En el Senado

El patrimonio tuvo su debut, muy concurrido, en el Salón Illia, mientras el gobierno porteño sigue con nombramientos absurdos y proyectos incompetentes.

Por Sergio Kiernan

Este martes el patrimonio llegó al Senado de la Nación como invitado especial. En una reunión presidida por Daniel Filmus, junto a la diputada nacional Mara Brawer, la porteña María José Lubertino, la ahora ex funcionaria Mónica Capano y el defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado, estuvieron en el bello Salón Illia las principales ONG patrimonialistas y una sorprendente cantidad de vecinos interesados. Desde los tiempos en que la Comisión de Patrimonio de la Legislatura era presidida por Teresa de Anchorena que el tema no era recibido tan amistosamente en un ámbito político oficial.

La reunión recorrió un amplio temario, desde los 24 derrumbes con doce muertos y 67 heridos que lleva el macrismo en el poder, hasta la invasión de torres que se siguen colando donde no haya alguien mirando. Filmus dio una cálida bienvenida al Senado y explicó que el tema patrimonio comparte mucho con “proyectos complejos” de ecología que el Congreso trató, como el de glaciares y bosques nativos, y está tratando, como el de reciclado de envases y de piezas electrónicas. Es un buen enfoque, ya que el entorno construido es una ecología humana y comparte emergencias y soluciones.

Lubertino señaló que el Ejecutivo porteño no envía ni los proyectos de catalogación que el CAAP tiene aprobados, con lo que los diputados de la ciudad tienen que hacerse cargo de iniciativas de vecinos sin tener capacidad material de hacerlo. Gómez Coronado agradeció sentirse acompañado e hizo notar la importancia de que el patrimonio de la Capital del país se trate en el Senado, que representa a todo el país. Esto no es apenas porque la ciudad de Buenos Aires es, en este sentido, propiedad de todos en Argentina, sino porque así se abre el juego a la preservación del patrimonio en todo el país. Siguiendo la idea de Filmus, el defensor adjunto explicó que quienes “nos acusan de detener el progreso” son los que dicen lo mismo cuando la gente les impide talar bosques o hacer minería a cielo abierto. Y no se privó de apuntar a la Comisión Nacional sobre el tema, aquejada de “una visión anticuada e impotente” y concentrada en actividades de academia.

Gabriel de Bella, de Floresta, dio un formidable ejemplo sobre cómo se burla la ley ante la blandura total del gobierno porteño, mientras Rodolfo Dillinger, de SOS Caballito, habló de los problemas de su barrio. Un joven entusiasta pidió la palabra para contar que venía de vivir en San Pablo, Brasil, donde había visto “el futuro de Buenos Aires”, una pesadilla de autos, autos y más autos. El ex juez porteño Gallardo, ahora en la Defensoría Jurídica de la ciudad, ofreció sus servicios legales a la causa y confesó “un cierto asquillo” por la negativa del macrismo de hacer política con estos temas. Y lanzó una consigna: Es hora de dejar de resistir porque llegó la hora de avanzar.

El arquitecto Fabio Grementieri, especialista en patrimonio, llamó a que el CAAP también tenga que controlar obras en edificios públicos, que nunca piden permiso para nada. Eso sí, primero hay que reformar ese Consejo. Y también llamó a que los colegios profesionales sancionen a quienes matan y rompen, quebrando la ley. Su colega Marcelo Magadán, especialista en restauraciones, cerró hablando de reducir al mínimo las demoliciones e imponer una agenda social en tema de vivienda. E hizo una denuncia grave: el futuro concesionario del Zoológico porteño presupuestó para “restauraciones” una cifra que no alcanza ni para pintar algunos de los edificios históricos del paseo.

Lo único que le faltó a la reunión fue crear una instancia común que institucionalice el diálogo y lo encauce a cosas concretas. Filmus reiteró la invitación a poner el tema patrimonial en los códigos, que ahora se reformarán. Lo cual puede hacer una enorme diferencia: Macri no puede tocarlos...

CON RIGOR

Para dar una idea de cómo se tratan estas cuestiones en otros rumbos, un ejemplo español. La Universidad de Sevilla acaba de comerse un sapo de varios millones de euros por no hacer las cosas bien, por llevarles la contra a los preservacionistas y por no considerar como patrimonio un jardín. Resulta que la universidad es dueña de un tradicional paseo de la ciudad, el Prado de San Sebastián, que todos consideran un parque, pero ellos veían como un terreno. Para cubrirse, la universidad contrató a una arquitecta-estrella, Zaha Hadid, tan de moda, buscando crear el “efecto Guggenheim” que tan bien funcionó en San Sebastián. Confiados, los rectores de la casa hasta aceptaron firmarle a la municipalidad local un documento eximiéndolos de toda responsabilidad si arrancaban las obras con su permiso, pero sin los trámites de patrimonio.

Pues salió mal, porque la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les bajó el pulgar al edificio y a sus varios niveles de estacionamientos subterráneos. La orden, de hecho, es demoler todo y hacer que “en tiempo y forma” los jardines luzcan como en 2008, antes de las primeras excavaciones. La universidad hasta trató de negociar demoler lo visible y dejar los estacionamientos, pero no hubo caso: la Justicia andaluza no premia las avivadas, ni siquiera la de una universidad pública. Los jueces avisaron que la obra subterránea es “tan ilegal” como la visible, y les ordenaron a los rectores que informaran en un mes corrido quién será el encargado de la demolición.

El caso es realmente ejemplar, por muchas razones. En 2006, la universidad había logrado influir en algo llamado Plan General de Ordenación Urbana para que le dejaran abierto un extremo del parque para construir edificios de uso académico. Mientras, le encargó a Hadid el diseño de una biblioteca con torre y estacionamientos. La municipalidad sevillana autorizó las obras, aunque los vecinos del parque se estaban organizando, pero lo hizo sólo porque la universidad firmó que la relevaba de toda responsabilidad. Es que en España, el que da el permiso de obra es también responsable de la demolición de algo ilegalmente erigido.

En 2009, los vecinos lograron que el tribunal supremo declarara nulo el capítulo del Plan que permitía construir en el Prado. Los vecinos exigieron entonces que se paralizaran las obras y se ordenara demoler, algo que el tribunal acaba de hacer (se ve que la Justicia española tampoco se apura mucho). Con lo que la universidad no sólo tiene que pagarle a Hadid su diseño, lo que no es poco, sino además dar por perdido lo gastado en la obra y prepararse para gastar en demoler y restaurar el parque sin poder dividir costos con el ayuntamiento. Ya se gastaron cuatro millones de euros, más 100.000 por año de vigilancia y mantenimiento, más la indemnización que puede exigir el contratista. La universidad avisó que no va a apelar la medida

CON LEDESMA

En cambio, por aquí, la cosa es bien blanda y amistosa para las constructoras y sus clientes, que jamás tendrán que enfrentar semejante rigoreo. Un ejemplo es la sonriente resolución firmada por Antonio Ledesma, director general de Interpretación Urbana y Registro –y jefe del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales– el 25 de noviembre del año pasado sobre la Villa Rocatagliatta. El proyecto a construir en esa esquina de la avenida Balbín es un adefesio inolvidable, una fealdad de gran tamaño que desvela a los vecinos de Co-ghlan. Lo que existe ahí hasta ahora es una quinta a la italiana de la época en que ese barrio era, si no de quintas, ciertamente jardín, con lotes amplios y baja densidad.

La Rocatagliatta tiene protección cautelar desde 2009, con lo que no puede ser simplemente demolida. Por eso, la casa de 376 metros cuadrados sobre un jardín de 3420 metros será “acompañada” ahora por dos formidables torres que tendrán un total de más de 43.000 metros cuadrados, con una de trece pisos y la otra de 27. En su resolución, Ledesma se alegra de que el “edificio singular” vaya a ser “preservado en el proyecto” y que los desarrollistas se propongan “recuperarlo, ponerlo en valor y devolverle los atributos que ameritan su catalogación”.

Es muy curioso que el funcionario a cargo del Consejo que asesora en patrimonio se alegre tanto. Es que por un lado basta ver el render de la obra para saltar de la silla, con la villa italianizante reducida a un cubito entre sus dos vecinotas tan rentables. A eso se agrega la floja, floja idea de “restaurar y poner en valor” que proponen los empresarios y Ledesma acepta alegre.

La sección relevante de la resolución arranca diciendo lo que siempre dicen los desarrollistas sobre todo lo que no sea a estrenar: que el edificio está “en mal estado”. Luego avisan lo que se proponen hacer:

n “Recuperación y puesta en valor de la caja muraria exterior, mediante la recuperación de los revoques y terminaciones superficiales, realizando en los casos que así lo ameriten, el tratamiento de humedades y deterioros devenidos por el paso del tiempo.”

n “Si bien se prevé la realización de modificaciones en la estructura interior, se intentará preservar los detalles estilísticos que le confieren identidad, en la búsqueda de una armoniosa relación entre la estructura original y el nuevo uso.”

n “Se evaluarán las carpinterías, cerramientos y solados, tanto exteriores como interiores, en pos de posibilitar la recuperación de los mismos. Teniendo en cuenta que de requerir la sustitución y/o reposición de estas piezas, se perseguirá la relación armónica del conjunto, manteniendo las relaciones y proporciones originales.”

n No se ampliará el edificio original, que recibirá “un proyecto de luminotecnia.”

Esto debe impresionar mucho a los funcionarios acostumbrados al arquitecturés, lengua pomposa. Pero en castellano quiere decir que los empresarios van a limpiar los revoques y cambiar lo que esté roto, se reservan la libertad de cambiar puertas, ventanas y partes de la galería, y no piensan aceptar límite alguno sobre qué hacer en los interiores. Por suerte, no piensan ampliarla –les alcanzan las dos torrezotas– y lo de la luz no es regalo, ya que la villa será un centro de eventos.

Semejante monigote sería para un gobierno serio en la defensa del patrimonio y el paisaje urbano una buena chance para negociar con rigor. Por ejemplo, que el interior de la villa no se pueble de lucecitas embutidas y que se abra a la comunidad de alguna manera. También llama la atención la total abulia sobre los parámetros profesionales con que se haría la supuesta “restauración” de los exteriores. ¿Qué materiales usarán? ¿Quién estará a cargo? ¿Quién supervisa que se haga lo correcto? La firma ni se molesta en dar estos detalles y el funcionario ni considera necesario pedirlos. De hecho, Ledesma afirma que “considérase factible desde el punto de vista urbanístico” este proyecto. El funcionario tiene su sentido del humor, porque define lo que va a pasar en Coghlan como un proyecto de “Puesta en Valor, Restauración, Refuncionalización y Ampliación”. Y está tan convencido que copia al final, donde “dispone”, los párrafos textuales enviados por la empresa.

Qué fácil es la vida.

ESPECIALISTAS

El macrismo en el poder es una mezcla de agudeza empresaria –hacia la construcción– e incompetencia básica en todo lo demás. Una de las razones de esto es la insistencia en nombrar personal completamente ajeno a las áreas que se tienen que administrar. En cinco años de gobierno, el PRO ya está creando hasta tradiciones al respecto. Por ejemplo, la de poner contadores a cargo de los parques de nuestra ciudad.

Esta semana se oficializó, por Boletín Oficial, el nombramiento de la contadora Florencia Fabiana Scavino como directora general de Espacios Verdes. Scavino reemplaza a Brian Lehman, que reemplazó a otro contador, Julio Waisman, en el mismo cargo. Waisman se ganó un lugar en la historia al ordenar que corten en cuatro partes el tótem canadiense de Retiro, que el ministro de Cultura Hernán Lombardi mandó talar y dejó tirado. Waisman le “ahorró” al gobierno unos cuantos pesos de alquiler de una grúa y un camión grandote, capaz de llevar la pieza entera al MOA, y por eso la cortó en pedazos. Total, las maderas canadienses se pudren igual en el barro de Palermo sean de una pieza o de varias.

El decreto de nombramiento de la contadora lleva la firma de otras tres personas que tampoco saben absolutamente nada del tema: Macri, su jefe de Gabinete y el ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.

Este último acaba de lanzar una licitación para extender por el Area de Protección Histórica 1 el aberrante error que ya cometieron en Recoleta. Quienes se acerquen por ese paseo verán, entre Vicente López y Quintana, y siguiendo por el frente del cementerio y la iglesia, una serie de calles empedradas. Sin tener ninguna visión aguda, notará lo desparejo y descajetado del empedrado, pésimamente mal hecho por un contratista que evidentemente no tiene mano de obra especializada o la estaba usando en otra obra. Pues Santilli ahora va a arruinar cuadras y cuadras de San Telmo y Barracas usando las mismas técnicas: la calle se cubre en cemento o asfalto, y luego se ponen las piedras. Esto no funciona, las piedras no se quedan quietas y terminan siendo colocadas muy separadas, con las juntas llenas de cemento, como se aprecia en Recoleta. ¿Nadie sabe ya hacer la base de tosca y arena? ¿Santilli tampoco tiene a alguien que lo asesore en estas cosas?

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