense, que vela desde hace una década por la dignidad de los presos y denuncia las aberraciones que suceden intramuros en las cárceles provinciales. “Lo que sí advertimos es que el derecho de salir tiene que ser el mismo para todos los internos bajo el Servicio Penitenciario. Hay gente que está con menos años, tiene buena conducta, pide salir y no lo llevan”, advierte Cipriano.
“La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad tiene antecedentes en la ley de España, y su espíritu dicta que se va de la más reja a la menos reja”, grafica Alfredo Ossorio, director de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Lanús. Para Ossorio, una de las claves de la resocialización es la transformación del Servicio Penitenciario. En el ciclo de complementación curricular de la materia, donde concurren agentes penitenciarios porque obtienen el título de técnicos además del de Licenciado, se los somete a un “cambio de paradigma”, según Ossorio: los instruyen sobre adicciones, funcionamiento del Estado, teoría y resolución de conflictos, derechos humanos y criminalística. “En la cabeza de los alumnos se hace una revolución. Pero si no se hace en los mandos superiores no sirve de mucho”, se lamenta. “La lucha por la resocialización de los presos es una medida preventiva que está muy ligada a la Seguridad Ciudadana. Ésta no termina en el momento de la detención. Porque si no ese hombre va a volver a la sociedad y va a hacer lo mismo que hizo antes. Y para eso hay que dar oportunidades”, concluye Ossorio.
El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) es un organismo muy respetado por su trabajo desde hace tiempo en el ámbito carcelario. “La cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad. Todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido”, dice el comunicado firmado por la criminóloga Claudia Cesaroni, aunque advierte que no todas las ONG tienen la facilidad de acceso del Vatayón Militante, y discrepa –como el resto de los entrevistados– en que el Servicio Penitenciario Federal sea una “institución modelo” en América latina.
Una defensora oficial del conurbano, que prefirió el anonimato, reflexionó sobre el tema: “El escándalo se monta por la acepción negativa que se le da al acto político. Politizar a un preso, aún si aquello hubiera sido un acto político, también es devolverle la autoestima. Ese tipo, cuando salga, quizá no se mande mucha de las cagadas. ¿No contribuye eso a la resocialización?”. La funcionaria fue una de las pioneras en las visitas sorpresa a las unidades carcelarias para auditar las condiciones de detención de los internos y agrega: “El lavado de cabeza en el que los sumergen los evangelistas a los pibes es terrible. Yo los he visto revolcarse en el piso, convulsionar. Pero muchas veces es eficaz para neutralizar la adicción al alcohol o a las drogas. ¿Por qué aquello sería mejor que esto?”.
MIRADAS AL SUR
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